El próximo 12 de julio se celebrará como cada año en nuestro país, el denominado “Día Nacional del Abogado” en momentos en que se vive una embestida del presidente López Obrador en contra del Poder Judicial representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Federales precisamente por su falta de sometimiento y subordinación a las órdenes que dicta el inquilino de Palacio Nacional y que se acatan en forma sumisa por el Poder Legislativo representado por la Cámara de Diputados y Senadores en las cuales Morena y sus aliados tienen la mayoría simple para aprobar las iniciativas enviadas por el Presidente, aún y cuando su contenido sea inconstitucional, lo que ha obligado al máximo tribunal del país a invalidar diversas reformas, con el enojo de AMLO que no comprende que esa es precisamente la principal función del máximo tribunal del país: garantizar el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a sus disposiciones velando por que prevalezca un auténtico estado de Derecho.
La embestida del Presidente, con el apoyo de los legisladores de su partido, seguirá en los próximos meses, cuando se discuta el Presupuesto de Egresos de la Federación, buscando de una u otra forma castigar su presupuesto y apoderarse de los recursos que maneja a través de los fideicomisos el Poder Judicial federal.
A lo anterior se suman los ataques que desde su conferencia mañanera ha lanzado el Presidente contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña y de los Ministros que han votado por invalidar las reformas legislativas aprobadas previamente por el Poder Legislativo.
Ante dicho panorama es de llamar la atención la actitud de indiferencia y falta de compromiso del gremio de los abogados del país, cuya gran mayoría al obtener su título profesional, al igual que los funcionarios públicos, se les toma la protesta en las escuelas y Facultades de Derecho del país, de “cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen y respetar el estado de derecho…”. Dicha protesta para muchos ha quedado en el olvido, ya que aún y cuando quienes se dedican al ejercicio profesional en el litigio, padecen las deficiencias y arbitrariedades que día a día se cometen en las fiscalías y tribunales del fuero común en los estados del país y en la Ciudad de México.
La falta de unidad del gremio y los defectos de una “Colegiación” débil que no ha sabido motivar a los miles de abogados del país, para alzar la voz y expresarse ante las constantes violaciones al estado de derecho, ha sido un factor que ha sido bien aprovechado por las autoridades del país, no sólo las del actual gobierno, sino también de las del período neoliberal.
Dentro de los factores que han incidido para el resquebrajamiento del estado de derecho, podemos señalar los siguientes:
1. La mala percepción que se tiene de los abogados en la sociedad, por considerar que no actúan con ética y honestidad en el ejercicio de la profesión.
2. El señalamiento de que la gran mayoría de los abogados fomentan las malas prácticas y viven de la corrupción.
3. La falta de confianza de los ciudadanos en los abogados, ya que por algunos que han prostituido a la profesión, se califican por igual a todos.
4. El señalamiento de que en lugar de defender la legalidad, se han dedicado a manipular las leyes al servicio del poder o de quienes tienen poder económico.
5. La falta de especialización y profesionalismo que ha propiciado que por negligencia personas inocentes pierdan su libertad o su patrimonio.
6. Su falta de compromiso y solidaridad con las personas de bajos recursos y de los grupos vulnerables que no tienen acceso a los servicios de un abogado.
7. La falta de políticas públicas que impulsen la promoción de una cultura de la legalidad y que ha originado el aumento de la corrupción en todos los niveles.
8. El hecho de que actualmente la licenciatura se puede estudiar a distancia o incluso que algunas instituciones la imparten en un año, lo que ha originado que la calidad de los planes y programas de estudios de las escuelas y facultades estén egresando abogados con una deficiente formación.
Y así podríamos enumerar otros factores más que nos deben llevar a una seria reflexión de lo que está sucediendo en nuestra sociedad y del papel que deberían jugar los profesionales del derecho para que no sólo prevalezca el respeto al estado de derecho y los derechos humanos; sino también que las autoridades y la sociedad civil comprendan que solamente con leyes e instituciones sólidas, se podrá recuperar la seguridad, la paz y convivencia que hemos perdido en los últimos años por la falta de abogados que realmente comprendan y ubiquen la gran importancia que tienen para que exista una procuración e impartición de justicia que responda a los retos actuales de México.
Si no logramos que los abogados se comprometan y actúen en la promoción y defensa del estado de derecho y el respeto a la Constitución, cada día seremos menos abogados y pasaremos a ser víctimas de las injusticias y graves problemas sociales que vivimos en el país.