La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de discriminación laboral por embarazo.
El objetivo de la enmienda, propuesta por la legisladora de Morena, Julieta Vences Valencia establece que constituye violencia laboral la discriminación, distinción, exclusión o restricción en contra de una mujer solicitante de empleo o empleada, en razón de su maternidad, embarazo o lactancia.
Asimismo, el proyecto legislativo mandata que los tres órdenes de gobierno deberán proporcionar, de manera especializada y gratuita, atención legal y de salud integral, incluyendo servicios de salud mental, a quien sea víctima de discriminación, hostigamiento o acoso sexual.
También, incluye que para la emisión de las órdenes de protección las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional competente tomará en consideración las necesidades que se deriven de su situación particular como es el caso de su embarazo o maternidad.
Julieta Vences refirió que de acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), de enero de 2011 a marzo de 2022, se recibieron un total de 723 quejas y reclamaciones calificadas como presuntos actos de discriminación relacionados con el despido por embarazo, de las cuáles el 90% corresponden a empleadores particulares.
Señaló que las entidades federativas donde se ha registrado el mayor número de casos por esta clase de discriminación son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato.
De la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), apuntó, se desprende que el 1.7% de las mujeres encuestadas ha sufrido discriminación laboral, de las que al 4% les han pedido prueba de embarazo como requisito para trabajar o para continuar con su trabajo; en tanto que el 0.6%, por el hecho haber se embarazado fueron despedidas, no les renovaron el contrato o les bajaron el salario.
La congresista por el estado de Puebla exigió que es necesario “garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y en igualdad, de manera que se cuente con órdenes de protección adecuadas en caso de discriminación, así como con medidas y políticas para asegurar que sean contratadas, conserven su empleo y puedan aspirar a un ascenso laboral, sin que se les dificulte por su deseo de ser madres y sin que les implique un significativo esfuerzo en relación con los hombres”.