La más reciente Reforma Constitucional en Materia de Justicia Federal es un esfuerzo de actualización funcional y estructural del Poder Judicial, al menos así lo marca el estatuto.
Pero algunos no quieren entender que esa modificación, que se aprobó desde 2021 y se aplica a partir del 2022, intenta hacer una justicia más ágil y menos corrupta.
Me cuentan que en el Poder Judicial en Puebla hay “mafias” de jueces, magistrados abogados y trabajadores administrativos que se niegan a perder algunos privilegios.
Privilegios como, por ejemplo, entrar a laborar a la hora que se les dé la gana o solo unas cuantas horas; ellos no se consideran “godínez” y que tienen que trabajar sus ocho horas, con dos es suficiente.
Es más, no hay reloj checador para ellos, es decir, no hay control de ingreso, ni de salida, pero eso sí, exigen su bono de puntualidad y asistencia. Vaya cinismo.
Incluso, me dicen que internamente al Poder Judicial se le llega a llamar “Ley de la Selva”, donde “la mafia” quiere seguir imponiendo su ley y gozar de privilegios.
Así lo han vivido por años. Pero en los últimos meses las cosas comenzaron a cambiar y eso ya no les gustó.
Esa “mafia” ahora acusa deficiencias como falta de agua en los baños, de estacionamiento, lo que ha llevado al robo de vehículos, rezago en sus salarios, sobrecargas de trabajo, falta de personal, etc, pero antes, no decían ni pío. ¡Qué cosas!
Pero, como es de esperarse, todo cambio, en este caso con la Reforma Judicial, genera una reacción.
De ahí que en las últimas semanas, algunos que están inconformes con que se les quiten sus privilegios, han salido a manifestarse en contra del actual presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, Carlos Palafox Galeana. Ahora todo tiene sentido.
El magistrado no se dejará.
Me queda claro que algunos abogados, jueces y magistrados no entienden, o se hacen de la vista gorda, que la Reforma constitucional se hizo para romper esas mafias.