La diputada María Fernanda de la Barreda Angon presentó una iniciativa para regular la operación de acomodadores de vehículos en el Estado de Puebla.
Lo anterior con el objetivo de brindar mayor certeza, seguridad y protección a las y los usuarios del servicio de valet parking.
La propuesta plantea reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, con el propósito de fijar reglas claras sobre el manejo, resguardo y devolución de los automóviles, así como delimitar con precisión las obligaciones de las empresas y personal que prestan este servicio.
Al respecto, la legisladora explicó que la iniciativa responde a una problemática cotidiana: al entregar las llaves a un acomodador, la persona usuaria delega la responsabilidad de su patrimonio a un tercero sin que actualmente existan bases legales mínimas a nivel estatal que garanticen conocer con claridad quién recibe el auto, dónde se resguarda, qué seguro lo respalda o cómo proceder ante un posible daño, robo o pérdida.
Por ello, la propuesta contempla que el servicio sea libre y estrictamente opcional, de modo que ningún establecimiento comercial, restaurante o centro de entretenimiento pueda condicionar el acceso, permanencia o consumo a la contratación obligatoria del valet parking.
Entre las garantías principales que contempla la iniciativa para los consumidores destacan:
—Conocer previamente las tarifas y condiciones generales del servicio.
—Recibir un boleto o comprobante oficial (físico o electrónico).
—Identificar al prestador del servicio y su registro municipal correspondiente.
— Saber la ubicación exacta del lugar autorizado para el resguardo del vehículo.
—Contar con información transparente sobre la póliza de seguro vigente.
—Exigir que el vehículo sea conducido únicamente por personal registrado, identificado y con licencia de conducir vigente.
—Disponer de mecanismos accesibles para presentar quejas, reclamos o denuncias.
La iniciativa prohíbe que el servicio genere dobles filas o bloquee banquetas, cruces peatonales, ciclovías, rampas e infraestructura para personas con discapacidad, paradas de transporte público o accesos de emergencia.
Asimismo, prohíbe expresamente estacionar o resguardar los vehículos en la vía pública.
De igual forma, la iniciativa fortalece la autonomía y atribuciones de los Ayuntamientos para autorizar, supervisar y padronar las áreas de recepción y entrega, realizar inspecciones periódicas y, en caso de incumplimiento, aplicar sanciones que van desde multas hasta la suspensión o revocación de autorizaciones.
Finalmente, la diputada María de la Barreda enfatizó que la propuesta no busca prohibir ni entorpecer el trabajo del valet parking, sino establecer un piso parejo de seguridad, transparencia y responsabilidad para los usuarios, respetando el ámbito operativo de los municipios.
«Cuando una persona entrega las llaves de su vehículo, debe tener la certeza absoluta de quién lo recibe, dónde será resguardado y qué respaldos existen si ocurre algún incidente», concluyó la legisladora.
