El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que la administración estatal envió una iniciativa al Congreso local para combatir al llamado “cartel del despojo inmobiliario”.
Dicha propuesta busca incorporar agravantes y sanciones más severas cuando en estos delitos intervengan servidores públicos o afecten a personas de grupos vulnerables.
En ese sentido, detalló que se busca que sean hasta 15 que alcancen las penas por delito de despojo.
Despojo agravado de seis a 12 años de prisión, y una multa de 100 a mil 500 UMAS, y a quien financie, dirija o sea autor intelectual de ese delito, pasará de 7 a 15 años de prisión y una multa de 1000 a 3 mil UMAS,
Explicó que el Poder Legislativo deberá analizar la modificación al código penal propuesta por el gobernador Alejandro Armenta, que busca terminar con actos de corrupción.
Las sanciones corresponderían:
Para cuando el despojo se cometa en prejuicio de personas mayores, de discapacitados, niñas, niños o comunidades indígenas.
Cuando un servidor público intervenga o se simulen actos de autoridad.
También cuando se utilicen documentos falsos o se inscriban actos simulados en el registro público de la propiedad.
De igual forma, cuando haya participación dolosa de un notario público para facilitar o encubrir este delito.