La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó ayer la constitucionalidad del acuerdo presidencial de 2020, el cual permite el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de Seguridad Pública hasta marzo de 2024.
Por ocho votos contra tres, los ministros validaron que el Estado mexicano puede utilizar al Ejército y la Marina para combatir el crimen y apoyar a las corporaciones civiles en acciones policiales, de manera extraordinaria y fiscalizable.
La sentencia fue elaborada por la ministra Margarita Ríos-Farjat, en la que se desechó la controversia constitucional ingresada por la Cámara de Diputados por una supuesta militarización del país.
Durante el debate, la ministra Ríos-Farjat pidió a sus homólogos no politizar el tema y tomar en cuenta que el Constituyente permanente ha aprobado leyes para que las Fuerzas Armadas apoyen a las corporaciones civiles.