Pensión BUAP de 103 mil es intocable; al profesor de 20 mil, pásenle la cuenta

Felicidades, profesor. Si usted entró a la BUAP antes de febrero de 2007, gana 20,000 pesos al mes y todavía no reúne requisitos, acaba de ser elegido para salvar el sistema de pensiones de su universidad. Su cuota subirá de 4% a 15% del salario de cotización de aquí a 2038. Cuando llegue al tope, aportará unos 3,000 pesos al mes.

No se preocupe por el resto de la comunidad: el convenio firmado el 5 de octubre se aseguró de que nadie más se moleste. Las pensiones ya otorgadas no se tocan, ni las de menos de 4,200 pesos ni la de 103,169 pesos mensuales. Los jubilados actuales no aportan nada nuevo. Las administraciones que dejaron crecer el hueco durante 28 años no aparecen en ninguna cláusula.

Como la fórmula funciona tan bien, aquí va el instructivo para quien quiera repetirla en otra universidad. Cuatro pasos, todos con cifras oficiales.

Paso 1: presuma un presupuesto récord

Anuncie cada febrero que la universidad tiene más dinero que nunca. En 2019 el Consejo Universitario aprobó 6,872 millones; en 2025, 10,370 millones. Un salto de 51%. Nadie pregunta por la inflación en una sesión de aplausos.

Si alguien hace la cuenta, el récord se evapora. En pesos de 2025, el subsidio ordinario federal y estatal fue de 8,609 millones en 2016 y es de 8,118 millones en 2026: unos 490 millones menos. El gasto total ejercido pasó de unos 13,400 millones reales en 2015 a 10,984 en 2025: 18% menos. Mientras tanto, la matrícula subió de 100,827 alumnos a más de 130,000.

Buena parte del «crecimiento» es contable: desde 2023 el presupuesto aprobado incluye los ingresos propios, que antes se gastaban fuera de esa cifra. Es decir, la BUAP no se hizo más rica; empezó a contar distinto. Pero en el boletín de prensa, 10,370 se ve mucho mejor que «menos que hace diez años».

El dato que conviene esconder: las pensiones cuestan en términos reales casi lo mismo que en 2019, unos 1,550 millones al año, entre 13.5% y 16.6% del presupuesto. La crisis no es el pago de hoy. Es todo lo que se dejó de hacer antes.

Paso 2: construya, que el concreto sí sale en la foto

Un jubilado no se inaugura, no lleva placa y no corta listón. Un edificio sí. Por eso, en 2024, la BUAP gastó en obra y equipo 1,613 millones de pesos, más de lo que pagó a todos sus jubilados (1,477 millones). Es el único año de la serie 2017-2025 en que el concreto le ganó a

la vejez. Ese mismo año, la Tesorería pedía más de 650 millones extra para el fondo de pensiones.

La curva tiene su gracia. En 2022 la calificadora S&P registró que la universidad había recortado infraestructura y aplazado inversiones. Dos años después, esa inversión se multiplicó por casi cinco. Con Lilia Cedillo, el gasto de capital promedió 9.6% del gasto total, contra 7.2% en los últimos cuatro años de Alfonso Esparza. Unos 4,200 millones contra 3,500, en pesos de 2025.

Y no es una ocurrencia de la actual administración: es tradición de la casa.

• Enrique Agüera construyó unos 21,400 m2 al año. Dejó el Estadio Universitario (380 millones, con el gobierno estatal) y un Ecocampus de 300 millones anunciados. La ASF recuperó en 2012 4.2 millones por obra pagada y no ejecutada en 10 contratos.
• Alfonso Esparza dobló el ritmo: unos 46,000 m2 al año, y una Torre de Rectoría de 1,317 millones. La ASF le observó 177.6 millones del ejercicio 2020; la Fiscalía lo investiga. No hay sentencia.
• Lilia Cedillo tiene CU2, con 1,200 millones (la mitad de la BUAP). También un estadio de atletismo por el que, según Proceso, se pagaron completos 160.9 millones con menos de 50% de avance y sin licencias; la universidad responde que era solo una primera etapa. La ASE señaló un posible daño de 52.8 millones en una preparatoria con fallas a dos años de construida, que todavía puede solventarse. De Enrique Doger, el primero de la serie, ni siquiera hay cifras de obra rastreables en prensa o gacetas digitalizadas. Lo que sí dejó fue la primera reforma (2003) y un fondo que nació con 74 millones. Cuatro rectores, cuatro estilos de placa. Todos encontraron dinero para construir. Ninguno lo encontró para cerrar el hueco de las pensiones. Paso 3: no mire la deuda; mueva la fecha Al cierre de 2021, la BUAP registraba un pasivo por pensiones de 24,744 millones de pesos. Su fondo tenía 3,581 millones: una cobertura de 14%. Hoy el fondo suma 6,571 millones, que alcanzarían para unos 4.2 años de pensiones si se cortara el flujo del presupuesto. Una deuda así, en cualquier casa, se llama quiebra. En la universidad se llama «área de oportunidad». La técnica consiste en recorrer la fecha del desastre. Los estudios actuariales anunciaron que el fondo se agotaba en 2023, luego en 2026, ahora en 2030. No es que el problema se resuelva: es que cada año se mete dinero extra para comprar tiempo, y el tiempo comprado se gasta en el siguiente informe. Ayuda también que la Federación se lavó las manos. El fondo federal para reformas de pensiones universitarias se eliminó en 2019 y se canceló en 2021. Desde entonces, cada universidad está sola con su bomba de tiempo. La BUAP decidió entregarla a quien no la armó. Paso 4: cóbrele al que no puede irse

Llega la hora de la verdad, y la verdad tiene destinatario. El convenio reparte la cuenta así:

• Jubilados y pensionados actuales: nada. Conservan su pensión, su aguinaldo y sus aumentos atados al salario de los activos. Su única aportación sigue siendo el 3% para seguridad social.
• Activos que entraron antes de 2007: su cuota sube de 4% a 15%, la pensión se calcula con un factor de 0.96 a 0.85 y el salario regulador se promedia a cinco años.
• Activos que entraron de 2007 a 2026: misma cuota y, además, edad mínima de 60 a 62 años con 35 de cotización.
• Nuevos ingresos: 65 años y 35 de cotización, salario regulador de 85% del promedio de diez años y aguinaldo de pensionado de 40 días. Traducido: un docente de 20,000 pesos pondrá 3,000 pesos al mes, y una pensión de 100,000 pesos otorgada a los 50 años no cambiará un solo peso. A eso, seguramente, alguien le llamará solidaridad. Lo más fino es la ironía legal. El mismo convenio define a la BUAP, en su primer antecedente, como «organismo público descentralizado del Estado». Es justo la categoría que alcanza la reforma al artículo 127 constitucional, vigente desde abril de 2026, que topa en unos 70,000 pesos las pensiones de personal de confianza, incluidas las ya otorgadas. Hay un camino legal, discutible por la autonomía pero real, para revisar las pensiones doradas de exfuncionarios. Nadie en la mesa lo quiso ver. Es cierto que las pensiones sindicalizadas ya otorgadas son derechos adquiridos, y que quien entró antes de 2007 no escribió las reglas. Pero entre «no se puede tocar a nadie» y «que pague solo el activo» hay un universo de opciones. El convenio eligió el extremo más cómodo para los de arriba. Preguntas que nadie va a contestar Como la transparencia universitaria es un género de ficción, dejo las preguntas aquí, a la intemperie:

1. Si en 2024 hubo 1,613 millones para obra y equipo, ¿por qué no hubo 650 para el fondo de pensiones?
2. ¿Cuántos jubilados cobran más de 70,000 pesos al mes, qué cargo tenían y a qué edad se retiraron?
3. ¿A quién corresponde la percepción de 103,169 pesos que aparece en el presupuesto, y por qué su titular no aporta un peso más a la reforma?
4. Si el convenio dice que la BUAP es organismo público descentralizado, ¿por qué no se aplica el tope del artículo 127 a las pensiones de exfuncionarios?

5. ¿Dónde está el estudio actuarial completo de 2026, con el escenario con y sin reforma, y por qué se vota antes de publicarlo?
6. ¿Qué pasó con los 160.9 millones pagados por un estadio a medio hacer? ¿Cuánto cuesta la «segunda etapa»?
7. ¿Quién responde por un pasivo de 24,744 millones que se gestó durante cuatro rectorados que sí tuvieron tiempo y dinero para inaugurar?
8. ¿Por qué el ajuste lo paga entero el profesor de aula, y no también quien diseñó las reglas que hoy se declaran insostenibles, las firmó y hoy cobra con ellas?

El 28 de octubre, levante la mano (o no)

El instructivo termina con una votación. El 28 de octubre, los agremiados de la ASPABUAP decidirán si aceptan pagar la cuenta de 28 años de placas, torres y estadios. Les dirán que no hay alternativa, que el fondo se acaba, que es esto o la quiebra.

Todo eso es verdad a medias. El fondo sí se acaba, pero no se acabó solo. Hubo dinero para el concreto, y lo habrá para la siguiente inauguración. Una reforma pareja cobraría a todos: topes a las pensiones doradas, aportación escalonada para las altas, aumentos por inflación y no por salario, y la auditoría de las jubilaciones otorgadas.

La universidad que forma abogados, contadores y actuarios no debería tener miedo de hacer una cuenta. Si nadie se atreve a preguntar en voz alta, el 28 de octubre no se votará una cuota: se votará quién paga los errores de otros. Y, como siempre, levantará la mano el que no puede irse.