La intervención y el proceso legal emprendido respecto a Guadalupe Bárcenas, exalcaldesa de Acatlán de Osorio, respondieron exclusivamente a labores de inteligencia y cruce de información entre corporaciones e instituciones locales de Puebla, pues hasta el momento ni el Gobierno de Oaxaca ni la Fiscalía General de esa entidad vecina han entregado elementos probatorios formales en su contra.
Así lo dio a conocer el coordinador de Gabinete del estado, José Luis García Parra, quien subrayó que las investigaciones sobre el caso permanecen bajo la competencia y jurisdicción de las autoridades del fuero común en la entidad poblana.
Las declaraciones responden a los señalamientos realizados previamente por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien vinculó públicamente a la exedil Lucero Bárcenas con grupos delictivos y esquemas de robo al transporte de carga en la región limítrofe entre ambos estados.
En ese sentido, García Parra puntualizó que cualquier imputación penal requiere integrarse de manera rigurosa dentro de la carpeta de investigación correspondiente, con pruebas formales y el debido respaldo legal.
Sin embargo, explicó que las acciones institucionales en Acatlán que incluyeron la intervención del Congreso del Estado dentro de sus facultades y la posterior designación de un consejo municipal, surgieron del monitoreo estratégico y las mesas semanales de inteligencia donde participan mandos federales, estatales y representantes de las fiscalías.
Asimismo, precisó que si bien Puebla mantiene una estrecha coordinación e intercambio operativo en materia de seguridad con entidades colindantes como Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y la Ciudad de México, dicho enlace técnico no equivale a la recepción o aportación directa de pruebas judiciales.
“Ni antes ni ahora, no sé si la Fiscalía me han compartido. No tenemos información de parte de ellos del caso de Acatlán. En Puebla se actúa en función de esta misma inteligencia con el cruce de información entre las instituciones. Y es que a partir de ello se iniciaron los procedimientos correspondientes”, mencionó.
En concordancia con las directrices del Ejecutivo estatal de mantener una política de «cero impunidad», el coordinador de gabinete enfatizó que la administración estatal mantiene una revisión, análisis y monitoreo constante sobre los 217 municipios que conforman la entidad.
El objetivo prioritario de estos operativos e intervenciones es blindar a las administraciones locales para evitar que grupos de la delincuencia organizada avancen o intenten apropiarse de las instituciones públicas en el territorio poblano.
