El analista geopolítico Alfredo Jalife ha señalado en diversas ocasiones que la autoridad cuenta votos quiere ser el cuarto poder, pero que obvio no lo es porque desde su denominación y atribuciones legales como “instituto” se denota claramente que no puede serlo.
En la actualidad, más que árbitro electoral, los consejeros salientes han trastocado como nunca la imagen del Instituto Nacional Electoral (INE), a tal grado, que los mismos ciudadanos se han dividido a favor y en contra de sus altos salarios y privilegios que han sido considerados como excesos en cuanto al uso de los recursos que reciben anualmente del presupuesto que tienen asignado, aunque quizás en su descargo, habría que señalar que esa ha sido la tónica en todos los organismos electorales (OPLES) a nivel nacional, desde su creación; es decir la costumbre ha sido que por el sólo hecho de dedicar en forma exclusiva su trabajo profesional en tareas electorales, deben tener una remuneración decorosa por todo el tiempo que duren en el desempeño de su cargo.
Faltando poco tiempo para el relevo de cuatro consejeros del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello, Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón, en esta ocasión el partido político en el poder, Morena, tiene la sartén por el mango, pues la selección de los nuevos consejeros, quienes deberán asumir sus cargos el 4 de abril de 2023 para un periodo de nueve años, hasta 2032, será a través de procedimiento que seguramente terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la insaculación, pero con la salvedad que los contendientes seleccionados mediante una tómbola serán seleccionados por los morenistas.
En efecto, el procedimiento tiene cuatro etapas e incluye un mecanismo mixto que contempla tanto la opinión de integrantes de la sociedad civil, como la de los diputados, en la fase de evaluación y selección de perfiles. Pero sólo los diputados elegirán, mediante sus votos. Y sólo ante la posibilidad de diferencias irreconciliables entre las bancadas que impidan los votos necesarios para los nombramientos, como sucede en la especie, se prevé el escenario de hasta dos insaculaciones o “tómbolas”, una en la Cámara de Diputados o, en caso extremo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues el INE no puede quedar incompleto.
Entonces, la lista de los seleccionados para ir al sorteo recaerá en el partido mayoritario y sus aliados en la Cámara de Diputados, lo que les garantiza que seguramente saldrán perfiles afines a los intereses de Morena, sobre todo porque se quiere evitar el reparto de consejeros entre todas las fuerzas políticas, como ha ocurrido en otros momentos.
En ese tenor, más valía llevar la fiesta en paz, pero ante la llegada inminente del 2024 donde se llevarán a cabo las elecciones más importantes de los últimos años, y ante una actividad desbordada de los aspirantes a los cargos, desde la Presidencia de la República hasta los Gobernadores, Diputados y Senadores, se prevé que si bien es cierto MORENA lleva ventaja por ser el partido en el poder y por tener controlada la mayoría de los Estados donde gobierna, así como los padrones de los programas para adultos mayores, ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ y de personas con discapacidad, es difícil no logren el triunfo; sin embargo la alianza opositora viene trabajando a marchas forzadas y de no venirse abajo, podría dar la sorpresa en varios estados y municipios del país, por lo que se ve difícil que el próximo Presidente logre la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, que seguramente quedará muy dividido.
Ahora, ¿el poder ciudadano qué espera, sobre todo por quien vaya a ocupar la Presidencia del INE? Obvio que no se deje fuera de la palestra la opinión de los ciudadanos, sobre todo que se cuide el proceso electoral para que no queden los resultados en entredicho como fueron las elecciones de Calderón o Peña Nieto, que las elecciones dejen de ser tan onerosas como hasta ahora y el mismo Instituto cuide del presupuesto y no lo despilfarre en gastos superfluos, pero sobre todo, que de verdad sea árbitro electoral y no quiera ser protagonista, ya que su papel se encuentra plenamente definido en la legislación electoral. Sólo así los ciudadanos podemos confiar en su buen desempeño y de que los resultados de las elecciones tengan legalidad, certeza y sobre todo se respete la voluntad ciudadana expresada en las urnas.