El pasado 24 de junio el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU presentó una solicitud de información al gobierno mexicano con base en el artículo 34 de la Convención para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
El oficialismo, como ocurre en muchos de los temas que pueden afectar su imagen y popularidad ante los ciudadanos, no le dio la mayor importancia y fueron contados los medios que hicieron alguna mención sobre el contenido de la solicitud.
Dicha solicitud destaca en su contenido la enorme preocupación del comité respecto a la grave situación en que se encuentra nuestro país, por el aumento en los últimos años de los casos de desapariciones forzadas, que en algunos estados del país, se han vuelto generalizadas y sistematizadas con la complicidad de autoridades de los niveles de gobierno municipal, estatal y federal.
Cabe destacar que, de acuerdo al preámbulo de la Convención, esta tiene por objeto prevenir las desapariciones forzadas y luchar contra su impunidad. También garantizar el derecho de toda persona a no ser sometida a desaparición forzada; el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación; su derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida; y su derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información con este fin.
Conforme al artículo 34 de la Convención:
“El comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada y sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, podrá, después de pedir al Estado parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea general de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.
La gravedad de la situación no es menor y debiera ser un tema en el que el gobierno federal y los poderes del estado en los tres niveles con el apoyo de la sociedad deberían trabajar para realmente reducir las desapariciones y no únicamente negar la realidad con fines políticos, culpando a los gobiernos anteriores, a los partidos de oposición o a la derecha conservadora de la situación, que de persistir podría dañar no sólo la imagen de México a nivel internacional.
Sobre todo, a escasos siete meses de que México siendo uno de los tres países sedes de la Copa del Mundo 2026, reciba el partido inaugural de este evento mundial.
El papel del Comité contra la Desaparición Forzada es completamente neutral y es muy difícil que el oficialismo pueda acusarlo de estar coludido con sus adversarios políticos o de que tenga como objetivo desestabilizar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Si bien es cierto, ha existido cooperación entre el Comité contra la Desaparición Forzada y las autoridades de México,desde 2007 en que se ratificó la Convención y en 2014 se rindió un informe inicial al comité, posteriormente en los años 2015, hubo observaciones, seguimiento en 2016, informes en 2018, diálogo en 2019, información complementaria en 2022 y 2023 en junio de este año se solicitaron acciones urgentes por el aumento en el número de desapariciones.
Desde 2019, el Comité dado que existían índices de que las desapariciones forzadas se practican en forma generalizada o sistemática solicitó la primera activación del procedimiento, en 2021 hubo cuatro solicitudes y finalmente en marzo y abril de este año señaló que existen indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de forma sistemática en México.
En marzo de este año, se presentó una carta de apoyo a la activación del procedimiento a nombre de 20,495 personas y colectivos. Por lo que en vigésimo octava sesión el comité tomó la decisión de solicitar al gobierno mexicano toda la información pertinente sobre la situación, dando de plazo antes del 18 de septiembre de este año para ser examinado por el comité en su vigésimo noveno período de sesiones.
A la fecha el oficialismo no ha dado a conocer el contenido del informe, pero conforme a datos que ha recibido el comité y observaciones previas que ha hecho al Estado mexicano, destacan que se le urgió implementar una política pública de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, considerando la responsabilidad de los servidores públicos, erradicar las causas estructurales de la impunidad, que abandone el enfoque de militarización de la seguridad pública, garantizar a todas las víctimas el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, que implemente debidamente el marco normativo jurisprudencia e institucional en todo el país y que visibilice, informe y sensibilice sobre las desapariciones en México.
El comité señala que el número de desapariciones en México sigue aumentando, pasando de 95,121 en marzo de 2022 a 129,341 en junio de 2025.
Estados como Coahuila, Jalisco, Nayarit y Veracruz presentan desapariciones en forma sistemática y con patrones específicos que involucran directamente a funcionarios estatales, o que se desarrollarían con su autorización, apoyo o aquiescencia.
Aunque el discurso oficial es negar o diluir la responsabilidad del Estado, bajo el argumento de que las desapariciones son perpetradas por particulares, vinculados a la delincuencia organizada y a los cárteles del narcotráfico, el comité señala que ha recibido muchas alegaciones que insisten en la responsabilidad directa o indirecta del Estado.
El comité ha planteado que de aplicar el artículo 34 de la Convención, al considerar que hay indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas han sido cometidas como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque, aplicando la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional y otros tribunales internacionales o híbridos, que describen detalladamente las condiciones que deben cumplirse para calificar la existencia de crímenes de lesa humanidad.
En ese punto estamos y cuando se presentan en la conferencia mañanera de la presidenta los datos sobre el combate a la inseguridad en México y que han bajado el número de homicidios en el país, se omite en forma deliberada las cifras del número de desaparecidos en el país, como si estos no existieran.