El gobernador Alejandro Armenta calificó como «leonina» la concesión otorgada en pasadas administraciones panistas para la operación del relleno sanitario de Cholula, al señalar que dicho convenio se concretó sin cumplir con los mecanismos y parámetros establecidos por la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente federal.
Durante su posicionamiento, el mandatario estatal comparó este acuerdo con otras obras del pasado y reprobó la forma en que se avalaron proyectos sin apego a la legalidad ambiental.
En ese sentido comparó esta decisión con otros proyectos viales e infraestructura de gestiones panistas, como el Teleférico y el sistema de transporte RUTA, señalando que fueron obras deficientes o inconclusas impulsadas por el mismo gobierno panista.
«Es el mismo gobierno que autorizó esa concesión. Leonina, una concesión que no fue correcta bajo los mecanismos y parámetros que establecen las autoridades de Profepa y de Medio Ambiente Federal», apuntó.
Alejandro Armenta precisó que, conforme a lo informado por el Ayuntamiento de Cholula, el sitio opera únicamente bajo el esquema tradicional de relleno sanitario y no como una planta de tratamiento o transformación de residuos.
En ese sentido, contrastó dicho modelo con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual prioriza la transformación integral y el aprovechamiento de desechos orgánicos e inorgánicos.
Estas declaraciones se suman a las acciones anunciadas por la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica Estatal, las cuales mantienen en revisión este y otros convenios heredados para definir responsabilidades legales y administrativas en torno al manejo de residuos en la región.
Estas acciones se desarrollan en el contexto de las tensiones sociales y las protestas encabezadas por comunidades de la región quienes en días recientes encabezaron movilizaciones y cierres viales para exigir la clausura definitiva del sitio.
Ante este escenario, la Secretaría de Gobernación informó que se lograron acuerdos con los pueblos originarios cholultecas para proceder al desmantelamiento total del sitio en un plazo máximo de tres meses, luego de que diversos diagnósticos técnicos determinaran que el espacio ya no cuenta con las condiciones viables para continuar operando.
