El pasado 25 de febrero en su conferencia del “pueblo” la presidenta Claudia Sheinbaum dio un adelanto de los puntos más relevantes de su propuesta de reforma electoral que se vino cocinando desde el 4 de agosto de 2025 mediante el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El decreto crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral integrada por personajes ligados a su gobierno y plenamente identificados con el morenismo, siendo designado como su presidente Pablo Gómez, extitular de la UIF; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el coordinador de Asesores de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas; el exministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, actual Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia; el jefe de la oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel y el director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.
Cabe señalar, que esta reforma de acuerdo al discurso de la presidenta forma parte del paquete de reformas constitucionales del segundo piso de la 4T y fue parte de los compromisos que hizo en campaña atendiendo a las demandas del “pueblo” sin que pueda precisarse en que mitin o acto público recibió la petición de parte de los ciudadanos o de sus aliados el PT y el PVEM para llevar a cabo dicha reforma, mediante la cual, se busca a toda costa afianzar a Morena como un auténtico partido de Estado, al estilo de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, regresando al país a los gobiernos del priismo que durante más de setenta años padecimos los mexicanos.
Es de llamar la atención, que a pesar de que el oficialismo actualmente controla el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo con una mayoría calificada en ambas cámaras y desde el 2 de junio de 2025 al Poder Judicial, con la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial de la Federación mediante la elección de ministros, magistrados y jueces impulsados por Morena y sus partidos aliados; así como los organismos electorales como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; se empeñe ahora en llevar a cabo una reforma en nombre del pueblo para afianzarse en el poder y evitar que exista la posibilidad de que en las elecciones de 2027, pueda perder la mayoría en el poder legislativo federal y las 17 gubernaturas que estarán en disputa.
A pesar de que de acuerdo a una encuesta de Alius Polls publicada el 15 de febrero, si hoy fueran las elecciones para gobernador, Morena arrasaría en 14 de las 17 gubernaturas, con una amplia ventaja en estados como: Baja California, Sinaloa, Michoacán y Guerrero, donde por cierto existe una fuerte presencia de los cárteles y el control de territorios, el oficialismo no quiere correr ningún riesgo y por ello la presidenta ha tomado la decisión de impulsar la reforma electoral, para evitar alguna sorpresa o que los resultados se salgan de control.
Aunque el discurso de la presidenta se ha centrado en negar por todos los medios que la reforma atente contra la democracia en el país y que se pretenda afianzar aún más a su partido, aún no cuenta con el respaldo de los aliados de Morena el PT y el PVEM que han amagado con no apoyarla, porque no están dispuestos a perder las canonjías y privilegios que les ha dado el oficialismo por apoyar sus iniciativas de reformas constitucionales.
La presidenta dio un plazo de cuatro días, para que sus partidos aliados se pronuncien a favor de apoyar la reforma electoral que vence el dos de marzo, fecha en la cual seguramente la presidenta enviará la iniciativa a la Cámara de Senadores para dar inicio a su discusión y posterior aprobación.
Serán cuatro días de negociaciones entre los tres partidos, en los que el PT pedirá la gubernatura de Zacatecas apoyando al hermano del diputado Ricardo Monreal, Saúl Monreal que no podrá ser candidato por Morena, con lo cual el PT, de ganar las elecciones, tendría la primera gubernatura en su historia.
Por el lado del PVEM la gubernatura de San Luis Potosí con la candidatura de la esposa del actual gobernador a quien le heredaría el cargo por seis años más, lo que significaría que para dichos partidos el tema del combate al nepotismo impulsado por la presidenta e impuesto a Morena, no les sería aplicable ya que lo que ellos buscan es por lo menos conservar o aumentar el número de diputados federales con los que actualmente cuentan y las prerrogativas que reciben del INE que les han permitido vivir del dinero público.
Entre los puntos más relevantes de la reforma electoral dados a conocer por la presidenta destacan:
a) La composición del Congreso.
b) La reducción del presupuesto y labores del INE.
c) Se elimina el PREP.
d) Disminución de los tiempos de campaña en radio y televisión.
e) La forma de fiscalizar las campañas.
f) Se busca regular el uso de la inteligencia artificial y redes sociales.
De aprobarse la reforma constitucional, se modificarían las leyes secundarias como son: la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, entre otras.
Uno de los argumentos del oficialismo para impulsar la reforma electoral es el alto costo de las elecciones en el país, consideradas como las más caras del mundo y el ahorro que significaría para el erario, disminuir los recursos que se entregan vía las prerrogativas a los partidos políticos; sin embargo en temas tan delicados como el dinero que los cárteles y grupos de la delincuencia organizada aportan para apoyar a los candidatos a los puestos como presidentes municipales, legisladores locales, federales y gobernadores, la propuesta es omisa, ya que no establece mecanismos efectivos de control y sanciones severas para candidatos y partidos que incurran en estas prácticas.
Por lo que de aprobarse en la forma en que se ha anunciado la reforma, no se dará solución a un problema como el que hoy vive nuestro sistema político de elecciones, con la intromisión de los cárteles en las elecciones apoyando candidatos y financiando campañas políticas; con un INE debilitado por la falta de personal y recursos para llevar a cabo una fiscalización y denuncia ante las fiscalías para evitar que sigan gobernando presidentes municipales sometidos a la autoridad de los cárteles como sucede actualmente y con una población victima de la inseguridad y violencia, sin derecho a vivir en paz y tranquilidad.