En la sede del @INAMI_mx, y en un ambiente de respeto y cordialidad, se llevó a cabo la ceremonia de transición de mando de @fgymexico al nuevo comisionado del Instituto, @SergioSalomonC, quien a partir del 1 de mayo asume la titularidad del #INM.

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— INM (@INAMI_mx) April 30, 2025

Sergio Salomón Céspedes releva a Francisco Garduño en el INM

El relevo se llevó a cabo en un acto interno y sin acceso a medios. A través de redes sociales, el INM informó que la transición ocurrió en un marco institucional. Céspedes agradeció la confianza depositada y se comprometió a dar continuidad a las políticas migratorias. Por su parte, Garduño deseó éxito a su sucesor en el nuevo encargo.

Perfil de Sergio Salomón Céspedes como nuevo titular del INM

Sergio Salomón Céspedes, originario de Tepeaca, Puebla, es abogado de profesión. Ha ocupado cargos como diputado local, presidente municipal de Tepeaca y gobernador del estado de Puebla.

El Instituto Nacional de Migración, fundado en 1993, es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación cuya función principal es garantizar una migración ordenada y segura en el país.

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Los migrantes rescatados por las autoridades migratorias mexicanas dijeron ser originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba e India.

De acuerdo con el organismo del Gobierno mexicano, una primera detención se dio en la carretera Orizaba-Puebla, en el centro del país, durante un operativo de verificación.

Se le procedió a hacerle el alto al conductor del vehículo torton, el cual era acompañado de una camioneta de color blanco.

“Al revisar la caja de carga fueron localizados 107 extranjeros provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua, mismos que no pudieron acreditar su estancia regular en territorio nacional”, detalló el Instituto.

Entre este grupo se encontró a 37 personas adultas, 20 menores de edad no acompañados y 21 familias integradas por 50 personas más.

El INM precisó que los menores migrantes que carecían de acompañamiento y los núcleos familiares identificados fueron canalizados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

También se dio parte a la Procuraduría de la Defensa del Menor en Veracruz, en el sur de México, mientras que los adultos fueron llevados a oficinas migratorias para realizar los trámites migratorios correspondientes.

En tanto, se procedió contra las seis personas que transportaban a los migrantes extranjeros en el camión torton y los custodios de la camioneta blanca fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en la entidad junto con los vehículos.

En un segundo momento, las autoridades mexicanas detectaron un tractocamión mal estacionado en un camino cercano a Fortín de las Flores.

Cuando se procedió a su inspección se encontró en su interior a 196 personas que refirieron ser extranjeras, quienes tampoco pudieron acreditar su estancia regular en el país.

Tras la inspección migratoria y conteo correspondiente, el INM reveló que cinco adultos eran provenientes de Guatemala y otros cinco mayores de edad de India.

Otros 19 eran niñas, niños y adolescentes no acompañados y los restantes 167 estaban conformados en 70 grupos familiares.

Todos estos migrantes también fueron canalizados al DIF, mientras que las personas mayores se condujeron a instalaciones del Instituto de Migración para efectuar trámites migratorios correspondientes.

“En este caso no hubo personas detenidas”, detalló el INM, mientras que indicó que el tractocamión fue puesto a disposición de las autoridades mexicanas.

Con información de lopezdoriga.com

Cabe recordar una de sus frases, en uno de sus tantos discursos: “Ya no será México el país de la violencia, de los desaparecidos y de la violación de los derechos humanos”.

Lo anterior viene a colación, después de más de cuatro años del gobierno de la cuarta transformación, por los hechos lamentables ocurridos el pasado 27 de marzo en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez donde perdieron la vida 40 personas en un incendio provocado al interior del lugar para protestar por las pésimas condiciones de hacinamiento y violación a sus derechos humanos de migrantes provenientes de países como El Salvador, Honduras y Guatemala que fueron abandonados por personal del Instituto Nacional de Migración y vigilantes que los tenían bajo su custodia y que pudieron evitar la tragedia, sin que hayan al menos intentado abrir los candados de las rejas de seguridad de las celdas en que se encontraban detenidos.

Por los hechos anteriores, la Fiscalía General de la República determinó ejercer acción penal contra el Comisionado y la próxima semana un juez de control de Ciudad Juárez lo citó junto con otros tres funcionarios para investigarlo por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, por la muerte de los 40 migrantes y que no amerita prisión preventiva. De las cuatro órdenes de aprehensión, por este caso la Fiscalía General de la República detuvo ayer a tres funcionarios del INM y busca al delegado del Instituto en Chihuahua por los mismos hechos.

El hecho por sí mismo demuestra una total falta de cuidado y negligencia de las autoridades del INM a cargo del actual Comisionado, amigo del presidente López Obrador que lo ha defendido públicamente en su conferencia mañanera afirmando que: “es un funcionario que conozco desde hace muchos años y hace bien su trabajo”; es decir, sin tomar en consideración los graves señalamientos que pesan en  su contra, no sólo por estos hechos, sino también por las 54 recomendaciones que ha emitido en su contra la CNDH, el Presidente lanza el mensaje a la opinión pública, de que un acto como la muerte de los 40 migrantes, puede ser minimizado o simplemente ignorado, cuando se trata de un funcionario que goza de su confianza y amistad, por lo que, seguramente seguirá en el cargo y al final de las investigaciones quedará impune y libre de toda culpa, recayendo la responsabilidad en funcionarios de menor nivel, que terminarán en prisión como culpables de las muertes de los migrantes.

En cualquier otro país del mundo, lo primero que aplicaría es la renuncia inmediata de los funcionarios encargados del área y el llevar a cabo las investigaciones correspondientes para detener a quienes se encuentren como responsables , condenando los hechos y atendiendo a los familiares de las víctimas, hasta incluso cubrir las indemnizaciones que procedan por parte del estado mexicano; pero las cosas en México no funcionan así y sólo por la presión que han ejercido gobiernos como el de Guatemala y El Salvador, que han protestado y exigido que México asuma su responsabilidad, es por lo que la Fiscalía General de la República se ha visto obligada a actuar y esperamos como ciudadanos, que sus investigaciones sean objetivas y esclarezcan estos hechos, para conocimiento de la sociedad en general.

La renuncia de Francisco Garduño no puede esperar y de permanecer en el cargo a pesar de la muerte de los 40 migrantes y de las 54 recomendaciones de la CNDH emitidas en su contra a lo largo de los cuatro años que lleva en el cargo como Comisionado, serían una mala señal y mensaje para los mexicanos, de que pesa más el apoyo y amistad con el Presidente, que la protección a los derechos humanos de todo aquel que pise nuestro territorio ya sea como nacional o extranjero, cuyas vidas estarían en grave riesgo porque el Estado estaría permitiendo que se sigan cometiendo violaciones en sus derechos humanos, con funcionarios protegidos por el manto presidencial.

De acuerdo a publicaciones de medios nacionales como El Universal, Francisco Garduño en los casi cuatro años que se ha desempeñado como Comisionado del INM ha recibido 54 recomendaciones y una por violaciones graves de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por abusos de su personal contra detenidos como: lesiones, tortura, agresiones sexuales y extorsión.

“Sobre todo, estamos exigiendo también la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria de México“, dijo la funcionaria en una conferencia de prensa en la que se informó de la entrega de los cuerpos de las víctimas a sus familiares en territorio salvadoreño.

La noche del 27 de marzo, un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos, mató a 40 migrantes, entre ellos 6 hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, incidente que el gobierno salvadoreño califica de ser un “crimen de Estado”.

Portal subrayó que desde el gobierno salvadoreño “estamos exigiendo que los culpables de este crimen puedan pagar con cárcel, que la Fiscalía (mexicana) haga el trabajo que le corresponde de hacer una investigación exhaustiva”.

Además, indicó que han pedido que “los sobrevivientes formen parte de la carpeta técnica de la investigación”.

“Nuestro país está y estará muy pendiente de cada uno de los avances que se realicen en este país (México), porque no queremos que este hecho quede y sea uno más que quede en la impunidad”, agregó.

La viceministra indicó que este no es el primer caso en el que se reporta la muerte de migrantes salvadoreños en territorio mexicano y que “hay muchos casos que han quedado en la impunidad y que nosotros estamos solicitando el resarcimiento de los daños”.

Recordó que en 2010, en la masacre de 72 migrantes, fueron asesinados 14 salvadoreños, que en 2011 se localizaron los cuerpos de dos de sus compatriotas en Tamaulipas en fosas clandestinas, y las muertes de Victoria Salazar y César Adonay a manos de agentes estatales.

De acuerdo con Portal, los fallecidos en el incendio son todos hombres, con edades entre los 35 y 40 años de edad, quienes son originarios de los departamentos de Sonsonate, Chalatenango, La Libertad y San Salvador.

Indicó que en el incendio resultaron heridas 5 personas más, de las que 2 se encuentran hospitalizadas, además 3 mujeres sobrevivieron y “continuaron su camino hacia Estados Unidos“.

Con información de eluniversal.com.mx