Existe una profunda crisis en el Poder Judicial del Estado de Puebla, así lo dio a conocer públicamente el abogado postulante Julio Santos Lozano, tras presentar un pliego de peticiones formal ante el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia.
El documento busca visibilizar las carencias del sistema y exigir reformas para mejorar la administración de justicia en la entidad.
El abogado señaló que la sociedad poblana exige y necesita que se le garantice una justicia pronta, gratuita y expedita, pero sobre todo eficaz, funcional y digna.
“Las quejas son recurrentes tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Quienes viven el día a día en los juzgados son testigos presenciales de este colapso; desgraciadamente, muchos profesionales y ciudadanos evitan opinar públicamente por un fundado temor a represalias, amenazas o ‘recomendaciones’ que puedan afectar el trámite de sus asuntos”, reportó.
Para mitigar esta situación, el pliego de peticiones señala la urgencia de dignificar las condiciones laborales y salariales del personal.
También se solicita actualizar los sueldos de los trabajadores de base y de confianza para adecuarlos a la realidad económica actual, así como dotar a los juzgados de insumos básicos como papelería y agua potable.
Asimismo, se propone reactivar de manera estricta la carrera judicial, garantizando que los ascensos sirvan como un incentivo real para un desempeño más eficaz.
Asimismo, el llamado exige que el Consejo de la Judicatura se ciña estrictamente a sus funciones constitucionales y legales, evitando excesos que caigan en la ilegalidad.
De igual forma, se urge a liberar alrededor de 150 plazas que hoy se encuentran suspendidas, lo que permitiría cubrir vacantes críticas de secretarios, diligenciarios y escribientes en juzgados que llevan meses operando con personal insuficiente.
Finalmente, la propuesta subraya la necesidad de expandir la infraestructura judicial y unificar criterios con un enfoque humano. Esto incluye la creación de nuevos Juzgados de Oralidad Familiar para evitar el rezago en las audiencias, y el cese inmediato de las disputas internas entre el Tribunal y el Consejo que solo debilitan la confianza ciudadana.
“Se pide unificar criterios mediante sentencias de fácil lectura y juzgar con una firme perspectiva de género y de protección a las víctimas, implementando medidas urgentes que eviten la revictimización”, concluyó.