Durante sesión extraordinaria, la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Puebla avaló el dictamen del denominado “Plan B” de la reforma electoral.
La aprobación estatal busca armonizar la legislación local con los nuevos lineamientos federales que rigen la estructura de los Ayuntamientos, el gasto de los Congresos locales y el régimen de remuneraciones de las autoridades electorales a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La reforma impacta directamente en la organización municipal al establecer que los Ayuntamientos se integrarán por una presidencia, una sindicatura y un tope de 15 regidurías, garantizando en todo momento la paridad de género y la igualdad sustantiva.
Asimismo, se impone un ejercicio de disciplina financiera para el Poder Legislativo, fijando que el presupuesto anual del Congreso no podrá rebasar el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos de la entidad, promoviendo un uso más eficiente de los recursos públicos.
En cuanto a la austeridad institucional, el decreto prohíbe que el personal de alto mando en organismos electorales perciba salarios superiores a los establecidos en el artículo 127 constitucional.
De igual forma, se eliminan las prestaciones financiadas con recursos públicos que no estén estrictamente previstas por la ley, tales como seguros de gastos médicos mayores, de vida o regímenes especiales de retiro, con el fin de homologar las condiciones laborales bajo principios de equidad y ahorro.
Durante el debate parlamentario, las posturas se dividieron entre la visión de austeridad y la de equilibrio institucional.
Las diputadas María Soledad Amieva, Elvia Graciela Palomares, Araceli Celestino y Azucena Rosas calificaron la reforma como un paso necesario para dirigir el gasto hacia las necesidades ciudadanas.
«La gente quiere gobiernos que cuesten menos y resuelvan más», destacó, la diputada de Morena, Grace Palomares quien dijo que las reformas harán más eficiente a las instituciones y la forma de gobernar.
Y agregó: «Menos privilegio y más recursos para resolver necesidades. Y en Puebla eso importa y mucho. Importa porque nuestro Estado necesita instituciones cercanas a la gente, gobiernos municipales funcionales, congresos responsables en el manejo de presupuesto y autoridades que entiendan que el poder no es para servirse, es para servir».
Por el otro, las legisladoras Susana Riestra y Delfina Pozos advirtieron que estas modificaciones podrían debilitar los contrapesos y comprometer la operatividad del sistema democrático en el país.
«La verdadera finalidad de esto es debilitar a la oposición, quitar regidores de la oposición y realmente seguir debilitando y concentrando el poder en Morena y sus aliados. Porque la democracia nunca va a ser cara. Lo que verdaderamente cuesta es perder la democracia», concluyó Delfina Pozos.