Las declaraciones del presidente López Obrador de las últimas semanas, en relación con las descalificaciones que ha hecho en contra del INAI, afirmando que es un organismo que cuesta mucho dinero a los mexicanos y que no sirve para nada, no sólo demuestran su desprecio a este organismo autónomo, al que le faltaba pasar lista, entre los que han sido centro de los ataques del Presidente desde su conferencia mañanera como el INE que han resultado incómodos para el ejercicio del poder presidencial.
Demuestran también su menosprecio al derecho de acceso a la información pública que tenemos todos los ciudadanos de este país, consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que fue resultado de las demandas de diferentes grupos de la sociedad civil y organizaciones de periodistas y comunicadores para tener acceso a la información pública, que se ocultaba a la sociedad, durante los gobiernos del período neoliberal; es decir, las declaraciones del Presidente y el ordenar al Senado a través del bloque de Morena y sus aliados de frenar la designación de los Comisionados que le faltan al INAI para la integración completa de su pleno, lo que le impide por falta de quórum, resolver las controversias de la ciudadanía y emitir sus resoluciones, representa un atentado al derecho a la información que de acuerdo a nuestra Constitución, que debe estar garantizado por el Estado.
Pese a la gravedad de lo que estamos viviendo, tal pareciera que el tema no preocupa ni ocupa a millones de mexicanos que minimizan un debate como este, ya sea porque no conocen a fondo la importancia del INAI para la vida democrática del país y su aporte para lograr la transparencia en el manejo de los recursos públicos, así como para la rendición de cuentas de los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, sino que además contribuye a combatir la corrupción y malversación del dinero público.
Así las cosas, a menos de dos años que concluya el periodo presidencial, se ve muy difícil que López Obrador pueda sacar adelante una reforma constitucional que desaparezca o modifique la forma y estructura del organismo garante del acceso a la información pública de las actividades de las autoridades, por ello la forma más fácil de desactivar al INAI lo es paralizando su funcionamiento y además recortando su presupuesto, de tal forma que no pueda cumplir con la función que tiene encomendada en nuestra Constitución.
Resulta contradictorio el Presidente en sus épocas de candidato de oposición era uno de los principales defensores y beneficiarios del derecho a la información, ya que al obtener datos de los gobiernos anteriores los utilizó para lograr simpatías y apoyos de millones de mexicanos que creyeron en su promesa de combatir y acabar con la corrupción, y hoy sea el principal crítico y detractor de ese derecho y desde su alta responsabilidad actúe de esta forma para protegerla información de su gobierno del escrutinio público y de que pueda ser objeto de cuestionamientos y denuncias, que pudieran afectar los resultados de las elecciones de 2024.
Lamentablemente la postura del presidente en contra del INAI y del funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción ha sido emulada por varios gobiernos de los estados, especialmente provenientes de Morena, que a la fecha han desactivado a los organismos locales impidiéndoles ejercer sus atribuciones y paralizando su funcionamiento.
De no modificarse la postura de los senadores de la República respecto a la designación de los Comisionados que faltan en el INAI, para que pueda emitir sus resoluciones y sacar adelante los asuntos pendientes, sería lamentable que llegáramos a las elecciones de 2024 sin conocer la información gubernamental de funcionarios que podrían contender por otros cargos públicos, sin que tengamos la certeza de que no han incurrido en actos de corrupción, ya que contarían con la protección gubernamental para no ser denunciados por que el derecho a la información de los ciudadanos estaría acotado y el artículo 6º Constitucional quedaría como letra muerta por decisión presidencial.
Los únicos actores políticos que podrían modificar la situación son los partidos del bloque opositor, que quizás en el fondo, prefieren el triunfo de la opacidad sobre la transparencia para no correr riesgos que electoralmente les cobren factura, lo que significa que sólo la sociedad civil organizada es la que debe asumir la tarea de defender el derecho a la información.