El gobernador Alejandro Armenta Mier advirtió que los partidos que abran la puerta a perfiles con nexos delictivos deberán encarar de manera directa a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Durante su habitual rueda de prensa, el titular del Ejecutivo estatal dejó claro que la postulación de personas vinculadas al crimen bajo pretextos legales representa una amenaza para la gobernabilidad del estado.
Alejandro Armenta subrayó que la advertencia aplica por igual para todas las siglas, desde los partidos oficialistas Morena, PT y PVEM hasta la oposición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano de cara al 2027.
Al abordar cómo ciertos personajes dedicados a actividades ilícitas logran construir presencia en las comunidades para aspirar a cargos públicos, Alejandro Armenta desmitificó la supuesta «popularidad» con la que algunos partidos pretenden respaldar sus candidaturas.
Explicó que la aceptación social de estos personajes no es fruto del trabajo comunitario, sino del reparto del botín obtenido en atracos y despojos cometidos en las carreteras de la región, una práctica que operó durante años bajo el amparo de administraciones anteriores.
Alejandro Armenta detalló que este esquema de complicidad histórica y reparto de dádivas operaba abiertamente en municipios como Esperanza, Tehuacán y diversas regiones del estado donde su administración ya ha comenzado a intervenir para erradicar las redes de impunidad.
“Dicen: ‘es que está muy bien posicionado’. ¡Pues cómo no va a estar posicionado! Si los camiones que se robaban en la autopista los llevaban con sus cómplices a la comunidad, los desmantelaban y les repartían”, mencionó.
El posicionamiento del mandatario ocurre tras el golpe contra Juan N., alias “El Moco”, señalado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y trasvasado al penal de máxima seguridad del Altiplano tras su aprehensión en Zacatlán.
Derivado de este aseguramiento, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, detalló la estructura que sostenía la impunidad del presunto delincuente.
En ese sentido explicó que esta red de protección incluía servidores públicos de distintos niveles e instituciones, funcionarios municipales y estatales así como aspirantes a cargos de elección popular beneficiados con retribuciones económicas.
Al respecto, Francisco Sánchez aseguró que con los medios de prueba recabados tras su detención, se prevén la emisión de nuevas órdenes de aprehensión contra los involucrados en esta nómina clandestina.
