El secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio reveló que un total de 315 funcionarios públicos han sido separados de sus cargos tras detectar su implicación en diversas inconsistencias e irregularidades dentro de la administración pública.
El titular de la dependencia precisó que los despidos y separaciones obedecen a distintas causales legales y operativas dentro del marco gubernamental, clasificándose principalmente en faltas administrativas, laborales y disciplinarias.
Alejandro Espidio explicó que, en el caso de las faltas catalogadas como graves, los expedientes han sido canalizados ante el Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución judicial.
Por su parte, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno asume la resolución de las faltas no graves al tiempo que recordó a la ciudadanía que la Secretaría mantiene activo el Padrón Público de Servidores Públicos Sancionados.
Explicó que en esta plataforma de libre acceso se publican todas las resoluciones firmes emitidas tanto por el Tribunal de Justicia Administrativa como por los Órganos Internos de Control y las contralorías municipales.
“Estas 315 personas, obviamente han sido por distintas faltas graves, algunas que obviamente han sido canalizadas al Tribunal de Justicia Administrativa, las otras no graves que obviamente son las que resuelve la propia Secretaría Anticorrupción”, mencionó.
En rueda de prensa Alejandro Espidio detalló las vertientes por las que se han determinado estas bajas, siendo una de ellas las faltas administrativas dónde los servidores públicos están obligados a apegarse estrictamente a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Asimismo informó que el proceso sancionador de las 315 personas implicadas también proviene por conflictos laborales, principalmente manifestados en dependencias como la Secretaría de Educación, donde el incumplimiento de las relaciones contractuales y laborales deriva en la remoción del puesto.
En tanto que las faltas disciplinarias son aplicadas de manera específica al personal de las fuerzas de seguridad pública, quienes están sujetos a un régimen de conducta estricto para la prestación de sus funciones.
