Ante los recientes señalamientos sobre presuntas amenazas e intimidaciones al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció la reubicación de internos considerados de alta peligrosidad en los próximos días, al tiempo que subrayó la coordinación permanente con las fuerzas federales para mantener el control de los centros penitenciarios.
Cuestionado sobre las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la situación en la penitenciaría poblana, el mandatario estatal puntualizó que, si bien la administración del penal es responsabilidad directa de su gobierno, existe un trabajo conjunto con la Federación para atender cualquier foco de tensión.
«Claro que agradecemos y claro que necesitamos el apoyo, claro que contamos con el apoyo y claro que trabajamos en equipo; claro, bajo la responsabilidad que tiene en este momento el gobierno de ese penal», enfatizó Armenta.
Alejandro Armenta detalló que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional mantienen recorridos y visitas periódicas de supervisión en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.
Respecto a la posible existencia de una pugna interna protagonizada por perfiles criminológicos de máxima peligrosidad, el gobernador confirmó que el tema ya se encuentra bajo atención de las autoridades y adelantó medidas de contención inmediatas.
Asimismo, el mandatario estatal confirmó que el director del penal de San Miguel se encuentra bajo investigación tras los señalamientos por supuestas irregularidades y cobros ilegales.
Precisó que la indagatoria se conduce con estricto apego al debido proceso, el marco normativo y la presunción de inocencia, garantizando también los derechos laborales del funcionario mientras se determina si cumple con sus obligaciones.
La situación en el reclusorio escaló luego de que familiares de personas privadas de la libertad se manifestaran para denunciar presuntas extorsiones y abusos dentro del penal, protesta en la que el propio gobernador advirtió previamente la posible participación de personas a quienes se les pagó para movilizarse.
Para encauzar las inconformidades, Alejandro Armenta informó que ya opera una mesa de trabajo institucional para escuchar y atender a los familiares dentro del marco legal.
Recordó que desde el arranque de su gestión se han ejecutado diversos ajustes en la estructura de San Miguel y reiteró que no se descartan nuevos cambios para sanear el sistema penitenciario y sancionar cualquier acto de corrupción cometido por servidores públicos.
