La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el proceso administrativo que enfrenta la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza continúa su curso sin una fecha definitiva para su conclusión.
De acuerdo con el titular de la dependencia, Manuel Viveros Narciso, la institución tiene como plazo hasta el 16 de octubre para presentar sus alegatos oficiales luego de que el pasado 2 de octubre concluyó la etapa de recepción de pruebas.
En ese sentido, el funcionario estatal precisó que el cierre del plazo de alegatos el 16 de octubre, marcará el siguiente paso para que la SEP defina el veredicto definitivo sobre el plantel.
«El responsable de la Academia Ignacio Zaragoza tiene 10 días para presentar sus alegatos. El área jurídica está a la espera de ello para dar el seguimiento correspondiente», señaló.
A pesar de que las operaciones del nivel primaria se encuentran suspendidas desde el mes de agosto, indicó que la medida se mantiene firme debido a que las instalaciones de dicho nivel se ubican en la parte alta del inmueble, lo que representa un riesgo estructural para los alumnos y motivó la exigencia de reubicar las aulas en la planta baja.
En cuanto a la comunidad escolar afectada, Manuel Viveros señaló que solo un padre de familia ha solicitado el cambio de plantel, mientras que el resto de los tutores no se han acercado directamente a la secretaría.
No obstante, indicó que la Subsecretaría de Educación Obligatoria y la Dirección de Escuelas Particulares aseguraron que se mantienen atentos para brindar apoyo ante cualquier eventualidad.
El conflicto de la institución militarizada no se limita al ámbito administrativo estatal toda vez que el caso también ha escalado a instancias federales dónde la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas indagatorias para determinar si la escuela incurrió en delitos federales por el presunto uso indebido de uniformes y réplicas de armas, derivado de denuncias previas.
Mientras el plazo legal para la defensa de la escuela vence a mediados de octubre, el futuro de los niveles de secundaria y bachillerato y la posible reapertura de la primaria dependerán de las resoluciones tanto de la autoridad educativa local como de la procuración de justicia federal.
