El Gobierno Estatal calificó el proyecto del Museo Internacional del Barroco (MIB) como un «fraude» y un «saqueo brutal» que hipotecó las finanzas de Puebla, tras dar a conocer los pormenores de una investigación que también destapó el extravío de piezas patrimoniales y anomalías financieras heredadas del sexenio morenovallista.
Durante la presentación del desglose financiero, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, detalló que el recinto emblema de la administración pasada bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) tuvo un costo real de construcción de mil 737.2 millones de pesos.
Sin embargo, explicó que las condiciones contractuales y los intereses fijados a 23 años elevaron la factura total hasta los 14 mil millones de pesos, lo que representa un incremento exorbitante del 705.9 por ciento, más de siete veces el monto original.
García Parra señaló este esquema de contratación, junto con los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), como deuda pública disfrazada, pues precisó que desde la inauguración del inmueble en 2016 y hasta la fecha, el Estado erogó un acumulado de 3 mil 884 mdp y aún quedaba por saldar un remanente de 10 mil 200 mdp.
De acuerdo con las proyecciones financieras hasta 2039, los pagos anuales que pasaron de 464 mdp en 2024 a una proyección de 906 mdp al cierre del contrato representaban una carga insostenible.
Para ilustrar la magnitud de los 14 mil mdp comprometidos, José Luis García ejemplificó que con dichos recursos se habrían podido construir 347 hospitales, 4 mil 600 metros de pavimentación o 14 aeropuertos.
A la par del descalabro financiero, la investigación del Organismo Público Descentralizado (OPD) de museos en curso desde finales de 2024 reveló que el MIB falló en su propósito de preservar el arte barroco, operando mediante el «saqueo» y despojo de piezas de los museos tradicionales del Centro Histórico para rellenar sus salas.
En este contexto, denunció públicamente el extravío de acervos prestados por instituciones educativas, por lo que confirmó que ya existen sanciones aplicadas a servidores, exservidores y exservidoras públicas, reiterando que se fincarán responsabilidades conforme a derecho.
José Luis García recalcó que una vez concluidas las indagatorias en curso, se darán a conocer todos los detalles, subrayando que la prioridad absoluta de la actual administración es el rescate de este acervo histórico y la estricta rendición de cuentas.
