Lo anterior, a pesar de que en su comparecencia hace unos días, Sánchez Soya no pudo responder algunos señalamientos de los diputados y diputadas.

“Por el momento no tenemos esa intención (de destituirla)”, declaró.

Le exhortó a la ombudsperson a que cumpla simplemente con lo que tiene que hacer.

Dijo que se reunirá con la Comisión que preside Roberto Zataráin para evaluar dicha comparecencia.

Descartó que la CDH tenga comparecencias trimestrales, como lo hace Agua de Puebla, “eso no está planteado”.

Y es que el Congreso del estado finalmente designó a Rosa Isela Sánchez Soya, como la nueva titular en el organismo.

“Hay áreas dentro de la institución que son claves para poder levantarla, recuperarla, rescatarla ante la crisis de Derechos Humanos que estamos viviendo”, sentenció en entrevista.

Afirmó que se deben de echar mano de todas las expertises y sensibilidades posibles para poder seguir empujando los derechos humanos en el estado.

“La Comisión es un espacio para todas las personas, de todas las agendas y debe ser un espacio para todas las colectivas y organizaciones; no puede ser un espacio llevado a una sola lógica. Me voy muy empoderado y desbordado de todas estas muestras de afecto”, comentó.

Dijo sentirse extraño al no contar con ningún voto en la votación de los legisladores en el Poder Legislativo.

“Me parece como un dato extraño, todavía lo sigo procesando, sigo tratando de entender la lógica de lo que sucedió”, manifestó Marco Moreno.

Convocó a la ciudadanía a cuestionar a sus diputados respecto al sentido de su voto para elegir a la nueva presidenta de la CDH.

Es primo de Verónica Vélez, ex directora de Comunicación de Miguel Barbosa, y fue puesto por Rosario Orozco para solapar tantos abusos por parte del ex gobernador.

Se subió su sueldo de 67 mil a 127 mil.

Pidió que le incrementaran el presupuesto de 22 millones a 44 millones y sigue con las mismas 6 oficinas en el estado y atendiendo menos de la mitad de los casos que su antecesor.

Tiene observaciones por cientos de miles de pesos por impresiones que no cuentan con un solo entregable.

La Ley de la Comisión faculta a ésta para que cuente con 5 Visitadurías Generales y a la fecha solo cuenta con 4.

Ahí, señaló que, en mayo del 2022, se le acusó injustamente de haber intentado robar mercancía, misma que fue decomisada a vendedores informales. 

Sostuvo que la alcaldesa Ariadna Ayala Camarillo violó sus derechos humanos por el mal manejo de la seguridad del municipio y que la inculpó sin sustento alguno. 

Abundó que, en el marco de su detención, fue privada de su libertad por varios días, lo cual reprobó enérgicamente.

Detalló que ella trató de ayudar a unos comerciantes informales, cuya mercancía fue decomisada por inspectores del ayuntamiento y dijo que un elemento de la policía municipal la maltrató. 

Acerca de la CDH Puebla, acusó al organismo en cuestión de no dar seguimiento a su caso, a más de un año de que interpuso la queja correspondiente.

En ese sentido, una representante de la dirección de quejas de la CDH le aseguró que reactivarían su denuncia y que le darían acompañamiento.

La joven sentenció que no apoyara a la alcaldesa de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, en su búsqueda de reelección bajo el argumento de que es una expriísta, aliada de los caciques de la región. 

Mediante un comunicado, el organismo en cuestión abundó que también emitió medidas cautelares contra el Ayuntamiento de ese municipio y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

Lo anterior en virtud, explicó, por las agresiones denunciadas por habitantes de la región, que se oponen a la construcción de un fraccionamiento y de un colector pluvial.

La CDH Puebla dijo que las medidas cautelares son para salvaguardar la dignidad y la integridad física y sicológica de los pobladores de Santa Ana Xalmimilulco.

Cabe recordar que, tras la detención de ocho de sus vecinas y vecinos, durante 14 horas estuvo cerrada la circulación de un sentido en la autopista México-Puebla. 

Hasta donde se sabe, los opositores al nuevo complejo residencial acusan que habrá un saqueo de los mantos acuíferos de la zona, lo que dejará sin agua a las familias de Santa Ana Xalmimilulco.

Aunque al principio mostró renuencia por emitir una postura acerca del tema, el funcionario reviró y dijo que analizará el mismo.

“Yo ahí no puedo opinar porque es un pronunciamiento de él, yo no me puedo pronunciar sobre eso, no lo había escuchado, lo voy a revisar y veremos qué es lo que procede”, manifestó.

Cabe recordar que activistas y feministas condenaron el actuar de Higuera Bernal debido a que frivolizó una problemática que lacera a las mujeres.

Añadieron que hacer “bromas” sobre un feminicidio es sinónimo de una institución que no toma con seriedad la seguridad del sector femenino, ni tampoco el acceso a la justicia.

En otro orden de ideas, el presidente de la CDH Puebla habló sobre el caso de las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, que fueron violentadas por la policía municipal de Izúcar de Matamoros a principios de marzo pasado.

Explicó que continúa integrándose el expediente respectivo y dijo que ambas son candidatas al Protocolo de Estambul, un derecho internacional que obliga a los gobiernos a investigar casos de tortura.

Cerezo Vélez refirió que no hay una fecha estimada para emitir una postura completa sobre el caso y condenó que Puebla ocupe el segundo lugar nacional con más ataques a mujeres periodistas: “no es algo que se deba celebrar”.

Mediante sus redes sociales compartió un documento en el que señaló que se pondrá en contacto con los afectados para brindarles apoyo dentro de su competencia. 

Subrayó que podría haber una violación a sus derechos humanos debido a que una persona, la cual presuntamente labora en la plaza, les pidió retirarse con la excusa de “que daban mala imagen al lugar”.

Cabe agregar que la CDH Puebla remarcó su compromiso con la defensa de la comunidad diverso sexual.

No obstante, agrupaciones de la sociedad civil como Odesyr pidieron al organismo no solamente iniciar una queja de oficio, sino además proceder contra el Poder Legislativo por no ejecutar el reglamento de la ley estatal contra la discriminación.

Es oportuno recordar que el caso de los jóvenes que padecieron discriminación en Paseo San Francisco ya fue retomado por la Asociación Protectora de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos (APSS) en Puebla.

“Ahí ya nada más depende de la voluntad política de los legisladores, pues ellos son los responsables; por más que yo me ponga una pañoleta verde o morada, no me van hacer caso”, expresó.

En entrevista con medios, Cerezo Vélez recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya estableció que la penalización del aborto es una violación de los derechos humanos.

“Obviamente, si les digo que la Corte ya dijo que es violatorio de derechos humanos penalizarlo, pues como decía el anterior gobernador, ahí está la llave para que ya lo liberen”, declaró. 

El presidente de la CDH Puebla aseguró que él está de acuerdo en que las mujeres tienen su autodeterminación, pero reiteró que la última palabra respecto al tema corresponde a las y los integrantes del Congreso del Estado.

“Tengo entendido que en parte del Congreso hay gente que está de acuerdo y hay gente que no, pero obviamente es una situación que les compete a ellos. Espero que en lo que resta de su trienio, pudieran sacarlo”, apuntó.

En otro orden de ideas, Cerezo Vélez se pronunció sobre la propuesta hecha por algunas colectivas para que se implemente una nueva declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Puebla.

Precisó que Conavim es el organismo que decidirá ello y aseguró que la CDH ya emitió una recomendación a la Fiscalía debido a que no ha cumplido con el protocolo de violencia feminicida en el estado.

Adelantó que el organismo bajo su cargo dará a conocer en aproximadamente un mes si se cumplieron los lineamientos establecidos dentro de la primera declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

Sin embargo, un estudio dado a conocer por la Universidad Iberoamericana a principios de este año revelan que la entidad poblana ocupa los primeros lugares en ese tipo de actos, pues tan solo en 2021 registró 5 casos.

A ello se suma que, en el mismo año, Puebla se ubicó en el segundo lugar nacional respecto a intentos de linchamientos, con 36 incidentes, es decir, tres casos por mes.

Ahora bien, de acuerdo con lo comunicado por la agrupación Causa en Común, Puebla lideró el conteo de linchamientos en 2020 con 10 casos, mientras que ese año registró 41 intentos de ese tipo de eventos.

Es decir, entre 2020 y 2021, la entidad poblana tiene contabilizados 15 linchamientos y 77 intentos, pero la CDH Puebla solo ha emitido recomendaciones en 5 incidentes.

Todavía no hay datos disponibles en lo referente al 2022, por lo que no se puede determinar una proporción certera sobre la intervención de la CDH en ese tipo de actos.

De acuerdo con lo expresado por 

Cerezo Vélez, las 5 recomendaciones por linchamientos hechas durante su gestión tienen que ver con casos suscitados en Acatlán de Osorio; la junta auxiliar de San Marcos (aunque no precisó si se trata de la comunidad ubicada en Tehuacán o la población situada en Tlacotepec); San Nicolás Buenos Aires, en Tlachichuca; San Salvador Huixcolotla; y el municipio de Huauchinango.