El gobernador Alejandro Armenta, afirmó que en su administración no existe persecución política ni omisión institucional, luego de la inhabilitación emitida contra el exalcalde capitalino panista, Eduardo Rivera Pérez.
Asimismo, el morenista anunció que sostendrá una reunión de trabajo con el exedil de Puebla en los próximos días, pues descartó el uso de instituciones para perseguir actores políticos de cara al proceso electoral del 2027.
Alejandro Armenta informó que ya ha entablado comunicación directa con el expresidente municipal de Puebla para concretar su encuentro y reiteró su apertura al diálogo institucional con todas las fuerzas políticas del estado.
Cuestionado sobre la sanción administrativa que pesa sobre el militante de Acción Nacional, el mandatario estatal aclaró que el caso se encuentra estrictamente en el ámbito del Poder Legislativo y de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Sin embargo, enfatizó que vigilará de cerca el actuar de los órganos correspondientes para garantizar que no sean instrumentalizados con fines políticos, estableciendo una política de cero tolerancia tanto a la impunidad como a la fabricación de casos.
En ese sentido, marcó distancia del fallo que determina una inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos y una multa económica de 15 millones de pesos contra Eduardo Rivera.
«Es un tema de la Auditoría Superior del Estado, es un tema del Poder Legislativo. Pero yo siempre estaré muy pendiente de que no se ocupe ningún órgano ni para perseguir, ni para ser omisos. Ni omisión ni persecución», mencionó.
En la misma línea, el coordinador de Gabinete José Luis García sostuvo que no existe ninguna clase de persecución política en contra de Eduardo Rivera, aclarando que los procedimientos derivan de los procesos de revisión y rendición de cuentas ante la ASE.
Al respecto, el funcionario estatal recordó que desde el año 2025 el gobernador Alejandro Armenta exhortó públicamente a los exalcaldes a solventar sus pendientes, pues se otorgaron prórrogas y plazos adicionales para que los exfuncionarios presentaran su documentación y evitar así especulaciones sobre un uso faccioso de las instituciones.
