La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla evalúa la posibilidad legal y operativa de asumir el control y la administración de los 11 penales municipales de la entidad, luego de que el centro penitenciario de Acatlán de Osorio fuera ubicado como el peor calificado en las evaluaciones de derechos humanos.
Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, el vicealmirante Francisco Sánchez González, quien detalló que por disposición legal la SSP realiza labores periódicas de supervisión y emisión de recomendaciones en dichos centros de reclusión.
El funcionario estatal explicó que sostuvo una reunión con el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), Rosa Isela Sánchez Sordo, con el fin de revisar el esquema actual de financiamiento y operación de estos espacios.
“Estamos evaluando la posibilidad de, en un momento dado, tomar el control de los penales municipales y administrarlos nosotros. En virtud de que los penales municipales están a cargo de diferentes ayuntamientos”, mencionó.
Actualmente, los penales municipales operan bajo el resguardo de los ayuntamientos, los cuales recaudan aportaciones económicas de municipios aledaños para financiar la nómina de custodios, la alimentación de las personas privadas de la libertad y los gastos administrativos generales.
Al respecto, Fransisco Sánchez precisó que el objetivo de asumir el mando estatal es garantizar una mejora integral en las condiciones de habitabilidad, la calidad del servicio de alimentación y atender los problemas de hacinamiento que presentan estas instalaciones.
Asimismo, el secretario de Seguridad Pública señaló que en próximas fechas se realizarán mesas de trabajo para determinar la viabilidad jurídica y presupuestal que permita concretar el traspaso de la administración penitenciaria municipal al Gobierno del Estado.
En ese sentido, destacó que el cambio de administración busca dignificar las condiciones de habitabilidad, garantizar una alimentación adecuada a las personas privadas de la libertad y solucionar los problemas de hacinamiento que registran estos espacios.
