Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, el orden mundial y los intereses económicos, de seguridad, militares y los conflictos armados que existen actualmente, se han visto sujetos a las decisiones y ocurrencias de Trump, que desde su campaña a la presidencia bosquejó una serie de acciones y medidas, principalmente para fijar en la mente de los estadounidenses, una gran diferencia, entre las políticas y forma de gobernar del Partido Demócrata representado por el expresidente Joe Biden y lo que representa el Partido Republicano en el poder.
Uno de los temas que más le preocupaban, era el crecimiento y poder de los cárteles mexicanos, que con la complicidad de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y principalmente con Andrés Manuel López Obrador, habían invadido de fentanilo varios estados de la Unión Americana y causado la muerte de cientos de miles de ciudadanos de Estados Unidos, ante la pasividad del gobierno de Biden que fue incapaz de enfrentar el problema y menos aún tomar medidas drásticas para combatir a estos grupos delictivos, cuyas utilidades les fueron dando cada día más poder y capacidad para corromper a autoridades de migración y de aduanas del vecino del norte.
Del lado mexicano, la política del expresidente López Obrador de “abrazos y no balazos”, así como la complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, empoderaron a los cárteles, con un saldo sangriento de casi doscientos mil homicidios en seis años, cifra que sigue creciendo ahora en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum; que en los hechos, ante la presión que ejerce el presidente norteamericano, se vio obligada a cambiar la estrategia de seguridad por medio del Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, con un aumento en las detenciones de delincuentes, decomisos de armas, drogas, destrucción de laboratorios de producción de fentanilo y ahora combatiendo a las bandas de delincuentes.
Estas organizaciones también por años, se han dedicado al negocio del huachicol fiscal traficando con petróleo y gasolinas desde México hacia los Estados Unidos, afectando gravemente los ingresos de PEMEX y evadiendo impuestos para beneficiarse económicamente con un negocio tan lucrativo, del que hasta el último día del gobierno de AMLO, sospechosamente nadie sabía nada, ni se habían dado cuenta que existía; a pesar de las denuncias e investigaciones periodísticas que daban cuenta de ello, las autoridades, lo negaban y se hacían como que aquí no pasa nada.
Si en algo los mexicanos, nos hemos dado cuenta con toda esta situación, es que el expresidente mintió a los mexicanos en sus conferencias mañaneras, al negar toda información que involucrara a los cárteles de la droga, a las autoridades emanadas de su partido o a funcionarios de su administración, que estaban involucrados y daban apoyo y protección a los grupos de la delincuencia organizada, que financiaron sus candidaturas, con el compromiso de que les dejarían bajo su control las áreas de seguridad pública de los municipios y estados, así como de las fiscalías estatales para seguir actuando en la impunidad, privando a los ciudadanos de su derecho a la seguridad, la tranquilidad y la paz pública.
Si algo debemos agradecer a la presidenta, es que haya cambiado la estrategia de seguridad de AMLO, ya sea por decisión y conveniencia propias o porque haya sido forzada por el gobierno de Donald Trump, lo que ha originado que los grupos de la delincuencia organizada y los políticos que apoyaron y se beneficiaron de sus actividades delictivas y que nunca tuvieron el temor de ser alcanzados por la justicia mexicana, hoy viven en el miedo, la zozobra y la incertidumbre de estar siendo investigados por las autoridades de Estados Unidos; es decir, la impunidad que les garantizaban las fiscalías y jueces estatales y federales, para que continuaran cometiendo delitos, se desvanece y hoy su mayor preocupación es no figurar en las listas de los políticos mexicanos que están siendo investigados por la DEA, la CIA y el FBI, con amplias posibilidades de ser detenidos y extraditados para responder ante una corte federal, por los delitos cometidos en apoyo a los grupos narcoterroristas clasificados por el gobierno de Estados Unidos.
Hoy difícilmente gobernadores de estados como Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Nuevo León, entre otros, harían un viaje a territorio estadounidense, aunque aún tengan su visa norteamericana vigente, ya que podría convertirse en un viaje sin retorno a suelo mexicano.
El caso de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda a quien las autoridades de Estados Unidos le retiraron la visa, sin que se conozcan las razones, ha puesto a temblar a la clase política de Morena, funcionarios federales, diputados, senadores y los gobernadores de los estados donde los cárteles del narcotráfico tienen el control de territorios y autoridades.
Aún sin conocerse las causas de la cancelación de la visa, el bloque de legisladores y gobernadores de Morena, le han dado su amplio respaldo y apoyo a la gobernadora, sin tener certeza de lo que las autoridades de Estados Unidos, tienen en investigación contra ella y su esposo; y que de tratarse de un caso de lavado de dinero del huachicol apoyando al CJNG podría tener graves consecuencias, no sólo para la gobernadora, sino para todos los que la respaldaron públicamente, calificando la cancelación como una injusticia y poniendo las manos al fuego por Marina del Pilar Ávila.
En el escenario de violencia, homicidios, inseguridad y escándalos en el que vivimos los mexicanos, resulta preocupante, la pasividad de la Fiscalía General de la República, que no ha hecho su trabajo y que hasta hoy por la presión del vecino del norte, se ha tenido que sumar a la lucha contra los cárteles y lastimosamente ahora sí da cuenta de la comisión de todos estos delitos, de los que jamás se ocupó e investigó y que seguramente se seguirían cometiendo ante sus ojos, de no ser por la presión del gobierno de Estados Unidos.
Así, ante la complicidad e incapacidad de los órganos de procuración e impartición de justicia de México, la última esperanza de los ciudadanos, es que la justicia y seguridad de las que adolecemos venga de las autoridades y cortes de Estados Unidos, para lograr frenar la tragedia que día a día viven miles de familias mexicanas.