Los migrantes rescatados por las autoridades migratorias mexicanas dijeron ser originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba e India.

De acuerdo con el organismo del Gobierno mexicano, una primera detención se dio en la carretera Orizaba-Puebla, en el centro del país, durante un operativo de verificación.

Se le procedió a hacerle el alto al conductor del vehículo torton, el cual era acompañado de una camioneta de color blanco.

“Al revisar la caja de carga fueron localizados 107 extranjeros provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua, mismos que no pudieron acreditar su estancia regular en territorio nacional”, detalló el Instituto.

Entre este grupo se encontró a 37 personas adultas, 20 menores de edad no acompañados y 21 familias integradas por 50 personas más.

El INM precisó que los menores migrantes que carecían de acompañamiento y los núcleos familiares identificados fueron canalizados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

También se dio parte a la Procuraduría de la Defensa del Menor en Veracruz, en el sur de México, mientras que los adultos fueron llevados a oficinas migratorias para realizar los trámites migratorios correspondientes.

En tanto, se procedió contra las seis personas que transportaban a los migrantes extranjeros en el camión torton y los custodios de la camioneta blanca fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en la entidad junto con los vehículos.

En un segundo momento, las autoridades mexicanas detectaron un tractocamión mal estacionado en un camino cercano a Fortín de las Flores.

Cuando se procedió a su inspección se encontró en su interior a 196 personas que refirieron ser extranjeras, quienes tampoco pudieron acreditar su estancia regular en el país.

Tras la inspección migratoria y conteo correspondiente, el INM reveló que cinco adultos eran provenientes de Guatemala y otros cinco mayores de edad de India.

Otros 19 eran niñas, niños y adolescentes no acompañados y los restantes 167 estaban conformados en 70 grupos familiares.

Todos estos migrantes también fueron canalizados al DIF, mientras que las personas mayores se condujeron a instalaciones del Instituto de Migración para efectuar trámites migratorios correspondientes.

“En este caso no hubo personas detenidas”, detalló el INM, mientras que indicó que el tractocamión fue puesto a disposición de las autoridades mexicanas.

Con información de lopezdoriga.com

Al funcionario federal no se le dio prisión preventiva, pero el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderóndeterminó que Garduño deberá acudir a firmar los martes cada 15 días.

Luego de más de 10 horas de audiencia, se concluyó que sí existen datos de prueba para considerar que el titular del INM fue omiso en el cumplimiento de sus funciones encomendadas.

En ese sentido, fue omiso en ejercer, supervisar, proteger y brindar seguridad a los migrantes a cargo del INM, especialmente los que se encontraban en la estación migratoria de Ciudad de Juárez.

Francisco Garduño ingresó al Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez a las 11:00 horas y concluyó después de las 21:00 horas y se realizó este domingo porque el pasado 25 de abril pidió la duplicidad del término constitucional. Ayer, se establecieron 4 meses para la investigación complementaria para este caso.

Con información de heraldodemexico.com.mx

También declaró válidos seis artículos de la norma impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que facultan a la GN para intervenir comunicaciones por considerar que dotan a la figura regulada de un marco jurídico certero y preciso.

Así como las cinco fracciones del citado artículo 9 que facultan a la GN a realizar investigación para la prevención de los delitos; recabar información en lugares públicos utilizando medios e instrumentos y cualquier herramienta necesarios para la generación de inteligencia preventiva; obtener, analizar y procesar información, y realizar acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la red pública de Internet sobre sitios web para prevenir conductas delictivas, y requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales informes y documentos para fines de investigación.

Por el contrario, el máximo tribunal constitucional del país declaró la invalidez de la fracción VI del artículo 9, que faculta a la GN a realizar “operaciones encubiertas y de usuarios simulados”, en investigaciones para la prevención de delitos.

Con información de eleconomista.com.mx

En el país existen 35 estaciones en 26 estados para cuatro mil 300 migrantes de forma simultánea, además de 348 estancias provisionales. Año con año, la Auditoría Superior de la Federación (AFS) ha reportado las irregularidades que cometidas con el dinero destinado a indocumentados sin que se corrijan con la llegada de un nuevo titular.

Garduño, quien heredó una estela de corrupción, tampoco le salen las cuentas. Solo en 2020, la ASF encontró pagos injustificados por 143.3 millones de pesos en su auditoría a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones que practicó al instituto, y al menos 2.3 millones de pesos por pagos indebidos en el servicio de alimentos para los migrantes.

El INM otorgó por adjudicación directa a Tecnología en Sistemas de Apoyo un contrato por 53 millones de pesos (CS/INM/135/2019) para el “Servicio administrado de seguridad informática y monitoreo de red (SNOC)”, a fin de proteger su información; el supuesto escudo no detuvo el ataque de abril de 2020 que afectó equipos, usuarios y la disponibilidad de sus datos, razón por la que la ASF emitió un pliego de observación —como se le llama a los probables desfalcos al erario— por ese monto.

Según el contrato CS/INM/136/2019 destinado al “Arrendamiento de equipo informático de escritorio”, la empresa Comercializadora Antsua cobró 107.7 millones de pesos por un mes, del 29 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, ampliando al 31 de marzo de 2020. El proveedor otorgó los equipos por 65 millones de pesos, sin prestar más servicios. La ASF clasificó 42.7 millones de pesos (restantes) como probable desfalco, ya que los requisitos del contrato por 30 días “justificaban una adquisición y no un arrendamiento”.

Otro pago injustificado se dio en el contrato CS/INM/083/2020 para el “Servicio administrado para la expedición de tarjetas de identificación de condición migratoria”. La empresa Nemecisco recibió por adjudicación directa el contrato CS/INM/083/2020 por 81.1 millones de pesos cuando en realidad los insumos ascendían a 8.5 millones de pesos, sin tener costos adicionales. La ASF determinó que hubo un beneficio económico no justificado por 72.6 millones de pesos: 23.1 millones de pesos en 2020 y 49.4 millones de la Cuenta Pública 2021.

La Auditoría Superior señaló que no se analizó la conveniencia de esa adquisición y solo se consideró “el servicio”. Además, Nemecisco distribuyó parte de los recursos recibidos a empresas ubicadas en Estados Unidos, Suiza, Panamá e Israel.

Según el Registro Público del Comercio, Comercializadora Antsua fue constituida en Tlalnepantla, Edomex, en 2017, y pertenece a Omar Guadalupe Ramírez Carrillo y Armando Tapia García, mientras que Nemecisco fue creada en marzo de 2018, en CdMx, y sus socios son Mayra Fernández Martínez y Marcela García López. Ambas tenían al mismo apoderado legal: Marco Antonio Suárez Cedillo.

Además, en 2019, la Auditoría emitió un pliego de observación por alimentos. Escore Alimentos ganó un contrato por 119 millones de pesos para proveer de comida en estaciones del centro, sur y suroeste del país, el más alto en la historia del INM por ese concepto, sin embargo, el análisis de las comandas reveló que otras empresas se hicieron cargo del servicio en Sonora, Yucatán, Puebla, Chihuahua y Michoacán, por un monto de 2.3 millones de pesos. Migración otorgó dos contratos más a la misma compañía por el mismo servicio y por adjudicación directa.

Escore México o Escore Alimentos –como viene en el contrato– fue inhabilitada por la Secretaría de Función Pública dos años y medio y multada con un millón 540 mil pesos en diciembre de 2019, aunque siguió participando con otros nombres.

La alimentación para migrantes es rubro en el que más recursos se “pierden”: 184.6 millones de pesos, seguido por el traslado de migrantes con 129.8 millones de pesos, el mantenimiento a inmuebles, 95.2 millones de pesos, y los servicios de vigilancia, 47.6 millones de pesos, de acuerdo con las auditorías disponibles de 2015, 2017 y 2018.

Con información de milenio.com

Cabe recordar una de sus frases, en uno de sus tantos discursos: “Ya no será México el país de la violencia, de los desaparecidos y de la violación de los derechos humanos”.

Lo anterior viene a colación, después de más de cuatro años del gobierno de la cuarta transformación, por los hechos lamentables ocurridos el pasado 27 de marzo en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez donde perdieron la vida 40 personas en un incendio provocado al interior del lugar para protestar por las pésimas condiciones de hacinamiento y violación a sus derechos humanos de migrantes provenientes de países como El Salvador, Honduras y Guatemala que fueron abandonados por personal del Instituto Nacional de Migración y vigilantes que los tenían bajo su custodia y que pudieron evitar la tragedia, sin que hayan al menos intentado abrir los candados de las rejas de seguridad de las celdas en que se encontraban detenidos.

Por los hechos anteriores, la Fiscalía General de la República determinó ejercer acción penal contra el Comisionado y la próxima semana un juez de control de Ciudad Juárez lo citó junto con otros tres funcionarios para investigarlo por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, por la muerte de los 40 migrantes y que no amerita prisión preventiva. De las cuatro órdenes de aprehensión, por este caso la Fiscalía General de la República detuvo ayer a tres funcionarios del INM y busca al delegado del Instituto en Chihuahua por los mismos hechos.

El hecho por sí mismo demuestra una total falta de cuidado y negligencia de las autoridades del INM a cargo del actual Comisionado, amigo del presidente López Obrador que lo ha defendido públicamente en su conferencia mañanera afirmando que: “es un funcionario que conozco desde hace muchos años y hace bien su trabajo”; es decir, sin tomar en consideración los graves señalamientos que pesan en  su contra, no sólo por estos hechos, sino también por las 54 recomendaciones que ha emitido en su contra la CNDH, el Presidente lanza el mensaje a la opinión pública, de que un acto como la muerte de los 40 migrantes, puede ser minimizado o simplemente ignorado, cuando se trata de un funcionario que goza de su confianza y amistad, por lo que, seguramente seguirá en el cargo y al final de las investigaciones quedará impune y libre de toda culpa, recayendo la responsabilidad en funcionarios de menor nivel, que terminarán en prisión como culpables de las muertes de los migrantes.

En cualquier otro país del mundo, lo primero que aplicaría es la renuncia inmediata de los funcionarios encargados del área y el llevar a cabo las investigaciones correspondientes para detener a quienes se encuentren como responsables , condenando los hechos y atendiendo a los familiares de las víctimas, hasta incluso cubrir las indemnizaciones que procedan por parte del estado mexicano; pero las cosas en México no funcionan así y sólo por la presión que han ejercido gobiernos como el de Guatemala y El Salvador, que han protestado y exigido que México asuma su responsabilidad, es por lo que la Fiscalía General de la República se ha visto obligada a actuar y esperamos como ciudadanos, que sus investigaciones sean objetivas y esclarezcan estos hechos, para conocimiento de la sociedad en general.

La renuncia de Francisco Garduño no puede esperar y de permanecer en el cargo a pesar de la muerte de los 40 migrantes y de las 54 recomendaciones de la CNDH emitidas en su contra a lo largo de los cuatro años que lleva en el cargo como Comisionado, serían una mala señal y mensaje para los mexicanos, de que pesa más el apoyo y amistad con el Presidente, que la protección a los derechos humanos de todo aquel que pise nuestro territorio ya sea como nacional o extranjero, cuyas vidas estarían en grave riesgo porque el Estado estaría permitiendo que se sigan cometiendo violaciones en sus derechos humanos, con funcionarios protegidos por el manto presidencial.

De acuerdo a publicaciones de medios nacionales como El Universal, Francisco Garduño en los casi cuatro años que se ha desempeñado como Comisionado del INM ha recibido 54 recomendaciones y una por violaciones graves de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por abusos de su personal contra detenidos como: lesiones, tortura, agresiones sexuales y extorsión.

“Sobre todo, estamos exigiendo también la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria de México“, dijo la funcionaria en una conferencia de prensa en la que se informó de la entrega de los cuerpos de las víctimas a sus familiares en territorio salvadoreño.

La noche del 27 de marzo, un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos, mató a 40 migrantes, entre ellos 6 hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, incidente que el gobierno salvadoreño califica de ser un “crimen de Estado”.

Portal subrayó que desde el gobierno salvadoreño “estamos exigiendo que los culpables de este crimen puedan pagar con cárcel, que la Fiscalía (mexicana) haga el trabajo que le corresponde de hacer una investigación exhaustiva”.

Además, indicó que han pedido que “los sobrevivientes formen parte de la carpeta técnica de la investigación”.

“Nuestro país está y estará muy pendiente de cada uno de los avances que se realicen en este país (México), porque no queremos que este hecho quede y sea uno más que quede en la impunidad”, agregó.

La viceministra indicó que este no es el primer caso en el que se reporta la muerte de migrantes salvadoreños en territorio mexicano y que “hay muchos casos que han quedado en la impunidad y que nosotros estamos solicitando el resarcimiento de los daños”.

Recordó que en 2010, en la masacre de 72 migrantes, fueron asesinados 14 salvadoreños, que en 2011 se localizaron los cuerpos de dos de sus compatriotas en Tamaulipas en fosas clandestinas, y las muertes de Victoria Salazar y César Adonay a manos de agentes estatales.

De acuerdo con Portal, los fallecidos en el incendio son todos hombres, con edades entre los 35 y 40 años de edad, quienes son originarios de los departamentos de Sonsonate, Chalatenango, La Libertad y San Salvador.

Indicó que en el incendio resultaron heridas 5 personas más, de las que 2 se encuentran hospitalizadas, además 3 mujeres sobrevivieron y “continuaron su camino hacia Estados Unidos“.

Con información de eluniversal.com.mx

Los migrantes haitianos, algunos de los cuales acampan hoy en la colonia Juárez, en la Ciudad de México, recuerdan con exactitud cómo los agentes del Instituto Nacional de Migración les exigían el pago de cuotas para dejarlos desplazarse por México. Un hombre que habló bajo condición de anonimato, relató cómo en Chiapas, agentes migratorios le quitaron su dinero.

“Nos bajaron, eran como 8 haitianos que estaban en ese bus. Nos pidieron 300 pesos a cada uno, pero a mí me dijeron ´lo voy a revisar’, metieron la mano en el bolsillo y me quitaron mil 800.”

El joven, que viajaba con su esposa y su hija, no hizo nada para evitarlo. Desconocía si se trataba de un protocolo o si el protestar habría causado que lo deportaran de Haití, de donde salió hace seis años. Pero el sur no es la excepción, en el norte, ya cerca del sueño americano, los problemas solo incrementan.

Los migrantes han acusado a los oficiales de estar involucrados en secuestros, extorsión y trabajo mano a mano con traficantes de personas en todo México.

En Ciudad Juárez, donde el 27 de marzo un incendio que se salió de control dejó 40 migrantes muertos en un centro de detención provisional del INM. Édgar Caro Ramírez, quien era subdelegado federal del INM en Chihuahua, hoy se encuentra desaparecido tras el incendio en el centro de detención.

Daniel Goray era el titular del centro de detención donde ocurrió el incendio y se encuentra vinculado a proceso por omisión de su función derivado del incendio en Ciudad Juárez. Junto a él, fueron vinculados a proceso dos agentes del INM, Rodolfo Collazo y Liliana Ramos. Según relató un funcionario del Instituto, el día del incendio, Collazo tuvo que salir a una diligencia y Liliana Ramos desatendió el centro de detención, lo que permitió que se causara el incendio.

Y es que según denuncias, hay señalamientos de extorsiones a migrantes, pero también a turistas y visitantes extranjeros para solicitarles dinero a manera de propinas. Una pequeña “mina de oro” para los agentes migratorios mexicanos.

Con información de milenio.com

Al acercarse tres décadas de su fundación, desde el gobierno federal se proyecta impulsar la creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, la cual se encargue de protección de los derechos humanos de los migrantes así como de mexicanos en el extranjero.

El INM fue fundado el 9 de octubre de 1993 en el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

El organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación sería el encargado de la planeación y ejecución de los servicios migratorios en el país.

Durante los 29 años de su fundación, el INM se ha visto rebasado por el número de migrantes a atender, y varios de sus funcionarios se han visto involucrados en actos de corrupción y polémicas por violaciones a derechos humanos.

Antecedentes de la Coordinación

Para atender el tema migratorio y el crecimiento del flujo, el presidente Andrés Manuel López Obrador proyectó desde 2018 hacer un cambio. Sin embargo, debido a la presión del gobierno del entonces presidente Donald Trump, debió pausarse.

En su calidad de presidente electo, López Obrador convocó en 2018 a realizar mesas de transición para abordar el tema migratorio para aplicar una nueva política.

Sin embargo, debido a que el gobierno de Trump amenazó con imponer aranceles a importaciones mexicanas si México no contribuía a frenar el flujo migratorio, México debió desplegar elementos de la Guardia Nacional en sus fronteras.

Ahora, el gobierno de México está retomando su plan inicial para atender el fenómeno de la migración con otra óptica.

Ha trascendido que el religioso Alejandro Solalinde, quien durante muchos años ha trabajado de cerca con los extranjeros que llegan al país, estaría al frente de la nueva coordinación, de forma honoraria.

¿Qué es la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería?

Esta institución tendrá como propósito velar los derechos humanos de los migrantes, inversionistas extranjeros que llegan a México, así como de mexicanos en el exterior.

¿Quiénes integrarán la coordinación?

Esta coordinación no tendrá a una sola institución involucrada. Al ser la migración un asunto transversal, se incorporarán a estas instituciones:

• Secretaría de Gobernación.
• Secretaría de Relaciones Exteriores.
• Secretaría de Educación Pública.
• Secretaría del Trabajo y Prevención Social.
• Secretaría de Salud.
• Secretaría de Bienestar.
• Secretaría de la Defensa Nacional.
• Secretaría de Marina.
• Guardia Nacional.
• Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
• Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Con información de Expansión

Lo anterior, para evitar alguna tragedia como lo sucedido en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde en un incendio murieron al menos 39 centroamericanos.

Al respecto, el funcionario estatal detalló que se revisan las instalaciones a cargo del Instituto Nacional de Migración, ubicados en la zona del aeropuerto en Huejotzingo y el otro en la ciudad de Puebla.

Explicó que desde ayer jueves 30 de marzo comenzaron los trabajos de revisión y será este día por la tarde-noche cuando le entreguen los resultados.

Preliminarmente, descartó que existan algún tipo de irregularidades en estos dos albergues.

“Se están verificando para ver qué pudiera existir para poner en riesgo vida de las personas”, comentó.