El anuncio de la semana pasada por parte del oficialismo de la cancelación de permisos por parte del SAT a más de cien organizaciones de la sociedad civil, para recibir donativos, bajo el argumento de que no habían incurrido en irregularidades y no habían cumplido con las reglas que les fueron impuestas desde 2019 en el gobierno de AMLO, han desatado toda una polémica, ya que dicha decisión contó con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el oficialismo.
Desde la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República en 2018, se fijó como uno de los objetivos de su naciente administración, la revisión de todos los organismos y entidades del sector privado que recibían donativos y apoyos de particulares e incluso de gobiernos extranjeros, bajo el argumento de que existía corrupción y de que bajo dicha figura de donatarias, organizaciones de la sociedad civil se aprovecharon para entrometerse en los asuntos públicos, investigando actos del gobierno y denunciando conductas con las que se ponía en el banquillo de los acusados a miembros de los gobiernos municipales, estatales y federales.
Conforme fue avanzando el gobierno de AMLO y se dieron a conocer los escándalos en que incurrieron integrantes de Morena y partidos aliados, así como los casos de corrupción como la estafa de SEGALMEX, fue creciendo el malestar y la incomodidad que para el gobierno federal ocasionaban en la imagen del presidente dichos organismos, con el apoyo de otros más a nivel internacional, por ello era necesario buscar la forma de frenarlos o asfixiarlos para evitar continuaran con sus investigaciones y denuncias, que en muchos de los casos, no fueron atendidas por autoridades como la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República o el gobierno federal.
Aunque en el discurso del expresidente López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, se ha sostenido que sus decisiones siempre se toman por la voluntad del pueblo, la realidad es que la gran mayoría de ellas, se toman por el presidente en turno, sin importar que exista oposición en materias como los grandes proyectos como lo fueron el Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, el Tren Interoceánico, el Tren Maya por citar algunos ejemplos de obras en los que si bien es cierto se ha dicho que son en beneficio del pueblo.
Un gran sector de los ciudadanos del país, hasta ahora no han visto reflejado en su bolsillo o vida cotidiana lo que se les prometió; por el contrario, ha habido afectaciones a sus entornos, daños ecológicos, invasión a sus áreas naturales y pérdidas económicas y de vidas que han sido minimizadas o ignoradas por los gobiernos.
Para la 4T la participación ciudadana y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil organizada, sólo es útil y merece ser apoyado, en los procesos electorales o cuando se necesita demostrar fuerza de su movimiento con sectores como los campesinos, maestros, obreros, colonos y líderes que pueden acarrear ciudadanos y garantizarles votos en las elecciones.
Fuera de lo anterior, para ellos no es conveniente que las organizaciones y grupos de la sociedad civil, se organicen o tengan apoyo para sus actividades, ya que les representan un riesgo para el control y adoctrinamiento que ejercen en amplios grupos de la sociedad a los que les entregan las pensiones del Bienestar que clientelarmente les han permitido ganar elecciones en los tres niveles de gobierno y contar con la mayoría en las cámaras de diputados y senadores, congresos locales, gubernaturas y a partir de 2025 al Poder Judicial con la elección de los ministros, magistrados y jueces a nivel federal y en los estados que llevaron a cabo elecciones.
Para el Estado mexicano, el hecho de debilitar y exterminar a las organizaciones de la sociedad civil, es una forma de quitarse de encima a entes que le incomodan y son un obstáculo para lograr que las decisiones de gobierno no sean cuestionadas o se denuncien los abusos y corrupción que exista en las obras, licitaciones y proyectos gubernamentales.
Llama la atención, que el oficialismo mediante el SAT, haya endurecido las reglas para dichas organizaciones en algunos casos y en otros haya abierto la puerta y otorgado todas las facilidades como con la organización Humanidad con América Latina impulsada por intelectuales afines al oficialismo y respaldada por el expresidente AMLO, que en menos de seis días de constituida obtuvo la autorización del SAT para ser donataria, abrir una cuenta bancaria que también es todo un trámite en cualquier banco del país y así poder captar donativos para apoyar a la dictadura cubana.
El objetivo de la estrategia del SAT para cancelar los permisos de las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil para dejar de ser donatarias es asfixiarlas y amedrentarlas, con el argumento de la “falta de cumplimiento en la acreditación de labores científicas o fiscales” para que dejen de llevar a cabo sus investigaciones y denuncias, así como de vigilar la actuación de quienes ostentan el poder, labores que han llevado a cabo por años organizaciones como: Mexicanos Primero, México Evalúa, el IMCO, entre otros.
Organizaciones como Amnistía Internacional, señalaron que “limitar el financiamiento a organizaciones que defienden los derechos humanos; apoyo a víctimas y vigilan al gobierno favorece la corrupción y los abusos”.
La postura de AI, fue calificar la acción como parte de una tendencia de leyes “anti-ONGS” que usan cargas administrativas para asfixiar a la sociedad civil.
Ojalá que la UIF y el SAT pusieran el mismo interés y vigilancia a las actividades de los cárteles y grupos de la delincuencia organizada que en actos de corrupción y delitos como la extorsión, secuestro, el huachicol fiscal y el narcotráfico, muchos han acumulado grandes fortunas de las que nunca se informa de su aseguramiento o de que las empresas ligadas a ellos y sus actividades son sancionadas y los responsables llevados a juicios; por algo será.