Siguen las anomalías en la Fiscalía de Idamis Pastor Betancourt.
El 10 de noviembre del año pasado, un ciudadano entregó un escrito en el Congreso del Estado para saber si la Fiscal General de Puebla había notificado al Legislativo los nombramientos de 11 fiscalías especializadas, entre las que destacan la de Delitos de Alta Incidencia, Secuestro y Extorsion, y Violencia de Género.
Con el sello de la opacidad, la improvisación y la mediocridad de Julio Leopoldo de Lara Varela, la solicitud fue ignorada. No contestaron su petición ni emitieron acuerdo alguno, por lo que presuntamente se violaron los artículos 6° y 8° constitucionales, sobre el derecho de acceso a la información y derecho de petición.
El individuo presentó un juicio de amparo indirecto en contra del Secretario General del Congreso por violar sus derechos.
El pasado 30 de abril, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo en Puebla resolvió amparar al quejoso.
La justicia le dio la razón e hizo que el Congreso quedara, ooooootra vez, en ridículo.
El juez determinó que la autoridad violó el derecho de petición por no dar respuesta por escrito, en breve término y de forma congruente.
Ahora, Julio Leopoldo debe emitir un acuerdo respondiendo la solicitud de información.
Pero lo más grave podría venir después, si se confirma que la Fiscalía General del Estado nunca notificó oficialmente estos nombramientos al Congreso, por lo que las designaciones de los fiscales especializados podrían carecer de legalidad.
Y si los nombramientos son ilegales, también quedan bajo cuestionamiento todos los actos, investigaciones y procedimientos realizados por esos fiscales.
El escándalo podría ser el final de Idamis Pastor, porque existirían responsabilidades administrativas, políticas e, incluso, jurídicas para quienes permitieron estas irregularidades.
Nadie por encima de la ley, dice el clásico.
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