El autor Robert Green en su obra Las 48 leyes del Poder en la Ley número 31 señala lo siguiente: “Controle las opciones: haga que otros jueguen con las cartas que usted reparte”.
En lo que sería la interpretación de la ley, en el criterio afirma: “El mejor engaño es aquel que aparenta ofrecer opciones: sus víctimas sienten que controlan la situación, pero en realidad no son sino títeres en sus hábiles manos. Presente opciones que siempre le sean favorables, independientemente de cuál de ellas elijan los demás. Oblíguelos a optar entre el menor de dos males y logre que cualquiera de las dos elecciones resulte a favor de usted. Haga que cualquier alternativa por la que se decidan sus rivales los perjudique a ellos y los beneficie a usted”.
La citada ley la traigo a colación, por la intentona de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su partido de lograr la aprobación de su proyecto de reforma electoral constitucional, que finalmente fue rechazada por la Cámara de Diputados, a pesar de los esfuerzos y trabajo del coordinador de la bancada Ricardo Monreal, desde hace varias semanas, con los partidos aliados de Morena, PT y PVEM cuyos líderes habían anunciado desde que se conoció el texto del proyecto, que no acompañarían su aprobación y que sus bancadas no darían su voto en la sesión plenaria, lo que finalmente ocurrió el pasado miércoles.
Es la primera votación en la que un proyecto de reforma enviado por la presidenta, no fue aprobada por los partidos que la llevaron al cargo en 2024, por lo que de inmediato se desataron en los medios y redes sociales toda una serie de opiniones y comentarios a favor y en contra de los partidos PT y PVEM lo que implicaría el rompimiento de la alianza del oficialismo, ya que los partidos de la oposición PRI, PAN y MC desde días previos ya habían anunciado que no darían su voto a la iniciativa de la presidenta.
En las reuniones que se llevaron a cabo con los partidos de la alianza por el oficialismo, se les plantearon varias propuestas a fin de convencerlos de la necesidad de que se cambiara la forma de elección de los diputados plurinominales, la reducción del número de senadores, la disminución del presupuesto público a los partidos políticos, prohibir el nepotismo en las candidaturas, la reducción del presupuesto y de los altos sueldos de los consejeros del INE y sobre todo el hecho de terminar con los privilegios y el gasto excesivo en las elecciones en el país.
La narrativa, de que la reforma había sido una demanda del pueblo y un compromiso de Morena, no sirvió para que ambos partidos le dieran su apoyo a la iniciativa, por el contrario, en el fondo sabían que de aprobarse la misma, los primeros que iban a sufrir las consecuencias serían ellos, ya que finalmente Morena lograría en el siguiente proceso en 2027 quitarles diputaciones a sus bancadas y en cuanto al presupuesto el partido que contaría con mayores recursos sería el oficial, haciéndolos a un lado para que en la siguiente legislatura Morena dejara de depender de ellos para aprobar sus iniciativas, al contar con la mayoría calificada y con una sobrerrepresentación plena.
Ninguno de los argumentos de la presidenta y de Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena convencieron a PT y PVEM para aprobar la iniciativa de reforma, por lo que después de la votación fueron acusados como traidores al movimiento y corruptos por defender sus posiciones y presupuesto, afirmando en tribuna Ricardo Monreal de que los partidos que habían rechazado la iniciativa serían juzgados por la historia.
De nada sirvieron incluso las amenazas en contra de algunos legisladores y líderes, de sacar de los archivos sus expedientes o alguna carpeta de investigación por parte de las fiscalías estatales o federal para que dieran su voto en la sesión, al final se concretó el rechazo por una mayoría integrada por PRI, PAN, MC. PT y PVEM, ya que Morena no cuenta con la mayoría calificada para la aprobación de reformas constitucionales, que requieren las dos terceras partes de los votos de los 500 diputados que integran la cámara.
El jueves 12 de marzo la Presidenta anunció el envío de un paquete de iniciativas de reformas electorales a la Cámara de Diputados, que denominó como el Plan B, aunque hay algunos aspectos que ya no serán incluidos por estar contemplados en la Constitución.
La propuesta insistirá en aras de la austeridad republicana, la reducción del presupuesto a los partidos, del INE, de las candidaturas, a lo que se agregaría la reducción del presupuesto de los Congresos estatales, de los salarios de diputados y del número de regidores en los ayuntamientos.
El proyecto será presentado el próximo 17 de marzo, esperando el oficialismo ahora sí contar con los votos y apoyo de sus partidos aliados PT y PVEM, sin embargo, en esta discusión seguramente se incorporarán los diputados locales y los mismos gobernadores y presidentes municipales, que también se verán afectados en lo que se apruebe en la cámara de diputados, ya que iría en contra de la soberanía de los estados y del pacto federal.
De aprobarse las iniciativas de la presidenta en la cámara de diputados y después en el Senado con la mayoría de los legisladores de Morena y de que PT y PVEM no las respalden, se prevé un rompimiento de la alianza, porque una vez más el oficialismo, aunque convoca y declara que está abierto a escuchar las opiniones de los ciudadanos, organizaciones, académicos y partidos de oposición, una vez más impondrá sus iniciativas, para beneficiarse en los próximos procesos electorales y rompiendo los acuerdos políticos con sus aliados, de quienes busca librarse para convertirse en un partido hegemónico.
Hay quienes opinan que la decisión de los partidos aliados de no apoyar la iniciativa de la presidenta, se dio para defender la democracia en el país; pero también hay otros elementos que apuntarían a un intento de desmarcarse del partido oficial, en el caso de que el gobierno de Donald Trump ejecute acciones para detener a políticos y funcionarios de Morena acusados de estar vinculados a los cárteles del narcotráfico o de haber recibido recursos para sus campañas, lo que los marcaría como partidos coludidos con grupos criminales en gobiernos a nivel estatal y municipal.
El discurso de los líderes nacionales del PT y del PVEM de que seguirán apoyando a la Presidenta y a su movimiento, deberá reflejarse en su voto en ambas cámaras al Plan B, si ello ocurre, ambos partidos habrán jugado y perdido con las cartas que les puso en la mesa el oficialismo y deberán pagar los costos de su insubordinación.