Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), heredó una coladera de irregularidades y desvíos de recursos públicos por más de 450 millones de pesos, solo en alimentación, higiene y traslados de migrantes, así como en vigilancia y mantenimiento de estaciones y estancias migratorias.
En el país existen 35 estaciones en 26 estados para cuatro mil 300 migrantes de forma simultánea, además de 348 estancias provisionales. Año con año, la Auditoría Superior de la Federación (AFS) ha reportado las irregularidades que cometidas con el dinero destinado a indocumentados sin que se corrijan con la llegada de un nuevo titular.
Garduño, quien heredó una estela de corrupción, tampoco le salen las cuentas. Solo en 2020, la ASF encontró pagos injustificados por 143.3 millones de pesos en su auditoría a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones que practicó al instituto, y al menos 2.3 millones de pesos por pagos indebidos en el servicio de alimentos para los migrantes.
El INM otorgó por adjudicación directa a Tecnología en Sistemas de Apoyo un contrato por 53 millones de pesos (CS/INM/135/2019) para el “Servicio administrado de seguridad informática y monitoreo de red (SNOC)”, a fin de proteger su información; el supuesto escudo no detuvo el ataque de abril de 2020 que afectó equipos, usuarios y la disponibilidad de sus datos, razón por la que la ASF emitió un pliego de observación —como se le llama a los probables desfalcos al erario— por ese monto.
Según el contrato CS/INM/136/2019 destinado al “Arrendamiento de equipo informático de escritorio”, la empresa Comercializadora Antsua cobró 107.7 millones de pesos por un mes, del 29 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, ampliando al 31 de marzo de 2020. El proveedor otorgó los equipos por 65 millones de pesos, sin prestar más servicios. La ASF clasificó 42.7 millones de pesos (restantes) como probable desfalco, ya que los requisitos del contrato por 30 días “justificaban una adquisición y no un arrendamiento”.
Otro pago injustificado se dio en el contrato CS/INM/083/2020 para el “Servicio administrado para la expedición de tarjetas de identificación de condición migratoria”. La empresa Nemecisco recibió por adjudicación directa el contrato CS/INM/083/2020 por 81.1 millones de pesos cuando en realidad los insumos ascendían a 8.5 millones de pesos, sin tener costos adicionales. La ASF determinó que hubo un beneficio económico no justificado por 72.6 millones de pesos: 23.1 millones de pesos en 2020 y 49.4 millones de la Cuenta Pública 2021.
La Auditoría Superior señaló que no se analizó la conveniencia de esa adquisición y solo se consideró “el servicio”. Además, Nemecisco distribuyó parte de los recursos recibidos a empresas ubicadas en Estados Unidos, Suiza, Panamá e Israel.
Según el Registro Público del Comercio, Comercializadora Antsua fue constituida en Tlalnepantla, Edomex, en 2017, y pertenece a Omar Guadalupe Ramírez Carrillo y Armando Tapia García, mientras que Nemecisco fue creada en marzo de 2018, en CdMx, y sus socios son Mayra Fernández Martínez y Marcela García López. Ambas tenían al mismo apoderado legal: Marco Antonio Suárez Cedillo.
Además, en 2019, la Auditoría emitió un pliego de observación por alimentos. Escore Alimentos ganó un contrato por 119 millones de pesos para proveer de comida en estaciones del centro, sur y suroeste del país, el más alto en la historia del INM por ese concepto, sin embargo, el análisis de las comandas reveló que otras empresas se hicieron cargo del servicio en Sonora, Yucatán, Puebla, Chihuahua y Michoacán, por un monto de 2.3 millones de pesos. Migración otorgó dos contratos más a la misma compañía por el mismo servicio y por adjudicación directa.
Escore México o Escore Alimentos –como viene en el contrato– fue inhabilitada por la Secretaría de Función Pública dos años y medio y multada con un millón 540 mil pesos en diciembre de 2019, aunque siguió participando con otros nombres.
La alimentación para migrantes es rubro en el que más recursos se “pierden”: 184.6 millones de pesos, seguido por el traslado de migrantes con 129.8 millones de pesos, el mantenimiento a inmuebles, 95.2 millones de pesos, y los servicios de vigilancia, 47.6 millones de pesos, de acuerdo con las auditorías disponibles de 2015, 2017 y 2018.
Con información de milenio.com