Finalmente los pronósticos se cumplieron y el presidente López Obrador logró la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial, que como un regalo de despedida al término de su mandato, le prometió el aún líder de Morena, Mario Delgado Carrillo hace más de tres semanas, apuntando toda la estrategia partidista y de la coalición que integran al PT y PVEM, primero para lograr que tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les reconocieran la sobrerrepresentación en ambas cámaras, tanto la de diputados como la de senadores a pesar de los recursos interpuestos por los partidos de oposición, las autoridades electorales haciendo a un lado los porcentajes de votación obtenidos por la alianza ganadora, les concedieron un mayoría que no les corresponde.
Posteriormente, al instalarse el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados aprobó utilizando su mayoría calificada la iniciativa de reforma constitucional, con el voto en contra de los partidos de oposición, haciendo caso omiso a los reclamos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y a los estudiantes de las Escuelas y Facultades de Derecho de la UNAM y de universidades privadas, quienes les solicitaron escuchar sus planteamientos y tratar de que sus propuestas fueran incluidas en el proyecto final, a lo que se negaron rotundamente.
De nada sirvió la marcha ciudadana del Frente Cívico Nacional, de México Unido y de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación del pasado 8 de septiembre, que se llevó a cabo en la ciudad de México y en las capitales de los estados del país, como Chihuahua, Guadalajara, Hermosillo, Mazatlán, Orizaba Veracruz, Puebla, san Luis Potosí, Torreón Coahuila y Xalapa entre otras ciudades.
Los legisladores del partido oficial y aliados emularon lo que antes hicieron los gobiernos del período neoliberal y que tanto criticaron, señalando que no son iguales, pero en los hechos su actitud de soberbia y cerrazón al diálogo fue evidente, haciendo a un lado las justas demandas de ciudadanos que también son pueblo y que no por el hecho de estar en contra de sus actos, se les puede calificar como conservadores o traidores a la patria, o de defender los privilegios de los Ministros de la Corte.
Ni las suspensiones emitidas por dos jueces de distrito para evitar se llevara a cabo la discusión y aprobación de la reforma constitucional por la Cámara de Diputados y posteriormente la de Senadores, fueron suficientes para frenar su aprobación, lo que implica un desacato de los legisladores, que antepusieron su afán de complacer al presidente y de consumar su venganza en contra del Poder Judicial de la Federación, antes de cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen como la Ley de Amparo, violando el juramento que hicieron al protestar el cargo.
Ante dicho panorama y buscando argumentos jurídicos, que me permitieran conocer a fondo los beneficios de la reforma constitucional al Poder Judicial, que se ha anunciado por la Cámara de Senadores, será publicada el domingo 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, para entrar en vigor al día siguiente, encontré que, aunque en el discurso el presidente AMLO, Morena, PT y PVEM nos han dicho que en la elección del dos de junio el pueblo votó porque se aprobaran las reformas del Plan C o segundo piso de la 4T, consulté a un grupo importante de ciudadanos, estudiantes, amas de casa, trabajadores y organizaciones para saber si a ciencia cierta, al dar su voto a los candidatos de Morena y aliados, sabían que ello significaba que también pedían se aprobara la reforma al Poder Judicial, la mayoría de ellos dijo que estaba de acuerdo en elegir a los jueces y ministros (no les queda claro el papel de los magistrados) porque les parecía bien, pero no sabían que ello significaba despedir a todo el personal actual y que serían propuestos por Morena y aliados para hacerse del control total de dicho poder.
Incluso a estas fechas, no es posible encontrar los beneficios que objetivamente tendrá la población con la reforma, ya que los problemas que se originarán son los siguientes:
1. Aunque AMLO ha dicho, que con la reforma se busca acabar con la corrupción de los jueces, magistrados y Ministros, el despido de todos, aún de aquellos que en toda su carrera han tenido una trayectoria intachable, es injusto y no garantiza que los que se elijan por votación del pueblo, no incurrirán en prácticas corruptas.
2. Con el despido de los ministros, magistrados y jueces se pone fin a la carrera judicial, que por años, permitió a la mayoría de ellos ascender en el Poder Judicial, por lo que ahora los nuevos funcionarios, aún con el título de abogados, con experiencia de tres años y con promedio de ocho, dejarán mucho que desear en su labor, por la inexperiencia y falta de conocimientos en la impartición de justicia.
3. La reforma no prevé un mecanismo que evite la intromisión de los partidos y grupos políticos en la postulación de los candidatos y además que el crimen organizado postule a jueces que respondan a sus intereses. Hoy tenemos desde diputados, senadores, gobernadores y presidentes municipales cuyas campañas fueron financiadas por los carteles, sin que ninguna autoridad electoral o judicial haya impedido su postulación y triunfo.
4. La división de una Presidencia de la Suprema Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial y de un área de administración, desatará una lucha interna de poder, en la que los grupos políticos harán valer su autoridad y se afectará gravemente la impartición de justicia.
5. Es lamentable para México, que los foros para la discusión del proyecto de reforma hayan sido una simulación y una burla para quienes de buena fe participaron a sabiendas de que Morena y aliados, no le iban a cambiar ni una coma al proyecto.
6. El utilizar a un personaje como el senador suplente Miguel Ángel Yunes Linares para lograr el voto que le diera la mayoría calificada en el senado a Morena, PT y PVEM para la aprobación de la reforma, sólo demuestra que se busca terminar con la corrupción, aliándose con personajes corruptos, negociando impunidad para ellos a cambio de su voto.
7. El teatro armado por MC con el senador Daniel Barreda, supuestamente levantado y que después apareció en la escena pública, sin asistir a la votación en la aprobación de la reforma en el senado; deja muchas dudas, pero no olvidemos la relación de AMLO con Dante Delgado y que está por resolverse la impugnación de Morena y aliados en la elección de Guadalajara, que pudo ser negociada para MC con la ausencia del senador a la votación; en próximos días sabremos si ese fue el acuerdo y finalmente les avalan el triunfo las autoridades electorales.
Aquí cabría el dicho de un maestro universitario de la Facultad de Derecho de la BUAP, cuando analizaba situaciones similares en las que las partes utilizaban malas prácticas para alcanzar sus objetivos: se juntaron los cochinos con los marranos y ganaron los más trompudos.
8. La incertidumbre financiera y la salida de capitales del país, así como el hecho de que inversionistas que tenían planeado invertir en México, se vayan a otros países que les garanticen una independencia judicial, es por ahora un fantasma que afecta la situación económica del país por la aprobación de la reforma.
9. Finalmente, el grave retroceso que tendrá en el país, la impartición de justicia y la solución de los expedientes y juicios en trámite que acumulan meses y años de atraso y que al darse primero las elecciones y llegada de nuevos funcionarios, podrían significar se retrasen aún más entre cinco a diez años, en los que los ciudadanos deberán esperar las sentencias, por haberse antepuesto un capricho del presidente al derecho de los mexicanos de acceder a la justicia establecido como un derecho humano en nuestra Constitución.