La iniciativa del presidente López Obrador presentada ante la Cámara de Diputados en el presente período ordinario de sesiones y que ya había sido anunciada meses atrás, para la desaparición de 13 fideicomisos de los 14 que administra el Poder Judicial de la Federación, dotados de más de 15 mil millones de pesos, finalmente se consumó la madrugada del pasado miércoles en votación de la Cámara de Diputados con 260 votos a favor de Morena y sus aliados PT y PVEM contra 196 votos en contra del PAN, PRI, PRD y MC aprobándose sólo una de las 69 reservas que presentaron los grupos parlamentarios, en el sentido de que los $15,280 millones de los fideicomisos, serán recolectados por la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaría de Hacienda a los programas que permitan cumplir el Plan Nacional de Desarrollo; la iniciativa pasará ahora al Senado de la República para su aprobación.
Cabe señalar que, dicha aprobación ha motivado la inconformidad y rechazo de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes han anunciado un paro nacional del 20 al 24 de octubre, acompañado de un plantón en las afueras de la Cámara de Diputados, que no fue suficiente para que los diputados de la 4T cambiaran el sentido de su voto y ahora la presión se dirige hacía la Cámara de Senadores, para tratar de frenar lo que califican como una venganza del Presidente en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los once ministros que integran el pleno, por no subordinarse a la autoridad presidencial, al haber resuelto varias acciones de inconstitucionalidad en contra de los intereses del gobierno federal.
La versión del Presidente para justificar la desaparición de los fideicomisos es de que con ello se busca terminar con los privilegios y canonjías de las que gozan los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados y jueces federales ya que incluso tienen sueldos más altos que el Presidente de la República.
Asimismo, ha defendido que la desaparición de los fideicomisos, de ninguna manera afectara los derechos de los trabajadores.
Contrariamente a la postura de AMLO, los líderes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, han declarado que la desaparición de los fideicomisos afecta en forma directa a 55 mil agremiados, lo que confirmó la Oficial Mayor de la Suprema Corte ante diputados de los diferentes partidos, al señalar que seis de los trece fideicomisos están vinculados directamente con derechos de los trabajadores, fundamentalmente los asociados a pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios.
De acuerdo a lo anterior, la lucha de los trabajadores podría verse reforzada con la acción de inconstitucionalidad que han anunciado promoverán los diputados de la alianza opositora, precisamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo la aprobación de la desaparición de los trece fideicomisos; aunado al hecho de que los propios trabajadores ya sea en lo colectivo o en lo individual promoverán un sinnúmero de amparos en contra de lo aprobado por el Congreso de la Unión para defender la permanencia de dichos fideicomisos.
Una de las críticas más fuertes de la Alianza opositora, en contra de la iniciativa presidencial, ha sido el señalar que lo que pretende el presidente López Obrador, es destinar la totalidad de los fondos de los fideicomisos a la conclusión de las denominadas obras insignia del sexenio como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
En el año 2020, los partidos que impulsan el proyecto de la 4T desparecieron en el Congreso 109 fideicomisos de distintos sectores, argumentando que con los recursos recuperados, que ascendieron a 64 mil 524 millones de pesos que se obtuvieron, se destinarían a la compra de vacunas para el Covid-19, pero finalmente se destinaron al Tren Maya, y programas sociales, como créditos a la palabra y vivienda social, es decir se aplicaron para programas clientelares en beneficio del proyecto político del Presidente y su partido.
De ahí que los partidos de oposición en ambas cámaras han acusado que los recursos que obtendría el Gobierno Federal con la desaparición de los 13 fideicomisos, lo que se busca es de nueva cuenta gastarlos en forma discrecional, bajo el argumento de que se usarán para los programas del Plan Nacional de Desarrollo, lo que deja manga ancha al Presidente para usarlos a placer.
Lo incongruente de la postura presidencial y del voto de los diputados de Morena y sus aliados PT y PVEM, es que mientras justifican la desaparición de los 13 fideicomisos para quitar privilegios a los Ministros y personal del Poder Judicial; por otro lado en la misma sesión, tuvieron a bien aprobar la creación de tres nuevos fideicomisos, dos para la Secretaría de la Defensa Nacional, uno de ellos, específicamente para el Tren Maya; y otro para la Secretaría de Marina, es decir, lo que en un poder como el Judicial, es un abuso y dispendio de recursos, en el caso de dichas Secretarías se justifica y aprueba sin ningún obstáculo, a capricho del Presidente.
Mi total apoyo y solidaridad a la lucha de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que es el último reducto que nos queda a los abogados, para alcanzar la justicia y hacer valer el estado de derecho; ya que, en los tribunales estatales el control y la politización de la justicia, se ha convertido en un cáncer que lacera y lastima la seguridad jurídica de los mexicanos.