Para muchos, es y ha sido que desde siempre una práctica de los gobiernos en turno, tanto a nivel federal como en los estados, se ha utilizado a las antes denominadas procuradurías generales de justicia ahora fiscalías, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a las fiscalías y jueces y magistrados de los tribunales superiores de justicia estatales para perseguir y encarcelar a sus enemigos políticos y adversarios en cuestiones personales o patrimoniales, utilizando a las instituciones y recursos públicos para venganzas políticas, sin importar si realmente son o no culpables para pisar una cárcel, ya que muchas de las veces, es la única forma de someterlos y eliminarlos de ser opositores al gobierno en turno.
De la práctica mencionada, hay miles de historias, tanto en el ámbito federal, como en las entidades federativas, porque quienes llegan al poder, no resisten la tentación de utilizarlo en la forma en que más les convenga, sin importar si a quienes se encarcela, realmente cometieron un delito o bien si para su desgracia cometieron un error que los colocó como enemigos del gobernante en turno.
Señalo lo anterior, debido a la guerra que se vive entre el presidente López Obrador y el Poder Judicial de la Federación, en especial contra la gestión de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ministra Norma Piña, quién un día sí y al siguiente también, ha sido blanco de los ataques y descalificaciones lanzadas por el Presidente desde su conferencia mañanera, en la sección denominada “Cero impunidad”, desde la que todas las semanas se exhiben a los jueces, magistrados y hasta Ministros de la Suprema Corte de Justicia, acusándolos de liberar delincuentes y de ser corruptos en su función de impartir justicia.
Así el 22 de agosto le tocó de nueva cuenta el turno a tres Jueces y dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, a quienes se les acusó de liberar delincuentes, como el juez de control Salvador Hernández Martínez que en mayo de este año liberó a Miguel Ángel Maceda, presidente Municipal de Piaxtla, detenido por los delitos de encubrimiento y homicidio culposo y también se le acusó de que en cumplimiento a un amparo federal liberó a un cura acusado de violación y que resultó ser hermano de la diputada por el Distrito 14 de Acatlán, Nelly Maceda. Posteriormente el 25 de julio el Presidente señaló al juez Javier Martínez Castillo quién favoreció a una banda de secuestradores al cambiarles las medidas cautelares, permitiéndoles libertad de jurisdicción.
El 31 de julio el Presidente acusó al juez Aarón Hernández Chino y a los magistrados poblanos Roberto Antonio Martínez Muñoz y Javier Martínez. El juez fue criticado por cumplir un amparo a favor de un cura acusado de abusar de un menor y los magistrados por alterar medidas cautelares en casos de secuestro.
Finalmente, el pasado 22 de agosto, tocó turno al juez Jorge Eduardo Ramírez Téllez por sus resoluciones en seis casos a favor de los presuntos delincuentes y en contra de la impartición de justicia, de acuerdo a la opinión presidencial.
La posición del Presidente motivó un llamado del Gobernador del Estado Sergio Salomón Céspedes Peregrina al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura a fin de que existe la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos judiciales y la conducta ética de los jueces, por lo que hizo un llamado para que el tribunal revise el desempeño de los jueces en la aplicación de la justicia en el Estado.
Ante el panorama anterior, es necesario analizar, hasta donde los jueces no sólo de Puebla, sino del resto del país, ante las presiones políticas y descalificaciones del Presidente o en algunos casos de los mandatarios estatales, trabajan bajo presión y enfrentan la disyuntiva de aplicar la ley impartiendo justicia o bien, se ven obligados a resolver los asuntos bajo su conocimiento cuidando su imagen y prestigio ante el gobernante en turno, aunque ello implique faltar a su juramentode cumplir y hacer cumplir la ley, en el desempeño de su función, aunque ello traiga como consecuencia privar de su libertad a un inocente y, que sea la justicia federal la que resuelva en definitiva la situación del presunto delincuente sujeto al proceso judicial.
Por otro lado, debemos reflexionar, lo que sucede con los llamados “jueces de consigna” que son aquellos capaces de torcer el sentido de la ley o de dictar sus resoluciones al capricho de los gobernantes, con lo que obtienen grandes beneficios en sus carreras judiciales y les asegura además escalar en su posición, aunque ello signifique corromperse con tal de satisfacer los deseos del gobernante, aplicando una justicia “a modo” y también ahí los casos se repiten a nivel federal y en los Estados ante los ojos de todos los ciudadanos y de la opinión pública, exacerbada por los medios de comunicación al servicio del poder.
Generalmente, han sido más cuestionados y sujetos al escrutinio público y descalificación, los jueces que actúan bajo los principios del estado de derecho, que los jueces de consigna que son serviles y subordinados al gobierno y que son utilizados por quienes ejercen el poder, para sus venganzas personales o la eliminación de sus enemigos políticos; situación que para mucha gente sería natural y hasta en algunos casos aplaudida, como parte de los procesos de cambio de gobierno.
Aquí cabría preguntar a un juez en funciones: ¿en qué lado se ubica? ¿Del de los jueces que aplican la ley y defienden el estado de derecho, aunque ello motive críticas y descalificaciones a su desempeño? ¿o de los jueces de consigna serviles al poder en turno que saben cómo compensar sus servicios?
Hoy más que nunca los mexicanos estamos urgidos de que se respete la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial, pues esta es la única forma en que podremos contar con un auténtico estado de derecho y una justicia pronta e imparcial.