A partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República en 2018, una parte fundamental de su discurso, no sólo en sus conferencias mañaneras, sino también en todo sus actos públicos, fue dedicado a denostar a los gobiernos neoliberales encabezados por el PRI y el PAN, a quienes culpó y sigue culpando, de la situación deplorable en la que recibió el gobierno, tachándolos de representar lo que denominó la mafia del poder,acusándolos de todos los grandes problemas como el saqueo del erario, la corrupción gubernamental, el enriquecimiento de los funcionarios, la impunidad de la que gozaban, la violencia, la inseguridad, del crecimiento de los carteles del narcotráfico, de la militarización del país, de las desapariciones, los feminicidios, de las privatizaciones de los bienes del estado y en general de ser los culpables de la desigualdad y pobreza en la que se encontraban millones de mexicanos por la falta de empleos y el abandono de que había sido víctimas por la falta de programas sociales y políticas del Estado para ayudarlos a salir de su situación, que obligó a millones de mexicanos a migrar hacia los Estados Unidos.
Dicho discurso permeó en forma contundente en el ánimo de millones de ciudadanos, que realmente terminó convenciéndolos de que esa era la verdad de las cosas y que por ello el neoliberalismo era perjudicial ya que sólo buscaba hacer más ricos, a los poderosos a costa del empobrecimiento y explotación de millones de mexicanos.
La polarización impulsada desde el poder presidencial, dividiendo al país en dos bloques opositores: liberales vs. conservadores o en el lenguaje coloquial chairos vs. fifís encontró en el imaginario colectivo eco y terminó por dividir familias, amigos, grupos y en general a la sociedad mexicana.
Sin embargo, ante toda esta serie de confrontaciones de la vida pública y de los resultados del gobierno, los ciudadanos terminaron por perder de vista lo más importante, que era la solución real a los grandes problemas del país, de los que el presidente culpa a sus adversarios.
El discurso presidencial le alcanzó los años de su mandato, para mantener la polarización y así lograr, primero imponer a su candidata presidencial en un proceso interno de Morena inequitativo y con irregularidades y después lograr ya en la elección presidencial un triunfo contundente de los candidatos de su partido que hasta hoy, le permitiría no sólo mantener la presidencia, sino también la mayoría calificada en ambas cámaras de diputados y de senadores.
Es evidente, que aún y cuando AMLO logró mantener con leves altibajos su nivel de popularidad entre los ciudadanos afines a su movimiento y que los escándalos en los que se vio envuelta su administración, como el caso SEGALMEX, las denuncias de corrupción de sus hermanos recibiendo sobres de dinero, de sus hijos de hacer negocios con la construcción del Tren Maya y de que no logró abatir el alto número de homicidios en su sexenio; todo ello no fue motivo suficiente para que más de 30 millones de mexicanos, manifestarán en las urnas el pasado dos de junio su respaldo a lo que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum denomina como el segundo piso de la cuarta transformación.
La piedra angular en la que descansa dicho segundo piso es lograr la aprobación en ambas cámaras de las veinte iniciativas del presidente, anunciadas el pasado 5 de febrero y que de acuerdo a la opinión de expertos constitucionalistas van dirigidas a afianzar la hegemonía del partido mayoritario en el gobierno.
Las reformas constitucionales, de aprobarse, incidirán en forma contundente, en la división de poderes dando más poder a la figura presidencial que concentrará en forma absoluta el poder, eliminando los contrapesos y el equilibrio de poderes.
La elección de los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, mediante un proceso de votación directa de los ciudadanos, traería como consecuencia que dicho procedimiento los pondría forzosamente en manos de los partidos, por lo que la actuación de los funcionarios judiciales quedaría sujeta y subordinada a quienes los impulsaron y a quienes deben haber logrado su cargo.
Se eliminan los Consejos de la Judicatura para ser sustituidos por dos órganos, cuyos integrantes también deberán ser electos por votación directa, uno de ellos administrará y el otro será el Tribunal de Disciplina Judicial, que se hará cargo de juzgar el desempeño de los jueces. El objetivo final es contar con un mecanismo para controlar políticamente sus decisiones.
Como un elemento clave, para dar más poder a la figura presidencial se propone la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos, como la COFECE, IFETEL, INAI, CONEVAL y los dos órganos reguladores en materia energética: la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
La iniciativa de reforma constitucional no considera la importancia de las funciones de dichos órganos que realmente han sido contrapesos al actuar del Poder Ejecutivo para AMLO han sido más organismos incómodos que autónomos, ya que los ha acusado de ser onerosos, corruptos y de estar secuestrados por intereses privados.
Las reacciones por la aprobación de las reformas del Plan C de la 4T que seguramente se darán en septiembre con la nueva legislatura, no se han hecho esperar, propiciando un nerviosismo en los mercados e incertidumbre financiera de los países que tienen grandes inversiones en México; la caída del peso frente al dólar, la salida de grandes cantidades de dólares y los anuncios de que se irán de nuestro país empresas como Nissan y Mercedes con el cierre de su planta en Aguascalientes porque la 4T no ofrece garantías a sus inversiones, es un reflejo de la gravedad de la situación, que dejará sin empleo a miles de trabajadores y empresas conectadas a esta cadena de producción.
Por otro lado, declaraciones como las de Mike Pompeo, secretario de Estado en la administración de Donald Trump quien consideró que las reformas constitucionales promovidas por el presidente AMLO son violatorias del T-MEC y que dañarán las relaciones con Estados Unidos y provocarán un estancamiento económico en México.
Afirmó que: “la propuesta para que los jueces federales y locales de México, incluida la Suprema Corte, sean elegidos por voto popular” dijo, “terminará con las posibilidades de un juicio justo” afectará “el recurso judicial en México si un inversionista extranjero tiene una disputa con un actor o interés político poderoso”.
Aún bajo estas condiciones, Claudia Sheinbaum ha dado su respaldo y anunciado su compromiso de que se aprueben las reformas, siguiendo las instrucciones de AMLO, bajo el argumento de que eso fue lo que pidió el pueblo y quienes votaron por Morena en el pasado proceso electoral.
Por ello, es inevitable que se dé la aprobación de las 18 reformas constitucionales y de que sin importar el costo económico, social y político que represente para el país, la decisión ya fue tomada y nada parece los hará cambiar de opinión en los meses siguientes.