El gobernador Alejandro Armenta advirtió que la aprehensión de Antonio Valente Martínez Fuentes, alias “El Toñín”, no se resolverá con “un chasquido de dedos” al revelar que el presunto capo del robo de combustible en la entidad continúa prófugo gracias a una red de protección tejida entre exgobernantes.
Lo anterior se da luego de que “El Toñín”, riginario de la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, en Quecholac, ha sido señalado por autoridades federales como uno de los principales operadores del robo de combustible, aunque públicamente se ha presentado como agricultor y benefactor.
Al respecto, el titular del Ejecutivo estatal salió al paso de los cuestionamientos sobre la inacción policial, argumentando que cualquier incursión de las fuerzas del orden debe planearse con prudencia táctica para no detonar episodios sangrientos como los ocurridos en administraciones pasadas.
“¡Caray! A mí me gustaría tronar los dedos y ya. Se ve que no saben de todas las complicidades entre gobernantes y empresarios; son socios y cómplices”, mencionó.
Alejandro Armenta enfatizó que la cautela de su gobierno busca evitar enfrentamientos recordando que en operativos previos la estructura delictiva ligada al «Triángulo Rojo» ha respondido con fuego.
Entre los antecedentes trágicos citados por el gobernador destacan los asesinatos de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional y agentes ministeriales en enfrentamientos pasados.
Asimismo, el gobernador recordó el antecedente en Tecamachalco cuando una emboscada e intercambio de disparos que cobró la vida de tres agentes del Ministerio Público durante un trienio municipal previo.
Para el mandatario, la detención de objetivos prioritarios exige primero limpiar los organismos por lo que sostuvo que su administración inició un proceso de depuración en instituciones que durante años mantuvieron nexos o complicidades indirectas con la delincuencia organizada.
En este proceso de saneamiento, Alejandro Armenta resaltó el trabajo de reestructuración encabezado por Belinda Aguilar, al frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y Francisco Sánchez González al mando de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
