El gobernador @armentapuebla_ reveló que el nuevo ministro presidente de la @SCJN, Hugo Aguilar, ya tiene información sobre el saqueo económico de administraciones pasadas en Puebla.

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— CAPITAL (@CapitalPueblaMx) September 3, 2025

Durante la mañanera de este miércoles, el mandatario estatal Alejandro Armenta, destacó que el ministro posee absoluta claridad con respecto a la certeza jurídica con los empresarios y tiene una vocación anticorrupción que “nos permitirá limpiar la corrupción que en el pasado postró financieramente a Puebla”.

“Pronto les daremos datos de esa colusión de políticos y de delincuentes que no son empresarios, y que generaron saqueo brutal en el estado”, manifestó.

En tanto, Armenta declaró que la ministra saliente Norma Piña, “castigó a Puebla, protegiendo a empresarios que se dedicaban a generar sobrecostos millonarios (en obras inexistentes de gobiernos anteriores)”.

Los estados de Guerrero, Tabasco, Oaxaca, Yucatán y Campeche, además de Puebla, aportaron la mayoría de votos que despegaron a los punteros de la contienda, como Hugo Aguilar y Lenia Batres, destacó Javier Aparicio, investigador del CIDE.

Hugo Aguilar obtuvo su segundo mejor porcentaje de votación nacional en Oaxaca, de donde es originario. Ahí logró 322 mil 949 votos, el 7.18 por ciento del total, contra 301 mil 544 de Lenia Batres, 6.7 por ciento. Su ventaja de 21 mil votos fue la mayor que tuvo sobre la capitalina.En Tabasco, ambos punteros tuvieron su mejor porcentaje. Batres con 7.31 por 7.24 de Aguilar. La Ministra en funciones tuvo 169 mil 411 votos por 167 mil 611, una diferencia pequeña. En la CDMX, bastión de Batres, ella logró 589 mil 334 votos por 579 mil 156 de Aguilar.

De acuerdo con gráficas elaboradas por Aparicio, a partir de los cómputos distritales del INE, ubicó un patrón de votación que distanció a estos candidatos del resto de los contendientes.

Detalló que, en promedio, Aguilar y Batres obtuvieron un 7 por ciento de la votación en estados como Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Yucatán, mientras que a nivel nacional lograron un 5 por ciento.”Hay un patrón en estos estados. Llama la atención que hay otros donde claramente hay diferencias y en donde incluso ganó Yasmín Esquivel, como Coahuila y San Luis Potosí”.

Dijo que cada entidad tuvo una estrategia distinta y los Gobernadores, incluidos los de Oposición, operaron también para tener a sus Jueces.”Es una elección diseñada para tener poca participación, para que no haya grandes gastos de campaña, de modo que el resultado sea muy controlable. Si vota poca gente, la maquinaria oficial controla el resultado. Si hay poca gente, como pasaba con el PRI, la movilización oficialista es suficiente para conseguir el resultado y lo estamos viendo”, resaltó.En la elección del pasado domingo, Coahuila, gobernado por el PRI, fue el estado con mayor participación a nivel nacional, con un 25 por ciento, más alta incluso que Durango, con 19 por ciento, y Veracruz, con 18 por ciento, donde hubo elecciones municipales concurrentes a la judicial. En Coahuila ganó Yasmín Esquivel, mientras que en los otros dos estados el triunfador fue Aguilar sobre Batres.

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¿Qué dijo la SCJN sobre la reforma a LFT que aumentó los días de vacaciones?

Al resolver el Amparo en revisión 990/2023, presentado por una empresa del ramo de la construcción, los ministros determinaron que la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), publicada el 27 de diciembre de 2022, tiene como finalidad avanzar en la protección del derecho al descanso de las personas trabajadoras.

El Alto Tribunal determinó que los 12 días de descanso para los trabajadores, que cuenten con un año de servicio, no viola el principio de irretroactividad de la ley, porque no se desconoce algún derecho adquirido, pues la parte patronal no tiene derecho a que el periodo de vacaciones pactado en un contrato de trabajo permanezca inamovible, ya que los contratos están sujetos a revisión.

Los juzgadores consideraron que la progresividad de la medida busca generar mejores condiciones para la salud de los trabajadores, a través de la recreación, la cultura, así como fomentar la convivencia familiar.

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La postura de la presidenta significó un desafío para AMLO y desencadenó una serie de ataques y cuestionamientos contra el Poder Judicial, que nunca se dieron en la época en que lo presidió Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a quién incluso el presidente promovió se prorrogara su período a fin de que consolidara la reforma judicial que impulsó para acabar con la corrupción en el Poder Judicial de la federación.

Cuando Zaldívar presidió la Corte, para el presidente López Obrador no era tan grave que los ministros tuvieran los altos salarios y prestaciones de que gozan, incluso por arriba de lo que percibe AMLO, ni tampoco cuestionó los millonarios recursos de los fideicomisos que tiene el Poder Judicial de la Federación, cuya desaparición promovió ante la Cámara de Diputados federal.

Sin embargo, las cosas no le salieron al presidente como las había planeado, y trató de promover a la ministra Yasmín Esquivel para ocupar el cargo de Arturo Záldivar, lo que fue imposible debido al escándalo en que se vio envuelta por las acusaciones en su contra por el plagio de su tesis de licenciatura y posteriormente también de su tesis de doctorado, sin que a la fecha se le haya sancionado por las autoridades de la UNAM, por lo que continúa desempeñándose como ministra de la Corte.

Los ataques del presidente en contra del Poder Judicial de la Federación, desde los Ministros, magistrados y jueces de distrito hasta el personal judicial, han ido en aumento y por ello, anunció una serie de reformas constitucionales el 5 de febrero de este año, en el marco de la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917, para que los actuales ministros, magistrados y jueces, dejen los cargos y los que los sustituyan sean electos por medio del voto de los ciudadanos.

Resulta evidente, que aún y cuando el presidente tiene a su favor al menos cuatro de las ministras de la Suprema Corte, que son: Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres, Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz Ahlf, con esos votos no podrá sacar adelante la aprobación de las siete iniciativas de reformas que promovió en su denominado Plan B y que seguramente serán resueltas en las próximas semanas por el máximo tribunal de nuestro país.

De ahí que AMLO tendrá baterías suficientes para continuar sus ataques a la Corte y a todo el Poder Judicial de la Federación, acusándolos de corruptos, de estar coludidos con los conservadores, de proteger a los delincuentes y de que están en contra de su gobierno.

El diferendo entre el presidente y el Poder Judicial no se resolverá por lo menos en este sexenio y le tocará a la nueva presidenta o presidente, seguir con la postura de AMLO o buscar tender puentes con la Corte, respetando su autonomía e independencia, en estricto apego a los establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo pronto, pesa sobre los funcionarios judiciales la amenaza de la reforma constitucional anunciada por el presidente, para cambiar la forma de su elección y que sólo será posible, en caso de que Morena y sus partidos aliados logren contar con la mayoría calificada con las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras.

Están pendientes de resolver por el Pleno de la Corte asuntos de gran trascendencia para el país, cuyo sentido de las resoluciones podría ir en contra de las iniciativas del presidente, lo que probablemente ya tiene calculado, por lo que su única esperanza es que al contar con la mayoría calificada en la nueva legislatura, pueda lograr su aprobación siempre y cuando gané la elección Claudia Sheinbaum, porque de no ser así, lo más seguro es que finalmente desista de estas propuestas y termine dejando las cosas, así como están en nuestra Carta Magna, por lo que la designación de los Ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial se seguirá llevando a cabo con los mismos procedimientos establecidos.

Nos falta conocer la postura de la candidata de la Alianza fuerza y corazón por México quien seguramente estará de acuerdo con el sentido de la votación de los partidos PRI, PAN Y PRD que han declarado su oposición a la iniciativa presidencial; por lo que se da por hecho de que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y sus familias, estarían por votar por Xóchitl Gálvez en la elección del próximo 2 de junio.

La Cámara de Senadores por vez primera en su historia no logró tejer un acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios para reunir los votos necesarios para designar a una de las tres candidatas propuestas por López Obrador y cuyas trayectorias destacaban precisamente por ser fieles representantes de los intereses del Ejecutivo, alejadas de una carrera judicial y cuyo único mérito era convertirse en un voto seguro para tratar de que se aprueben los juicios y controversias en las que sea parte el presidente o autoridades emanadas de Morena.

En otras palabras, los Senadores, no encontraron en ninguna de las candidatas presentadas en las ternas enviadas por el presidente, a una profesional con una trayectoria en la Judicatura ni mucho menos que garantizara un trabajo profesional e imparcialidad en su actuar al resolver asuntos que tienen una gran trascendencia nacional, en los que se requiere además de un amplio conocimiento del Derecho, garantizar imparcialidad, porque su función es impartir justicia, sin importar de quién se trate; sin embargo la nueva ministra llega con el objetivo de defender a capa y espada en los debates y votaciones los intereses de AMLO y de su gobierno en el ámbito federal y de los gobernadores de los estados de Morena.

En un tema de decoro y respeto a la Cámara de Senadores, que representa a las entidades federativas, el Presidente debió cubrir las formas y procurar presentar a personajes de trayectoria intachable no sólo profesionalmente, sino sin visos o compromisos políticos con su gobierno, no sólo por la importancia que tiene el nombramiento de un Ministro del máximo tribunal del país; sino también porque el mensaje que se da a los ciudadanos, es de que es más importante colocar incondicionales en dichos cargos, que cuidar las formas y actuar como un demócrata, respetando la carrera judicial de cientos de secretarios, jueces y magistrados en funciones, cuyo pecado para no ser considerados, es no ser familiares cercanos de un destacado miembro de Morena o gobernante en turno.

Así las cosas, si bien es cierto que los presidentes del período neoliberal, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Vicente Fox y Felipe Calderón, presentaron ternas a cargos de Ministros, al menos en la mayoría de los casos, los buscaban dentro de quienes tenían una carrera judicial por haber formado parte de dicho poder y que no estuvieran públicamente identificados con sus partidos PRI y PAN.

Por lo anterior y ante la permanente frase del Presidente de “no somos iguales a los gobiernos neoliberales corruptos”, queda demostrado que con sus propuestas ha llegado más lejos que ellos en forma pública y sin recato alguno.

Si de por sí, sobre la Corte sigue pesando el caso de la ministra Yazmín Esquivel, acusada de plagio, cuya situación no ha sido definida por las autoridades de la UNAM debido a los juicios de amparo que ha promovido y que continúa actuando en el Pleno y las salas por la protección presidencial de la que goza; ahora con la llegada de Lenia Batres el Presidente piensa que logrará frenar las resoluciones que no favorezcan a su gobierno y se aprueben aquellas que sean de su interés; en otras palabras está aplicando al máximo tribunal del país, el mismo modus operandi de las Cámaras de Diputados y Senadores, jugando a las mayorías, simples y calificadas, sin importar el respeto al estado de derecho y a la Constitución como ha quedado demostrado a lo largo de estos cinco años de gobierno.

Pero dicha situación, no debería ser extraña para los ciudadanos, ya que si algo ha caracterizado a AMLO es su desprecio por la ley, a la división de poderes y a los órganos autónomos que no se someten a su poder o que osan tener una opinión contraria a su discurso y políticas; así es, así ha sido y así será hasta el fin de su mandato.

La disyuntiva para los ciudadanos es si en 2024, seguiremos votando por la continuidad de estas políticas gubernamentales y apoyando el ataque a las instituciones, incómodas al Presidente, o si la mayoría se pronunciará por un cambio dando de nuevo la oportunidad de rectificar a la oposición, que aún no ha sido capaz de lanzar un discurso que logre dar esperanza a los electores, de que no volverán a cometer los errores del pasado.

Sin duda alguna en las elecciones de 2024, todos tenemos una cita con el futuro que le depara a México y definiremos si votamos por la continuidad de la debacle de las instituciones como el INE, TRIFE, INAI, COFECE, la Suprema Corte de justicia de la Nación entre otras; o si damos un golpe de timón y votamos por los candidatos de la oposición.

La Corte admitió a trámite la petición de reasunción de competencia que promovió la FGR esto para que revise el amparo otorgado el 6 de junio a Gálvez por un juez federal.

María Olivia Carmona, agente del Ministerio Público Federal adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil, solicitó al Máximo Tribunal asumir el caso, que fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y deberá plantear a la Primera Sala si es procedente la intervención de la Corte.

El pasado 12 de junio Gálvez acudió al Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica en la conferencia matutina luego de los dichos realizados por el Jefe del Ejecutivo federal en su contra.

El 5 de diciembre de 2022, López Obrador manifestó en “la mañanera” que, cuando Xóchitl Gálvez fue candidata al gobierno de Hidalgo, dijo que quitaría los programas de apoyo a los adultos mayores.

Con información de eluniversal.com.mx

“Se considera que el amparo que se está recurriendo no analizó correctamente la jurisdicción federal que era indudablemente aplicable desde un principio, en este caso; ya que no se trató de un homicidio del fuero común local, sino que, de conformidad con el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, correspondía, por su magnitud y consecuencias, a las autoridades federales conocer de ese delito, como así ocurrió”.

La dependencia mencionó que el Tribunal Colegiado que amparó al magnicida introdujo unilateralmente un tema que no estaba en el fondo del juicio original del amparo de Mario Aburto, ignorando la magnitud y las consecuencias de un hecho delictivo que afectó gravemente a la democracia de México y al proceso electoral para la Presidencia de la República.

Además de afectar el avance en materia de participación ciudadana, el cual quedó gravemente lastimados en todo el país tras el homicidio de Colosio. 

Por su parte, el Tribunal Colegiado omitió dar vista y escuchar a las víctimas directas e indirectas de este delito, dejando indefenso al estado mismo, a sus instituciones, y a las personas individuales afectadas; lo cual debe ser restituido, por elemental justicia.

Con información de milenio.com

“Invitamos a Norma Piña, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, para que venga, exponga y defiende los intereses que están defendiendo ellos. Será escuchada y también nos tendrá que escuchar por qué nosotros no queremos que sigan estos privilegios de la alta burocracia del Poder Judicial”, subrayó.

En entrevista, dijo que la invitación la realizan en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. Y precisó que el encuentro podría realizarse ante el pleno, en comisiones o si lo prefiere en una reunión cerrada.

El legislador integrante de la Junta de Coordinación Política recordó que el Consejo de la Judicatura Federal es la instancia administrativa del Poder Judicial y, por tanto, la parte encargada de defender los privilegios de los que goza la alta burocracia de este poder.

Reconoció que la ministra Piña Hernández está en su derecho de defender estos privilegios y “entablaremos un debate con ella y nosotros le explicaremos por qué no queremos que se mantengan los privilegios de la alta burocracia del Poder Judicial”.

“Sin ningún problema la recibimos, de hecho es su responsabilidad, es parte de su trabajo, que venga y aquí la recibimos el lunes, el martes, que se venga. Que platiqué con nosotros, aquí al pleno, a comisiones, en una reunión cerrada, como ella se sienta más cómoda, está invitada para que venga al Senado de la República”, insistió.

El vocero de la bancada de Morena, aclaró que la extinción de estos fideicomisos no afectará a los trabajadores.

“No, por supuesto que no, los trabajadores tienen todo el derecho de ahorrar. Tal vez ahí los engañaron, les dijeron que metieran su dinero al fideicomiso, pero eso no quiere decir que el dinero de los trabajadores vaya a desaparecer ni mucho menos. El dinero los trabajadores es sagrado y es de los trabajadores. Que no se dejen manipular, por quienes están enredando, por defender sus derechos de la alta burocracia del Poder Judicial, están enredando”, indicó.

Con información de milenio.com

La iniciativa continuará su camino con los Senadores. Pero no estará exenta de las embestidas que la oposición alista para invalidar el proyecto que, por un lado, la Suprema Corte criticó por afectar los derechos laborales de sus trabajadores; mientras que por el otro, López Obrador avaló como una medida para erradicar la corrupción que, según él, ha permeado en el Poder Judicial.

El presidente aprovechó la sección del Quién es quién en las mentiras para exponer el “Seguro de Separación Individualizado”, uno de los lujos que estaría gozando “la élite” del Tercer Poder de la Unión y que “no existe en el Ejecutivo”. En esa misma diapositiva se enlistaron otros ‘privilegios’ como utensilios para alimentación, viáticos, pasajes nacionales,etc.; todos valuados en millones de pesos.

El dictamen de las Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública — propuesta de Ignacio Mier Velazco — expone que el Poder Judicial dispone de 21 mil 538 millones 748 mil 148 pesos repartidos en 14 fideicomisos.

De dichos fondos, destaca el documento, sólo el correspondiente al Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia estaría sustentado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de ahí que el monto de los restantes se ha incrementado a lo largo de los años.

¿Qué dice la propuesta sobre los fideicomisos?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) — instancias fuertemente criticadas por López Obrador — son las que más fideicomisos gozan del listado, con seis cada una. Mientras que la última pertenece al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La iniciativa expone que el total de los fondos del órgano presidido por Norma Piña, correspondiente al segundo trimestre del 2023, ascendería a los 6 mil 241 millones 851 mil 855 pesos; siendo el de las “Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo” el que más recursos dispone con 2 mil 972 millones 640 mil 326 pesos.

El segundo más costoso son los “Remanentes Presupuestales” con mil 386 millones 20 mil 861 pesos. Y el tercero son las “Pensiones Complementarias para mandos superiores” para las cuales se destinan 832 millones 881 mil 665 pesos.

De ahí sigue el “Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia” (FONDO JURICA), con 727 millones 411 mil 587 pesos; el “Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones CD’s y Otros Proyectos”, con 177 millones 831 mil 290, y el “Plan de Prestaciones Médicas” con 145 millones 66 mil 123 pesos.

De la triada de instituciones señaladas en el documento, los fideicomisos del CJF son los que más recursos disponen ascendiendo su monto total a 15 mil 208 millones 953 mil 224 pesos.

Los de mayor costo son el “Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia”, con 6 mil 103 millones 992 mil 205 pesos; el “Fideicomiso pensiones complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados”, con 4 mil 722 millones 319 mil 850 , y el del “Desarrollo de Infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal”, con 4 mil 308 millones 993 mil 45 pesos.

A éstos se aúnan el fideicomiso de “Mantenimiento de Casas Habitación de Magistrados y Jueces” para el cual se destina 76 millones 572 mil 294 pesos; el de “Apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del PJF con excepción de los de la SCJN” con 69 millones 75 mil 827 pesos, y el fondo para la “Administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las acciones colectivas difusas”.

Finalmente, un fideicomiso que se revocaría al TEPJF corresponde también al de “Apoyos Médicos Complementarios y de Apoyo Económico Extraordinario”. Aunque a diferencia del CJF — que también lo goza —, el Tribunal cuenta con 15 millones 943 mil 59 pesos; es decir, 67.4 millones menos de lo que se da al Consejo.

El listado también incluye al Fideicomiso “Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España”, pero con un saldo de 0.0 pesos.

¿Qué artículo se reformará?

El proyecto de decreto propone adicionar disposiciones al artículo cuarto transitorio del “Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación” referente al presupuesto aprobado para las erogaciones.

La propuesta de Mier Velazco busca que la modificación de dicho estatuto prohíba al Poder Judicial de la Federación disponer de fondos y fideicomisos ajenos a la Ley Orgánica. Se contará con un año para que los órganos fideicomitentes y las instituciones fiduciarias lleven a cabo los actos y suscriban los convenios de extinción o terminación.

Los recursos remanentes, productos y aprovechamientos se destinarán a la Tesorería de la Federación para “su mejor uso en beneficio de la Nación”.

Con información de milenio.com

Lo anterior, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien declaró como inconstitucional el lineamiento de cobro de parquímetros en la capital.

“No se ajusta la tarifa, se ajusta la temporalidad de la tarifa, que es lo que está señalando el boletín de prensa de la SCJN”, comentó.

Al respecto, el funcionario municipal, actualizó que esperarán recibir la notificación formal por parte del máximo órgano en el país, para tomar las decisiones al respecto.

“Cuando conozcamos la resolución es que estaremos tomando las medidas necesarias al respecto, por lo pronto, al día de hoy y días subsecuentes el sistema de parquímetros seguirá funcionando de manera normal”, dijo.

Puntualizó que lo que se señala como “inconstitucional” es el artículo de la Ley de Ingresos que se aprueba por parte del Congreso del estado.

Por lo tanto, lo que se estará revisando en la resolución es la manera en que se subsane, junto con el Poder Legislativo, la situación de la tarifa como tal.

Adán Domínguez, reiteró que la resolución aún no ha sido notificada de manera formal al ayuntamiento capitalino.

El resolutivo de la SCJN es resultado de las impugnaciones formuladas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, contra el artículo 57, fracción XI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el ejercicio fiscal 2023, en el que se establecía el cobro de un derecho por espacios para estacionamiento de vehículos, realizado mediante dispositivos digitales (parquímetros).