El Gobierno del Estado enviará esta misma semana al Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) con el objetivo de atender el rezago habitacional y garantizar el acceso a un patrimonio digno sin recurrir a la banca privada,
La propuesta busca facultar legalmente al instituto para edificar unidades habitacionales y otorgar créditos directos a más de 70 mil trabajadores en la entidad, reactivando una bolsa financiera de aproximadamente mil millones de pesos que hasta hoy se mantenía inmovilizada debido a candados regulatorios.
El anuncio fue realizado por el coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, durante la rueda de prensa encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier desde el hangar del gobierno estatal.
El funcionario estatal subrayó que el nuevo marco regulatorio permitirá dinamizar el patrimonio de la burocracia estatal eliminando intermediaciones financieras gravosas.
«Con esta reforma, el gobernador Armenta va a permitir que ustedes, trabajadoras y trabajadores del estado, puedan adquirir una vivienda a crédito y, además, construirlas. El propio ISSSTEP va a poder generar la posibilidad de construcción directamente”, mencionó.
El plan habitacional forma parte de una estrategia integral para rescatar al ISSSTEP, institución que por años ha enfrentado severas presiones en su sistema de jubilaciones, sobrecarga operativa y miles de solicitudes diferidas.
En pronunciamientos recientes, el mandatario estatal advirtió que el instituto sufrió de saqueos en administraciones pasadas, lo que puso en riesgo la viabilidad presupuestal del retiro digno para el personal de salud, docente y burócrata.
Ante este escenario, la Dirección General del organismo trabaja en una reestructuración urgente respaldada técnicamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De manera paralela a la iniciativa habitacional, la Consejería Jurídica y la Secretaría de Finanzas analizan un dictamen de ley de mayor alcance con el fin de estabilizar el fondo de retiro y garantizar la sostenibilidad económica de las pensiones a largo plazo.
