El titular del ejecutivo estatal también adelantó que esta semana habrá más enroques en otras dependencias con la finalidad de eficientar el cierre de la administración, la cual concluye en diciembre del 2024.

Detalló que el lugar de Castro Corro será ocupado por Josefina Morales Guerrero, que ya se desempeñaba en la dependencia, pero como subsecretaria de Egresos.

Céspedes Peregrina también comunicó la designación de Francisco Álvarez Arizpe como encargado de despacho del DIF estatal, en lugar de Leonor Vargas, quien se integrará a la Secretaría de Trabajo comandada por Gabriel Biestro Medinilla.

Por otra parte, indicó que Víctor Alejandro Correau Galeazzi estará al frente de una coordinación especial en Ciudad Modelo.

Acerca de Vargas Fosado, corroboró que el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto estará comandando la subsecretaría de Desarrollo Político adscrita a la Secretaría de Gobernación.

La funcionaria acudió al Congreso del estado, para comparecer sobre este quebranto financiero, luego de que la institución bancaria fue declarada en quiebra y en 2021 las autoridades hacendarias le revocaron su licencia para operar como banca múltiple.

En primer lugar, fue cuestionada, por el diputado Jaime Natale Uranga, del Partido Verde, quien le preguntó si existe oportunidad real para recuperar la inversión en el banco Accendo, y por qué se omitió información al respecto en comparecencias anteriores, así como si se realizan investigaciones para determinar responsabilidades en esta operación financiera.

Al respecto, Castro Corro sostuvo que no hay garantía de que el gobierno del estado consiga rescatar el monto o al menos una parte, ya que eso será determinado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

“La posibilidad de la recuperación del dinero es una posibilidad que se desconoce con precisión, en virtud de que quien es la autoridad competente es el IPAB, ellos son los que contratan al despacho litigador”, argumentó.

Además, afirmó que la inversión de 604 millones de pesos en Accendo fue el apego a la norma y el gobierno de Puebla no fue el único que lo hizo, sino que -defendió- lo hicieron 17 entes públicos del país, con más de 3 mil millones de pesos.

En su oportunidad, el diputado Carlos Navarro, cuestionó a Teresa Castro quiénes son los culpables en esta inversión que ha causado un “hoyo financiero”.

En respuesta, la funcionaria estatal respondió que ella no es juez para decir quiénes son culpables porque, además, está en proceso de recuperación ese dinero, aunque no existe la certeza de eso.

Ante el Poder Legislativo, añadió que como institución pública están en prelación cinco, pero para intentar sacar la recuperación se reducirá al orden de prelación a tres.

El presidente del Poder Legislativo, Eduardo Castillo López, detalló que la cita de la funcionaria es el próximo jueves a las 10 de la mañana.

Indicó que el tema principal será sobre los 600 mdp, pero también se aprovechará su visita para explicar sobre los 2 mil 600 mdp.

“Con ese entendido tendríamos que recibirla acá, que nos explique a los diputados y diputadas, será bien recibida, pero es importante que venga a decirnos a las poblanas y poblanos, dónde está el destino de este recurso”, manifestó.

Dijo que se está analizando el formato de comparecencia, tiempos, minutos, réplicas y contrarréplicas.

Indicó que en el formato que se decida para comparecer, se tendrán que adecuar todos los diputados y diputadas.

“En el tema de la secretaria Tere Castro, por el momento, ella sigue firme en su función y estaremos analizando, viendo, revisando con ella varios temas financieros”, declaró.

En conferencia de medios, el titular del ejecutivo estatal evitó responder si habrá una investigación en contra de la servidora pública por su presunta responsabilidad.

Resaltó que Castro Corro tiene el respaldo legal del gobierno estatal y expresó que dio la cara y dejó en claro las decisiones que tomó en su momento. También mencionó que está haciendo lo necesario para recuperar el dinero invertido.

“Yo quiero comentarles que tanto Teresa Castro como su servidor estamos haciendo las gestiones necesarias y estaremos en diferentes reuniones en las dependencias federales para poder buscar resarcir esta situación”, acotó.

En cuanto al litigio con el SAT que les heredó el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, el mandatario poblano indicó que no se dio a conocer antes debido a que estaba en curso dicho proceso legal.

Aseguró que el extinto gobernador Miguel Barbosa Huerta dio una batalla jurídica desde el inicio de la administración para generar las condiciones adecuadas y evitar una afectación mayor a las finanzas públicas.

Subrayó que de no haber liquidado la deuda con el SAT, equivalente a 2 mil 600 millones de pesos, continuaría creciendo el monto correspondiente.

“De no tomar estas decisiones, nos podía seguir costando un promedio de 30 millones de pesos mensuales”, declaró.

Por otra parte, Céspedes Peregrina confirmó la renuncia del director de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto, de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Rafael Agustín Huerta Sánchez.

Ante el cuestionamiento de quién podría relevarlo, dijo no tener una respuesta clara y adelantó que habrá más enroques para el cierre de la administración estatal.

En conferencia de medios, mencionó que solo existe una solicitud para aclarar un monto de 5 millones de pesos correspondiente al ejercicio fiscal 2021, aunque indicó que ya se tienen los documentos comprobatorios del mismo.

El funcionario estatal subrayó que la actual administración está comprometida con el cumplimiento de las normas y la transparencia.

“Ya se está trabajando en todas las dependencias y ejecutoras que salimos publicadas en este tercer informe de la cuenta pública, pero también quiero comentar que de obra pública no fuimos observados”, expresó.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, dijo que la ASF solo ha pedido aclarar el 3 por ciento de los recursos ejercidos en 2021.

Si el monto del año aludido fue de 100 mil millones de pesos, entonces el gobierno estatal debe solventar 3 mil millones de pesos.

Castro Corro detalló que, de esa cifra, dos mil millones tiene que ver con procesos de gestión y trámites, mientras que el resto obedece a “pliegos de observación”.

Explicó que dichos pliegos se deben desahogar y dijo que la mayoría consisten en cuestiones de tabuladores, es decir, se deben hacer expedientes y serán entregados para comprobar las observaciones.

Durante su comparecencia ante el Congreso del estado, la funcionaria estatal indicó que esas operaciones con recursos de procedencia ilícita, se han presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Se ha derivado también una adecuada coordinación con las notarias en respuesta a la reforma a la Ley del notariado. El propósito es prevenir y detectar conductas de recursos de procedencia ilícita que no afecte la situación y vulnere al estado”, comentó.

En su exposición ante los legisladores locales, la encargada de los recursos públicos en la entidad, informó que la deuda pública de Puebla heredada por gobiernos anteriores asciende a 44 mil 187 millones de pesos.

Desglosó que en el 2022 el gobierno destinó 3 mil 281 millones de pesos para pagar obligaciones.

Lo anterior significa que el 23 por ciento de los ayuntamientos que hay en la entidad no han sido disciplinados con la distribución de sus recursos financieros.

En entrevista, Castro Corro indicó que el gobierno estatal respalda a los municipios incumplidos con sus obligaciones mediante un adelanto del fondo general de participaciones.

“Desafortunadamente, los municipios no han tenido quizá la disciplina financiera para poder hacer frente a sus obligaciones y al finalizar cada ejercicio han recurrido al apoyo del estado”, mencionó.

En cuanto al monto que distribuirá la dependencia bajo su cargo a los ayuntamientos que no tienen dinero para el pago de aguinaldos, dijo que la bolsa asciende a más de 100 millones de pesos.

Aclaró que los pormenores de dicha bolsa se darán a conocer con exactitud en el Periódico Oficial del Estado y destacó que no se aplicará una tasa de recargo al anticipo.

Explicó que el gobierno estatal no solamente reparte recursos a los ayuntamientos para que hagan frente al pago del aguinaldo, sino también para que disminuyan sus deudas relativas a impuestos, entre ellos, el ISR.

Así lo refirió la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, en entrevista concedida a representantes de la prensa.

A decir de la funcionaria, el proceso de licitación de las nuevas instalaciones del Poder Legislativo local se publicará en enero del 2023; añadió que en la convocatoria correspondiente se precisará el monto exacto.

“Estamos en el proceso de la licitación, en cuanto salga, que va a ser en el mes de enero, ahí se van a enterar; son más de 500 millones, pero estamos presupuestando todo en finanzas sanas para dar cumplimiento a todos los proyectos”, apuntó.

A principios de agosto pasado, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, comunicó que el Congreso del Estado estrenaría nuevas oficinas en diciembre 2024.

Añadió que uno de sus objetivos es brindar su último informe de gobierno en la nueva sede y dijo que las y los legisladores locales merecen un lugar digno para desempeñar su labor.

Posteriormente, a mediados de noviembre pasado, Barbosa Huerta indicó que el nuevo recinto del Legislativo local estará en un predio ubicado sobre la calzada Ignacio Zaragoza, a unos metros del mausoleo a este prócer de la batalla del 5 de mayo.