En México la violencia ya no solo se siente en las calles: también se ha infiltrado en los fraccionamientos que se venden como sinónimo de seguridad, exclusividad y confianza.
El caso de La Vista Country Club, en Puebla, lo deja claro: el peligro no vino de afuera, sino desde dentro, desde quienes administran y explotan la información personal de los residentes.
En La Vista Country Club, sin embargo, se convirtió en la puerta de entrada a una operación ilegal que culminó en nuestra detención arbitraria el 10 de octubre de 2025.
El sistema que debía cuidar a los residentes terminó sirviendo como herramienta de vigilancia indebida, fuga de datos y colaboración indirecta con un operativo estatal que terminó en extorsión, tortura psicológica y desaparición forzada temporal.
🚨#EXCLUSIVA
— CAPITAL (@CapitalPueblaMx) December 1, 2025
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Desde su salida del Fraccionamiento La Vista, tres vehículos y más de 10 agentes de Fiscalía… pic.twitter.com/X1ye0FFxj1
Lo ocurrido no fue un “error humano” ni un descuido aislado. Según los hechos
conocidos, se trató de una acción articulada desde la administración del fraccionamiento, con la participación de elementos de seguridad privada, personal con nexos en la Fiscalía General del Estado y el uso directo de la plataforma Parkimovil, encargada del control de accesos.
El sistema de seguridad de La Vista opera a través de Parkimovil, que exige y almacena datos sensibles de residentes y visitantes: nombre completo, teléfonos, domicilio dentro del fraccionamiento, datos de vehículos (marca, modelo, placas), fotografías, historial de visitas e incluso identificación de terceros que ingresan al lugar. Es información que, en manos equivocadas, puede convertirse en extorsión, secuestro, robo de identidad o vigilancia dirigida.
Esa información, proporcionada bajo la promesa de protección, terminó —según se ha documentado— siendo compartida, transferida y divulgada a agentes hoy vinculados a actos ilícitos dentro de la Fiscalía de Puebla. No fueron “dos o tres empleados irresponsables”, sino una cadena de coordinación donde confluyeron administración, seguridad privada, terceros externos y el sistema Parkimovil para monitorear e identificar personas, vehículos y movimientos dentro del fraccionamiento.
Un portón que se cerró “a la medida” del operativo.
El día de los hechos, al intentar salir por el acceso de Las Torres, ocurrió lo siguiente:
- Un coche delante de nosotros pasó sin problema.
- En cuanto nos tocaba salir, el portón se cerró abruptamente.
- El vigilante se acercó y ordenó:
- “Suba su vidrio. Espere tantito.”
- A través del pequeño espacio del vidrio escuchamos por radio:
- “Ya los puedes dejar salir.”
- Ese retraso de segundos permitió que las camionetas de la Fiscalía se colocaran fuera del arco de salida.
- Nada en ese cierre fue accidental.
- Fue coordinación.
- Fue fuga de información.
- Fue vulneración de datos personales en tiempo real.
Lo que pasó después confirma el vínculo
Segundos después del portazo controlado, la Fiscalía nos emboscó con:
- tres camionetas,
- hombres encapuchados,
- armas largas,
- sin orden ni justificación.
La Fiscalía no tenía forma natural de saber:
- en qué casa estábamos,
- cuánto tiempo tardaríamos en salir,
- ni por qué acceso saldríamos.
La única explicación lógica es que alguien dentro del sistema —humano o tecnológico— facilitó esa información.
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) es clara:
- Los datos solo pueden usarse para los fines autorizados.
- Deben resguardarse con estrictas medidas de seguridad.
- Su divulgación sin consentimiento constituye violación a la ley, con posibles consecuencias civiles, administrativas y penales.
En este contexto, La Vista Country Club y Parkimovil son corresponsables. Ambos fungen como custodios de los datos y ambos están obligados a protegerlos. El argumento de que Parkimovil “solo es un proveedor tecnológico” no la exime: si
almacena, procesa o transmite datos personales, tiene la obligación legal de garantizar su seguridad.
El reportaje publicado por Capital Puebla el 2 de noviembre de 2025, titulado “Así espían y exhiben a los ricos de La Vista”, reveló cómo personal del fraccionamiento compartía fotografías, nombres y datos de residentes y visitantes con agentes ministeriales hoy destituidos, sin consentimiento y sin justificación legal. Según dicho
trabajo periodístico:
- Había comunicación constante entre seguridad del fraccionamiento y agentes
ministeriales. - Se difundían imágenes y datos tomados del sistema de control de acceso.
- La violación a la privacidad era sistemática, no excepcional.
Todo esto ocurrió antes, durante y después de detenciones arbitrarias que se han denunciado públicamente.
Aunque hoy se presuma que “ya corrieron” a algunos funcionarios de la Fiscalía y que en La Vista se realizan ajustes administrativos, el daño ya está hecho: la información
fue filtrada, está fuera de control y no puede recuperarse. Cientos de familias quedan expuestas a riesgos reales:
- Extorsión telefónica dirigida.
- Robos y asaltos selectivos con conocimiento previo de domicilios y rutinas.
- Robo de identidad.
- Secuestro o secuestro exprés.
- Venta de bases de datos a grupos criminales.
La vulneración ya ocurrió. Ahora corresponde a las autoridades responder, no con boletines, sino con acciones.
Las responsabilidades son claras:
De La Vista Country Club:
- Falló en supervisar a su personal.
- No controló el acceso a la información sensible.
- No informó oportunamente a los residentes sobre la filtración.
- No activó protocolos de seguridad adecuados ni medidas preventivas reales.
De Parkimovil:
- No garantizó la protección adecuada de los datos almacenados.
- No detectó ni bloqueó accesos irregulares.
- No ha sido transparente con los usuarios sobre quién, cuándo y cómo accede a
su información. - Incumplió sus obligaciones de seguridad administrativas, técnicas y físicas previstas en la LFPDPPP.
Lo sucedido en La Vista Country Club exhibe un problema de fondo: la seguridad digital de los fraccionamientos en México está muy por detrás de la realidad delictiva. Hoy no solo estamos vulnerables cuando salimos de casa; también lo estamos dentro, a partir de los datos que entregamos “para estar más seguros”.
Por ello es indispensable exigir:
- Una investigación inmediata y exhaustiva sobre la filtración de datos.
- Sanciones ejemplares a los responsables administrativos y tecnológicos,
conforme a la LFPDPPP. - Una auditoría completa a Parkimovil y a los sistemas de control de acceso que opera.
- Medidas preventivas urgentes para proteger a los residentes cuyos datos ya se filtraron.
- Notificaciones oficiales de incidente de seguridad, como obliga la propia ley.
La privacidad no es un lujo ni un capricho de “fraccionamientos premium”: es un derecho humano. Los desarrollos residenciales venden seguridad, control y tranquilidad, pero cuando ese aparato se convierte en herramienta para espiar, mapear y vulnerar a sus propios habitantes, estamos frente a una falla estructural que no se corrige despidiendo a unos cuantos ni maquillando comunicados.
Lo ocurrido en La Vista Country Club no debe normalizarse ni quedar en el olvido.
Porque cuando la información personal cae en manos equivocadas, el riesgo no se mide en escándalos mediáticos, sino en años de miedo e incertidumbre para quienes alguna vez creyeron que vivían en un lugar seguro.