La lista de órdenes de captura también incluye a Esperanza, Luz María, Gloria y Humberto, los cuatro con apellidos García Luna. 

A todos se les acusa de haber cometido los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. 

Cristina acompañó a Genaro García Luna durante su juicio en Estados Unidos. Fue vista en la Corte de Nueva York de principio de a fin de las audiencias. 

Esta semana, un juez federal expidió una nueva orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública Federal (SSPF) de México Genaro García Luna (2006-2012), quien desde 2019 se encuentra preso en Estados Unidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, la FGR indicó que también fueron girados mandamientos judiciales en contra de 60 personas, entre funcionarios y particulares, por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, que habrían cometido al defraudar recursos públicos destinados a las prisiones federales.

En un comunicado, la FGR indicó que obtuvo de un Juez de Control Federal, órdenes de aprehensión para 61 personas, encabezadas por Genaro “G”, Jonathan Alexis “N”, Mauricio Samuel “N” y 58 individuos más, todos vinculados a los delitos previamente señalados.

De acuerdo con la FGR, durante el paso de García Luna por la SSP (2006-2012), los involucrados “se coludieron con el entonces titular de la SSPF, Genaro “G”” y sus socios Jonathan Alexis “N” y Mauricio Samuel “N”, “para saquear los recursos públicos” del órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social (cárceles federales), dependientes de dicha Secretaría.

“Lo anterior, a fin de canalizar esos recursos ilícitos a empresas controladas por Genaro “G”, sus socios y cómplices, tanto del sector público como del privado, a través de 10 contratos ilícitos, por la suma de 5.112 millones de pesos (unos 285,6 millones de dólares), que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional”, apuntó la nota.

La FGR avisó que ya se ha solicitado la ficha roja para todos aquellos que se han fugado del país y se procederá a las solicitudes de asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes saqueados de la nación.

La dependencia explicó que este procedimiento penal “es independiente a la denuncia que el domingo hizo pública la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto a otro despojo multimillonario en contra de la policía federal, también vinculado con empresas de Genaro “G”, sus socios y cómplices.

Sobre este nuevo procedimiento, dijo la FGR, “ya se están recabando todas las pruebas necesarias para proceder a la vinculación penal correspondiente y a la recuperación de los bienes sustraídos”.

En febrero pasado, en Nueva York, un jurado declaró culpable por narcotráfico a García Luna.

García Luna trabajó en el cuerpo de inteligencia durante una década, encabezó la Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo objetivo principal era luchar contra organizaciones criminales, durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), y fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

Desde 2012 vivía en Florida, desde donde, según mostró la Fiscalía durante el juicio, viajaba habitualmente a México.

El exfuncionario, detenido en diciembre de 2019 en Dallas (Texas, Estados Unidos), ha estado en prisión hasta el arranque del juicio el pasado 17 de enero, cuando comenzó la selección del jurado.

En su Administración, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha buscado que políticos mexicanos detenidos en Estados Unidos por dinero ilícito devuelvan al Gobierno recursos públicos, como persigue con una demanda civil en Miami para recuperar más de 700 millones de dólares de la familia de García Luna.

Con información de expansion.mx

En plena campaña presidencial de 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ya investigó esta operación de compra-venta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, al no contar con “datos de prueba suficientes”, el panista fue exonerado dos días antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Más de tres años después, y ahora como parte de las indagatorias por el caso de corrupción de Odebrecht, la FGR le pidió a un juez poder acceder a la información de dicho crédito hipotecario, protegida por secreto bancario, a fin de investigar su posible relación con el soborno de 6 millones 800 mil pesos que presuntamente recibió Anaya Cortés para aprobar la reforma energética de Peña Nieto, según la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

En su escrito de solicitud, Sergio Martínez Escalante, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR, explicó al juez la necesidad de acceder a esta información bancaria de Ricardo Anaya porque se cuentan con datos de prueba, “que hacen presumir”, que ese dinero proveniente del supuesto soborno de 2014 fue ingresados al sistema financiero nacional.

“Se conocería si efectivamente en el periodo en que recibió los citados recursos, éstos fueron depositados en las cuentas bancarias a su nombre, lo cual permitiría identificar la existencia de recursos distintos de los cuales Ricardo Anaya Cortés, por derecho podía percibir en esa temporalidad”, expuso.

Esta petición de información bancaria de la FGR no sólo incluyó este crédito hipotecario sino de 12 cuentas bancarias más, de las que se solicitó contratos de apertura, tarjetas de registros de firmas, así como la totalidad de los estados de cuenta, cuentas de cheques, cuentas de inversión y cualquier otro tipo de cuenta identificada en el periodo que va del 1 de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2020.

Con información de milenio.com

La dependencia indicó que los presuntos delitos cometidos en México por el ex funcionario no tienen vinculación con el proceso penal que se le sigue en Estados Unidos.

La FGR precisó que el primer mandamiento de captura es el relativo a la participación de Genaro García en el caso de la introducción ilegal de armamento denominado “Rápido y Furioso”.

“En este asunto, las armas que las autoridades mexicanas, en su momento, permitieron entrar ilegalmente, han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia”, aseguró.

La segunda orden de aprehensión en México corresponde al caso CEFERESOS (penales federales privatizados), en el cual la participación de García Luna fue fundamental para generar un daño patrimonial inmenso y una serie de responsabilidades penales al respecto.

“Cabe señalar que, en este asunto, el gobierno de la República ha actuado para revertir los daños ya mencionados”, añadió.

También existen otras dos investigaciones en México que se encuentran en curso, y una solicitud de aprehensión más que haya en trámite. Todos esos procedimientos son de la competencia de las autoridades federales mexicanas, por ser delitos cometidos en nuestro país.

La fiscalía señaló que las gestiones ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y ante las autoridades americanas para obtener la extradición de García Luna se siguen llevando a cabo.

Con información de milenio.com