domingo, noviembre 22, 2026

Urge rescatar la justicia: hay que empezar de nuevo

noviembre 22, 2026
3 min de lectura

En octubre, el World Justice Project publicó su Índice de Estado de Derecho 2026 y México quedó en el lugar 125 de 143 países. Hace un año estábamos en el 121. Dinamarca encabeza la lista y Venezuela la cierra. Detrás de esa posición hay un diagnóstico que no podemos seguir esquivando: en México, las reglas no se cumplen igual para todos, y quien debería hacerlas valer, la justicia, atraviesa su peor momento en años.

Vayamos a lo básico. El Estado de derecho no es un asunto de abogados. Significa que la ley manda sobre todos, incluidos los gobernantes, y que cualquier persona puede acudir con un juez imparcial cuando algo le sale mal. El índice mide eso con encuestas a hogares y opiniones de especialistas. México sacó 0.39 en una escala de cero a uno, por debajo del promedio mundial. En justicia penal ocupamos el lugar 139 de 143 y en justicia civil, el 135.

Los números del INEGI muestran lo que eso significa en la vida diaria. Su encuesta ENVIPE 2026 estima que en 2025 ocurrieron 33.8 millones de delitos. Solo el 9 % se denunció y, contando las denuncias que no derivaron en una investigación, el 93.4 % quedó sin atención formal. En seguridad estamos en el lugar 132; es cierto que los homicidios bajaron en 2025 (27,989 casos preliminares, con una tasa de 21.4 por cada 100 mil habitantes, contra 25.8 un año antes), pero siguen siendo casi 28 mil vidas en un solo año.

Frente a este cuadro, la reforma judicial de 2024 fue presentada como la solución. Conviene decirlo con justicia: el Poder Judicial tenía problemas reales, como lentitud, nepotismo, privilegios y sospechas de corrupción, y hasta algunos de sus críticos académicos lo reconocen. Desde el gobierno se sostuvo que elegir jueces por voto popular los acercaría a la gente y combatiría esos vicios. Pero el remedio elegido ha generado más dudas que certezas.

Primero, por su singularidad. Según la OEA, citada por Human Rights Watch, México es el único país del mundo donde todos los jueces se eligen por voto universal. Segundo, por su resultado: en la elección del 1 de junio de 2025, según el análisis del académico de la UNAM Imer Flores, participó apenas el 13 % del electorado, y hubo irregularidades que obligaron a anular más de 3.7 millones de votos. Y tercero, por su efecto: ya se discute si un juez que depende de campañas, partidos y popularidad podrá resolver con libertad cuando el caso incomode a quienes tienen el poder. A esto se suma que muchos jueces con años de carrera salieron, y su experiencia se perdió.

Los propios organismos de jueces han alertado sobre la situación del Estado de derecho, y el informe del WJP señala un debilitamiento de la capacidad del Poder Judicial para limitar al Ejecutivo. No digo que todo el retroceso se deba a una sola reforma. Digo que una justicia sin independencia no puede rescatar nada: ni la seguridad, ni la confianza, ni la inversión, ni los derechos de la gente común.

Por eso sostengo que es urgente dar marcha atrás a la reforma judicial. Urgente, porque cada año con tribunales bajo sospecha es un año en que las víctimas pierden la fe y los abusos quedan sin freno. Y no se trata de volver al pasado, sino de construir una reforma nueva, hecha con diagnóstico previo, con especialistas, con academia y con la participación de todas las fuerzas políticas. Los ajustes parciales que hoy se discuten, como posponer la elección a 2028, no resuelven el fondo.

¿Cómo debería ser esa nueva reforma? Con reglas claras: ingreso y ascenso por concursos de mérito y carrera judicial; evaluaciones técnicas hechas por órganos independientes; estabilidad en el cargo para que ningún juez dependa de una campaña ni de un partido; sanciones reales al nepotismo y a la corrupción, con transparencia total en los nombramientos; y presupuesto suficiente para juzgados que hoy trabajan sobrepasados. Es decir, depurar sin capturar y democratizar sin politizar.

Tampoco se trata de una disputa entre partidos. Una justicia independiente protege por igual a quien gobierna y a quien protesta, al empresario y al vecino, a la víctima que busca respuestas y al acusado que merece un juicio justo. Cuando los jueces dependen de un voto o de una consigna, todos quedamos más desprotegidos. Por eso la discusión debería salir de las trincheras y sentarse en una mesa con expertos, universidades, colegios de abogados y los propios jueces.

Hay una puerta entreabierta. En 2026 se presentó una iniciativa para modificar la reforma y diferir la próxima elección judicial, lo que indica que incluso desde el oficialismo se admite que el modelo necesita ajustes. Es una buena señal, siempre que no se conforme con parches y se atreva a revisar el fondo: cómo se elige, cómo se evalúa y cómo se protege la independencia de quien juzga.

Hay quienes opinan distinto, y es sano escucharlos: afirman que el voto popular amplía la democracia y que era la única manera de renovar una élite judicial cerrada. Es un debate legítimo. Pero los datos de hoy nos obligan a preguntarnos si ese camino nos está acercando a la justicia o alejando de ella. Un país en el que la ley responde de verdad a quien la necesita sí es posible. Rescatemos el Estado de derecho antes de que sea demasiado tarde.

Germán Molina Carrillo

Germán Molina Carrillo

Director fundador del ICI. Director General Corporativo del Grupo M&G.

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