Como resultado de los procedimientos de investigación, substanciación y seguimiento de responsabilidades administrativas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso alrededor de 40 sanciones por faltas administrativas, tanto graves como no graves a personas involucradas en conductas contrarias a la normatividad.
Las resoluciones emitidas derivan de procedimientos desarrollados con apego a la legalidad, la evidencia documental, el derecho de audiencia y el debido proceso. De acuerdo con la gravedad de las conductas acreditadas, las sanciones impuestas van desde amonestaciones públicas hasta la destitución inmediata del cargo, conforme a lo establecido por la legislación aplicable.
Estos resultados son producto de las acciones permanentes de atención ciudadana, investigación y seguimiento que impulsa el Gobierno del Estado para fortalecer la integridad en el servicio público y combatir actos contrarios a la ley.
Durante el periodo 2025-2026 fueron atendidos 2 mil 405 señalamientos ciudadanos relacionados con posibles hechos u omisiones atribuibles a personas servidoras públicas. Del total, 557 correspondieron a quejas canalizadas a las autoridades competentes; 279 fueron concluidas y 263 permanecen en seguimiento.
Asimismo, se atendieron 49 denuncias, de las cuales 22 concluyeron su trámite y 27 fueron remitidas a las instancias investigadoras para el procedimiento correspondiente.
En materia de investigación administrativa, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 fueron radicados 244 expedientes de presunta responsabilidad administrativa. Adicionalmente, durante 2026 se recibieron 38 informes de presunta responsabilidad administrativa, de los cuales 15 corresponden a posibles faltas graves y 23 a faltas no graves.
Como parte de la estrategia para acercar los mecanismos de denuncia a la población, también se atendieron 151 solicitudes de información, se brindaron 589 orientaciones ciudadanas y la línea telefónica PROintegridad (800 466 3786) registró 789 llamadas. De igual forma, se instalaron 533 buzones digitales de quejas y denuncias en oficinas gubernamentales de la capital y del interior del estado.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y la cultura de la denuncia, al tiempo que garantiza que toda investigación y resolución se sustente en pruebas, legalidad y responsabilidad institucional.