La exalcaldesa de Cuautlancingo, María Guadalupe Daniel Hernández, calificó como una «persecución política» la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa que contempla una inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos y una sanción económica por 7.6 millones de pesos.
La exfuncionaria sostuvo que las irregularidades y faltas graves señaladas en el procedimiento derivan del incumplimiento de la administración municipal actual del alcalde Omar Muñoz.
Acompañada por su representación legal, Daniel Hernández explicó que el caso responde a la compra de dos predios cuyo pago y proceso de escrituración continúan pendientes por omisión de la gestión vigente.
Al respecto, el abogado Raúl Andrade Osorio desestimó la sanción al señalar que las omisiones administrativas en la conclusión de los trámites y el pago del adeudo recaen en el gobierno en funciones y no en la exalcaldesa.
Con el fin de desmentir que se encuentre impedida para ejercer funciones públicas, la expresidenta municipal exhibió una constancia de no inhabilitación emitida por el Gobierno del Estado tras agotar el trámite correspondiente, remarcando que la sentencia del Tribunal aún no está en firme y forma parte de un procedimiento en curso.
«Nos quieren sacar del camino», denunció Daniel Hernández, asegurando que se mantendrá en la contienda interna por la candidatura de Morena rumbo a los comicios de 2027.
