Destaca en la agenda de esta semana la discusión sobre cómo elegir en los tiempos de la Cuarta Transformación que vive el país, al rector (a) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Porque actualmente conforme a lo establecido en la Legislación de la máxima casa de estudios de nuestro país, es facultad de la Junta de Gobierno nombrar cada cuatro años a la persona que le corresponderá ocupar la rectoría.

Dicha forma de elección, quizás para muchos ciudadanos no sea motivo de preocupación debido a que al tratarse de un proceso que sólo compete a los universitarios, la mayoría de los ciudadanos confiamos en que dicha casa de estudios, tiene la suficiente capacidad y pleno derecho de hacerlo por su carácter autónomo, reconocido por el artículo 3º fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“Las Universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas…”

Lo anterior significa que aún y cuando corresponde al Poder Legislativo aprobar las reformas a las leyes, en este caso, debería tomarse en cuenta, la opinión de las autoridades universitarias y de quienes integran la comunidad de la UNAM para impulsar una reforma que puede originar conflictos en su interior y dar pauta a desestabilizar el trabajo de la Institución que podría afectar a miles de estudiantes, académicos e investigadores, así como al personal administrativo.

Así las cosas, la semana pasada el diputado federal Armando Contreras Castillo, integrante de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, propuso una iniciativa que propone reformar la Ley Orgánica de la UNAM, para que al rector (a) lo elija la comunidad universitaria por voto directo, universal, libre, secreto, personal e intransferible, eliminando la facultad que tiene actualmente la Junta de Gobierno para designarle. Dicha reforma de aprobarse aplicaría para la próxima elección de rector en 2024.

La polémica iniciativa, es para muchos una primera intentona del Partido del Presidente, para tomar el control de la rectoría de la UNAM y lograr colocar a una persona afín a su gobierno y que le permita en el corto plazo incidir en todos los procesos de elección de Directores de las Facultades e Institutos de la Universidad Nacional. Fórmula que seguramente en los meses siguientes se extendería para reformar todas las leyes orgánicas de las universidades autónomas del país.

Otras opiniones han expresado que es una buena iniciativa, porque da mayor nivel de participación a la comunidad universitaria en un proceso abierto y democrático en el que valdría lo mismo el voto de un director (a) de un maestro, de un trabajador o de un estudiante y ganaría quién obtenga el mayor número de votos en la jornada electoral; modelo que se aplicaba en varias universidades públicas del país en las décadas de los setentas hasta principios de los noventas y que fue sustituido mediante el voto ponderado o sectorial expresado en los Consejos Universitarios para nombrar a los rectores.

Uno de los elementos que deben analizarse antes de aprobar esta iniciativa son las dificultades que implican el llevar a cabo todo un proceso electoral en Ciudad Universitaria y demás Unidades, debido a que la población estudiantil es superior a los cien mil alumnos y casi doce mil académicos, a los que deben sumarse el personal administrativo, es decir, casi se estaría en una elección municipal, con los costos económicos que traería consigo en un proceso que seguramente tendría conflictos posteriores y que desestabilizaría la vida académica de la Universidad.

Desde mi punto de vista deben ser los propios universitarios quienes definan si el modelo actual de elección debe permanecer o bien si es necesario cambiarlo, y sólo así se justificaría que el Poder Legislativo aborde una reforma de tal trascendencia, cuando hay otras iniciativas en la congeladora del Congreso que requieren ser discutidas y que no cuentan con el apoyo de la mayoría para iniciar su análisis.

En los próximos días veremos si el Presidente apoya la iniciativa del diputado Armando Contreras e insta a la bancada de Morena para que se apruebe, o sólo es una forma de mandar un mensaje siciliano a la UNAM que tiene en sus manos la decisión final de la acusación del plagio de su tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

Cabe recordar que, diciembre pasado, el diputado de izquierda cuestionó la designación exprés del exlíder del Congreso de Puebla como mandatario sustituto.

Fernández Noroña subrayó que la Cuarta Transformación debe ir en unidad para frenar los golpes de la oposición que, en su consideración, va avanzando y mantiene una postura reaccionaria.

“Platicamos ya, para mí la unidad es lo más importante, entonces, distendimos las cosas para ir en una sola línea, apoyando el movimiento”, dijo. 

Al ser cuestionado sobre los recientes cambios en la administración estatal, Fernández Noroña comentó que son responsabilidad total de Céspedes Peregrina.

Añadió que debería de abrirse un proceso en caso de que alguno de los nuevos funcionarios tenga acusaciones de presuntos nexos con el crimen organizado

Respecto a la condena vertida por Miguel Barbosa Orozco, hijo del extinto mandatario Miguel Barbosa Huerta, contra las nuevas designaciones en el gobierno, sostuvo que este es quien debe dar respuesta sobre el tema. 

El socio mayoritario de Tecnología y Diseño Industrial SAPI de CV, José Adán Ortega Blanco, es originario de Managua, Nicaragua, donde nació el 4 de abril de 1953. Se naturalizó mexicano y reside de manera permanente en Jalisco, de acuerdo con datos del Registro Público del Comercio de esa entidad, consultados por La Silla Rota.

En su artículo de opinión de esta semana en El Financiero, Darío Celis alertó sobre dicha empresa y sus filiales, pero particularmente ésta. Según dijo el periodista, porque su dueño está ligado familiarmente a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y acusado de establecer una dictadura que persigue a disidentes políticos y miembros de la iglesia católica en ese país.

La Silla Rota realizó una búsqueda de los contratos que ha firmado Tecnología y Diseño Industrial SAPI de CV con el gobierno federal en diferentes años. Aunque la empresa se creó en 2001, hasta mediados de 2018 existen registros de que sea proveedor del gobierno federal.

En ese año, la empresa que se presume como “100 % mexicana” firmó cuatro contratos: dos con el Hospital Juárez de México y otros dos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para la adquisición de insumos para realizar procedimientos quirúrgicos de ortopedia y traumatología.

Dichos contratos le dieron a ganar 169 millones 797 mil 767 pesos a la empresa del nicaragüense José Adán Ortega Blanco. Pero la opulencia vendría después, cuando llegó a ser proveedor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

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