Para cortar de tajo las comunicaciones no autorizadas e impedir delitos ejecutados desde el interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, el Gobierno del Estado alistan un esquema de blindaje electrónico que combina inhibidores de alta potencia con una plataforma de gestión en tiempo real.
La adquisición de la infraestructura se realiza mediante la licitación pública GEP-SPFA-LPN-308-736/2026, financiada de forma conjunta con recursos del Estado y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
En ese sentido la adjudicación del contrato se definirá el próximo 26 de noviembre, con la meta de que el sistema completo quede instalado a más tardar el 31 de diciembre.
El proyecto contempla la implementación de ocho inhibidores de señal diseñados para infraestructuras de alta seguridad, pues entre las especificaciones técnicas destacan la neutralización de tecnologías y neutralizar señales iDEN, GSM, LTE, UMTS, W-CDMA, IMT, 3G, 4G, 4.5G/5G.
Asimismo, los dispositivos operarán de forma independiente e incluyen una ranura de expansión para integrar futuras frecuencias, además de puertos Ethernet RJ45 para gestión remota.
Los gabinetes de los inhibidores se ubicarán fuera del alcance de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) y contarán con estructuras herméticas y anti-vandálicas resistentes a humedad, plagas y variaciones eléctricas.
Para evitar manipulaciones no autorizadas, carecerán de mandos externos físicos para alterar potencias o frecuencias, y dispondrán de respaldo energético inmediato para operar mientras arranca la planta de emergencia del penal durante cortes de luz.
La estrategia suma un centro de monitoreo físico operado por la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, sin embargo, el control del sistema recaerá en una plataforma de gestión con licencia perpetua, la cual permitirá monitoreo en vivo el estado operativo de cada módulo.
El contrato obligará al proveedor a impartir una capacitación de cinco días con validez curricular al personal a cargo, además de garantizar cobertura de refacciones y mantenimiento directo en sitio por un periodo de tres a cinco años.
