La periodista y activista Lydia Cacho Ribeiro encaró de manera directa al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, durante la audiencia de vista en la que se definirá la causa penal que se le sigue al exmandatario por el delito de tortura, dónde con este desahogo de pruebas y alegatos finales, se abrió un plazo de 60 días naturales para que la jueza del caso emita la sentencia definitiva.
El desahogo de la diligencia comenzó a las 13:00 horas desde el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano y estuvo a cargo de la jueza María José Pech Sáenz, dónde durante la sesión, ambas partes expusieron sus argumentos finales y últimas pruebas antes de que se dicte la resolución definitiva.
En su intervención, Lydia Cacho sostuvo una postura firme y contundente al exigir la pena máxima contra el exgobernador y demandó una disculpa pública dirigida a ella y al pueblo de Puebla por los abusos de poder e impunidad cometidos durante la gestión de Marín Torres.
Asimismo, acusó formalmente al exmandatario de haber utilizado la estructura del Estado para proteger a redes criminales y a personajes vinculados a la pederastia, como Jean Succar Kuri, además de haber orquestado su detención arbitraria y posterior tortura en 2005.
Recordó también que el propio Mario Marín acudió en su momento voluntariamente a un noticiero de cobertura nacional para referirse a las polémicas grabaciones telefónicas que lo vincularon con el empresario Kamel Nacif.
En su defensa, el exgobernador Mario Marín sostuvo que no existen pruebas sólidas ni firmes que demuestren que él haya ordenado la aprehensión o tortura de la periodista.
El expriísta alegó que en las célebres conversaciones telefónicas filtradas con Kamel Nacif jamás se mencionó el nombre de Lydia Cacho, argumentando su inocencia frente a las imputaciones presentadas por la Fiscalía y la parte acusadora.
Con la conclusión de esta audiencia de vista, la jueza dispondrá de un plazo de hasta 60 días naturales para dictar la sentencia final del caso, un proceso que marcó un antes y un después en la historia política de Puebla y en la lucha por la libertad de expresión en México.
Sin embargo, antes de que se emita el fallo definitivo, las autoridades judiciales deberán resolver un juicio de amparo promovido por la defensa del exgobernador, en el cual solicitan su regreso a prisión domiciliaria alegando motivos de salud.
