Al funcionario federal no se le dio prisión preventiva, pero el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderóndeterminó que Garduño deberá acudir a firmar los martes cada 15 días.

Luego de más de 10 horas de audiencia, se concluyó que sí existen datos de prueba para considerar que el titular del INM fue omiso en el cumplimiento de sus funciones encomendadas.

En ese sentido, fue omiso en ejercer, supervisar, proteger y brindar seguridad a los migrantes a cargo del INM, especialmente los que se encontraban en la estación migratoria de Ciudad de Juárez.

Francisco Garduño ingresó al Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez a las 11:00 horas y concluyó después de las 21:00 horas y se realizó este domingo porque el pasado 25 de abril pidió la duplicidad del término constitucional. Ayer, se establecieron 4 meses para la investigación complementaria para este caso.

Con información de heraldodemexico.com.mx

En el país existen 35 estaciones en 26 estados para cuatro mil 300 migrantes de forma simultánea, además de 348 estancias provisionales. Año con año, la Auditoría Superior de la Federación (AFS) ha reportado las irregularidades que cometidas con el dinero destinado a indocumentados sin que se corrijan con la llegada de un nuevo titular.

Garduño, quien heredó una estela de corrupción, tampoco le salen las cuentas. Solo en 2020, la ASF encontró pagos injustificados por 143.3 millones de pesos en su auditoría a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones que practicó al instituto, y al menos 2.3 millones de pesos por pagos indebidos en el servicio de alimentos para los migrantes.

El INM otorgó por adjudicación directa a Tecnología en Sistemas de Apoyo un contrato por 53 millones de pesos (CS/INM/135/2019) para el “Servicio administrado de seguridad informática y monitoreo de red (SNOC)”, a fin de proteger su información; el supuesto escudo no detuvo el ataque de abril de 2020 que afectó equipos, usuarios y la disponibilidad de sus datos, razón por la que la ASF emitió un pliego de observación —como se le llama a los probables desfalcos al erario— por ese monto.

Según el contrato CS/INM/136/2019 destinado al “Arrendamiento de equipo informático de escritorio”, la empresa Comercializadora Antsua cobró 107.7 millones de pesos por un mes, del 29 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, ampliando al 31 de marzo de 2020. El proveedor otorgó los equipos por 65 millones de pesos, sin prestar más servicios. La ASF clasificó 42.7 millones de pesos (restantes) como probable desfalco, ya que los requisitos del contrato por 30 días “justificaban una adquisición y no un arrendamiento”.

Otro pago injustificado se dio en el contrato CS/INM/083/2020 para el “Servicio administrado para la expedición de tarjetas de identificación de condición migratoria”. La empresa Nemecisco recibió por adjudicación directa el contrato CS/INM/083/2020 por 81.1 millones de pesos cuando en realidad los insumos ascendían a 8.5 millones de pesos, sin tener costos adicionales. La ASF determinó que hubo un beneficio económico no justificado por 72.6 millones de pesos: 23.1 millones de pesos en 2020 y 49.4 millones de la Cuenta Pública 2021.

La Auditoría Superior señaló que no se analizó la conveniencia de esa adquisición y solo se consideró “el servicio”. Además, Nemecisco distribuyó parte de los recursos recibidos a empresas ubicadas en Estados Unidos, Suiza, Panamá e Israel.

Según el Registro Público del Comercio, Comercializadora Antsua fue constituida en Tlalnepantla, Edomex, en 2017, y pertenece a Omar Guadalupe Ramírez Carrillo y Armando Tapia García, mientras que Nemecisco fue creada en marzo de 2018, en CdMx, y sus socios son Mayra Fernández Martínez y Marcela García López. Ambas tenían al mismo apoderado legal: Marco Antonio Suárez Cedillo.

Además, en 2019, la Auditoría emitió un pliego de observación por alimentos. Escore Alimentos ganó un contrato por 119 millones de pesos para proveer de comida en estaciones del centro, sur y suroeste del país, el más alto en la historia del INM por ese concepto, sin embargo, el análisis de las comandas reveló que otras empresas se hicieron cargo del servicio en Sonora, Yucatán, Puebla, Chihuahua y Michoacán, por un monto de 2.3 millones de pesos. Migración otorgó dos contratos más a la misma compañía por el mismo servicio y por adjudicación directa.

Escore México o Escore Alimentos –como viene en el contrato– fue inhabilitada por la Secretaría de Función Pública dos años y medio y multada con un millón 540 mil pesos en diciembre de 2019, aunque siguió participando con otros nombres.

La alimentación para migrantes es rubro en el que más recursos se “pierden”: 184.6 millones de pesos, seguido por el traslado de migrantes con 129.8 millones de pesos, el mantenimiento a inmuebles, 95.2 millones de pesos, y los servicios de vigilancia, 47.6 millones de pesos, de acuerdo con las auditorías disponibles de 2015, 2017 y 2018.

Con información de milenio.com

Cabe recordar una de sus frases, en uno de sus tantos discursos: “Ya no será México el país de la violencia, de los desaparecidos y de la violación de los derechos humanos”.

Lo anterior viene a colación, después de más de cuatro años del gobierno de la cuarta transformación, por los hechos lamentables ocurridos el pasado 27 de marzo en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez donde perdieron la vida 40 personas en un incendio provocado al interior del lugar para protestar por las pésimas condiciones de hacinamiento y violación a sus derechos humanos de migrantes provenientes de países como El Salvador, Honduras y Guatemala que fueron abandonados por personal del Instituto Nacional de Migración y vigilantes que los tenían bajo su custodia y que pudieron evitar la tragedia, sin que hayan al menos intentado abrir los candados de las rejas de seguridad de las celdas en que se encontraban detenidos.

Por los hechos anteriores, la Fiscalía General de la República determinó ejercer acción penal contra el Comisionado y la próxima semana un juez de control de Ciudad Juárez lo citó junto con otros tres funcionarios para investigarlo por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, por la muerte de los 40 migrantes y que no amerita prisión preventiva. De las cuatro órdenes de aprehensión, por este caso la Fiscalía General de la República detuvo ayer a tres funcionarios del INM y busca al delegado del Instituto en Chihuahua por los mismos hechos.

El hecho por sí mismo demuestra una total falta de cuidado y negligencia de las autoridades del INM a cargo del actual Comisionado, amigo del presidente López Obrador que lo ha defendido públicamente en su conferencia mañanera afirmando que: “es un funcionario que conozco desde hace muchos años y hace bien su trabajo”; es decir, sin tomar en consideración los graves señalamientos que pesan en  su contra, no sólo por estos hechos, sino también por las 54 recomendaciones que ha emitido en su contra la CNDH, el Presidente lanza el mensaje a la opinión pública, de que un acto como la muerte de los 40 migrantes, puede ser minimizado o simplemente ignorado, cuando se trata de un funcionario que goza de su confianza y amistad, por lo que, seguramente seguirá en el cargo y al final de las investigaciones quedará impune y libre de toda culpa, recayendo la responsabilidad en funcionarios de menor nivel, que terminarán en prisión como culpables de las muertes de los migrantes.

En cualquier otro país del mundo, lo primero que aplicaría es la renuncia inmediata de los funcionarios encargados del área y el llevar a cabo las investigaciones correspondientes para detener a quienes se encuentren como responsables , condenando los hechos y atendiendo a los familiares de las víctimas, hasta incluso cubrir las indemnizaciones que procedan por parte del estado mexicano; pero las cosas en México no funcionan así y sólo por la presión que han ejercido gobiernos como el de Guatemala y El Salvador, que han protestado y exigido que México asuma su responsabilidad, es por lo que la Fiscalía General de la República se ha visto obligada a actuar y esperamos como ciudadanos, que sus investigaciones sean objetivas y esclarezcan estos hechos, para conocimiento de la sociedad en general.

La renuncia de Francisco Garduño no puede esperar y de permanecer en el cargo a pesar de la muerte de los 40 migrantes y de las 54 recomendaciones de la CNDH emitidas en su contra a lo largo de los cuatro años que lleva en el cargo como Comisionado, serían una mala señal y mensaje para los mexicanos, de que pesa más el apoyo y amistad con el Presidente, que la protección a los derechos humanos de todo aquel que pise nuestro territorio ya sea como nacional o extranjero, cuyas vidas estarían en grave riesgo porque el Estado estaría permitiendo que se sigan cometiendo violaciones en sus derechos humanos, con funcionarios protegidos por el manto presidencial.

De acuerdo a publicaciones de medios nacionales como El Universal, Francisco Garduño en los casi cuatro años que se ha desempeñado como Comisionado del INM ha recibido 54 recomendaciones y una por violaciones graves de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por abusos de su personal contra detenidos como: lesiones, tortura, agresiones sexuales y extorsión.