Al cierre del 2025 con la aprobación de los presupuestos de ingresos y egresos por parte de la Cámara de Diputados y el anuncio de una serie de medidas fiscales que sin duda alguna afectarán en mayor o menor medida a las pequeñas y medianas empresas del país, el panorama se torna desalentador, por los efectos que tendrán las nuevas disposiciones, ante un SAT ávido de recabar impuestos de donde sea y se pueda, para que en su momento los recursos sean destinados a los programas sociales de la 4T cuyos beneficiarios aumentan año con año.
Ante las medidas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de apretar hasta donde más se pueda a las pequeñas y medianas empresas; muchas de ellas cerraron sus negocios a finales de año y otras más seguramente lo harán en el primer trimestre de este año, sólo a la espera de liquidar a sus trabajadores y los compromisos contraídos con sus proveedores y clientes.
La crisis que se avecina es de tal magnitud que los dueños de las principales franquicias que operan en México han anunciado un descuento del 15 % en el monto de las utilidades que venían recibiendo de sus franquiciatarios, para evitar que decidan cerrar sus negocios y dar por concluidos sus contratos.
Entre las causas que están obligando a los dueños de las PYMES a cerrar sus negocios, se encuentran: la falta de apoyos gubernamentales, los altos costos en la contratación de personal, el acoso de las autoridades de los tres niveles de gobierno municipal, estatal y federal que les imponen demasiados trámites, así como de autoridades administrativas como el IMSS, INFONAVIT, FONACOT, Secretaría del Trabajo, entre otras, que en todo momento los visitan para buscar alguna irregularidad que les permita aplicarles una multa o incluso llegar a la clausura definitiva del negocio.
Si a lo anterior agregamos el problema de la inseguridad que prevalece en muchas de las ciudades del país, así como el cobro de piso y amenazas de los grupos de la delincuencia organizada que los tienen amenazados, imponiendo en estados como Michoacán los precios de los productos agrícolas como el limón y el aguacate, así como el control de los proveedores a quienes deben contratar servicios como el de transporte o seguridad para poder seguir trabajando, y con el enorme riesgo de perder su patrimonio o hasta su vida, si deciden denunciar a los grupos de extorsionadores o negarse a pagar las cuotas que les exigen; resulta lógico que prefieran dedicarse a otra cosa o bien unirse a la informalidad para poder subsistir con sus familias.
Aunque oficialmente el gobierno federal anunció con datos del IMSS y de la STPS que entre enero y noviembre de 2025, se crearon en México casi 600 mil empleos formales, alcanzándose un récord histórico de 22.8 millones de personas afiliadas al IMSS, lo que se traduce en un crecimiento anual en promedio del 2.7%.
El grupo Financiero Base en un análisis de dicha información, destaca que, pese al récord en el nivel total de empleo anunciado por el gobierno federal, el ritmo de creación se ha debilitado, y entre enero y noviembre de 2025, el aumento acumulado es menor al mismo período de 2024 y representa la peor creación de empleos para ese lapso desde los años asociados a las peores crisis económicas que ha tenido el país.
Organismos patronales como COPARMEX y la CANACINTRA, han manifestado su preocupación por la pérdida de registros patronales de las PYMES que en gran número son empresas familiares, cuyos costos y la imposibilidad de diversificar sus productos y servicios, los está obligando a buscar otras actividades para sobrevivir.
De las pérdidas de registros patronales entre los años 2024 y al cierre de 2025, la mayoría fueron de PYMES, siendo el 56% empresas que emplean de 2 a 5 personas y el 16% de empresas que tienen registrados de 6 a 50 empleados.
En el caso de las grandes empresas, los cierres empiezan a notarse ya que el IMSS reportó una caída de hasta 13 unidades que dan trabajo a un promedio de entre 501 a 1000 personas.
Coincido con la opinión del Dr. Silvino Vergara Nava, en su colaboración en e-consulta del pasado 27 de diciembre que tituló “2026: ¿El exterminio de las empresas en México” al afirmar: Indudablemente que todas las políticas públicas nacionales actuales, las reformas legales que inician su vigencia a partir de 2026, son para exterminar a las pequeñas y medianas empresas mexicanas…”
El pasado 19 de diciembre el gobierno federal dio a conocer datos sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad publicados por el INEGI y el Banco Mundial. Según esta información México logró disminuir la pobreza e incorporar a un mayor número de personas a la clase media, con resultados superiores a los del resto de América Latina.
En el lapso de 2018 a 2024 la proporción de personas en situación de pobreza disminuyó de 35 % al 22 % y las de clase media se incrementó del 27 % al 40 %: sin embargo, de acuerdo a la metodología del Banco Mundial se considera que una persona es de clase media si percibe al menos 17 dólares diarios, que de acuerdo al tipo de cambio actual de $18.00 por dólar equivaldría a $9,180.00 al mes y si consideramos que el precio de una canasta básica es de $4,700.00 con dicho ingreso una persona podría comprar menos de dos canastas al mes para una familia promedio de cuatro integrantes, lo que significa que no podría afirmarse que con dicho ingreso ya sea de clase media.
Aunque la 4T afirma que la reducción de la pobreza y desigualdad, se deben al aumento a los salarios mínimos, la expansión de los programas sociales y el aumento en los flujos de las remesas de migrantes; la realidad que enfrentamos como país, es que con un nulo crecimiento económico que en 2025 se redujo a un 0.3 % comparado con 2018, que fue de un 2 % y que se espera que para 2026 la tasa de crecimiento llegue a un 1.2 % estamos más cerca de que disminuya la creación de empleos, crezca la informalidad y de que más mexicanos continúen en situación de pobreza.