Dos de los grandes problemas que se propuso resolver el Gobierno del presidente López Obrador, desde el inicio de su administración, fueron el combate a la corrupción y la impunidad y el de terminar con el dispendio y abuso de los recursos públicos a que nos tenían acostumbrados los gobiernos del período neoliberal, que trajeron como consecuencia el enriquecimiento de los funcionarios públicos y de sus familiares, que pudieron amasar grandes fortunas y asegurar su futuro y de sus familias hasta las siguientes dos generaciones y ejemplos hay de sobra, tanto en las administraciones del PRI, como en las dos del PAN.
Los escándalos que derivaron de dichos actos, no sólo provocaron la indignación de los ciudadanos y de la sociedad civil en su conjunto, sino también motivaron un voto de castigo a sus candidatos, que permitió el arribo del primer gobierno de izquierda en México con la denominada Cuarta Transformación.
Pese a lo anterior, a cinco años del Gobierno de AMLO, las cosas no han cambiado en forma sustancial, ya que los casos de corrupción de los funcionarios y las prácticas de hacer negocios con amistades y familiares de quienes ocupan los cargos públicos, siguen saliendo a la luz todos los días y en ellos también se han involucrado los hermanos del Presidente Martín y Pío, su prima Felipa Obrador y sus hijos Ramón y Andrés, sin que el Presidente haya podido deslindarse de dichos escándalos, a los que ha tratado de evadir y en algunos de minimizar, sin que al final haya tenido que pagar un costo político por ello, ya que continúa con una popularidad superior al 60 por ciento a un año de concluir su mandato.
En el tema de la austeridad republicana que ha abanderado el presidente, desde la reducción de los sueldos de los funcionarios públicos, hasta los recortes presupuestales a las dependencias, desaparición de planes, programas, organismos, fideicomisos y eliminación de privilegios y prestaciones que beneficiaron a una clase política en otros gobiernos, la opinión pública le ha favorecido, ya que ningún ciudadano de este país podría estar de acuerdo en que los funcionarios derrochen los recursos públicos y se otorguen beneficios que no se tienen en el sector privado.
Pero en cuanto al combate a la corrupción y la impunidad el presidente López Obrador, en los hechos no ha logrado demostrar que realmente le preocupe o realice acciones concretas para castigar a quienes incurren en dichas prácticas, debido a que aún y cuando se comprometió en su última campaña a la Presidencia a garantizar la transparencia y evitar la opacidad en los concursos y licitaciones convocados por su gobierno, a la fecha ha incumplido dicho compromiso, ya que su gobierno y los de los estados gobernados por Morena son de los más opacos de los últimos años, por que han incurrido en la asignación directa de las obras y servicios de sus administraciones, beneficiando a una nueva clase empresarial, ligada a los gobiernos, donde incluso se han incrementado los moches que se manejaron en otras administraciones para lograr ganar los concursos y licitaciones, dando mayor importancia a los compromisos políticos, que a la calidad de las obras, productos y servicios a contratar, con sobreprecios, dejando a un lado la austeridad republicana que sólo ha servido para el discurso político.
Se ve muy difícil que el presidente modifique sus acciones y rectifique para que cumpliendo con las obligaciones que le impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permita el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y con el nombramiento de los comisionados del INAI por parte del Senado de la República el organismo pueda cumplir con su cometido.
Pero regresando al tema de la austeridad republicana y la austeridad franciscana impulsada por AMLO, han sido más las consecuencias negativas de su aplicación, que los beneficios para la población, porque los recursos, aunque se han destinado a fortalecer los programas sociales y apoyos a los grupos vulnerables; una gran parte de ellos se han aplicado a las grandes obras del gobierno como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
La austeridad promovida por el Presidente ha traído costos muy altos para la población, por la afectación a las funciones y desempeño de los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal, en todas las dependencias con reducciones de salarios, prestaciones, recortes de personal y despidos injustificados que han retrasado los trámites y disminuido la calidad de los servicios, que se agudizó en forma alarmante durante los dos años de la pandemia de la Covid-19 y que a la fecha no se ha restaurado.
Si a lo anterior agregamos la falta de mantenimiento, insumos y calidad de los productos que adquiere el gobierno, podemos concluir que el precio de la supuesta austeridad ha sido muy alto incluso con pérdida de vidas humanas y con poblaciones que han sido abandonadas totalmente en cuanto a los servicios públicos.
Actualmente en varios rubros, la población civil está en permanente riesgo, por la falta de mantenimiento de servicios como el Metro de la Ciudad de México, el abandono de los hospitales, la falta de medicamentos e instrumental, falta de vacunas, disminución de la calidad de los servicios públicos, la inseguridad y sobre todo una burocracia inconforme y mal pagada que debe buscar otros medios de subsistencia para sacar adelante a sus familias.
La tragedia de la muerte de la menor de seis años en un elevador del IMSS en Playa del Carmen, es una muestra más, de que la austeridad selectiva, corrupción e irresponsabilidad de quienes nos gobiernan son un grave problema para los ciudadanos, porque seguramente los principales responsables seguirán en sus cargos y no habrá una sanción para ellos, ya que una de las máximas de este gobierno es: cubríos los unos a los otros.