“En Puebla nos estamos enfrentando con el cártel de las concesiones heredadas por gobiernos de derecha”, afirmó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, al revelar que desde el año 2013, diversas obligaciones financieras disfrazadas de deuda han comprometido gravemente los recursos del estado.
Durante la conferencia mañanera, el funcionario subrayó que la actual administración trabaja para establecer orden y poner fin a los modelos de inversión institucionalizados establecidos desde el año 2013 y que fueron heredados.
“Torcieron la ley para legalizar el saqueo con modelos de inversión y comprometieron el recurso de las y los poblanos”, afirmó.
Uno de los casos más emblemáticos, detalló García Parra, es la concesión del sistema RUTA, cuyo contrato aún tiene una vigencia de 29 años.
Advirtió que rescindir anticipadamente dicho acuerdo costaría al estado más de 22 mil millones de pesos, monto que permitiría renovar por completo el transporte público.
Asimismo, señaló que el sistema de agua potable permanece en manos privadas. Dijo que el Congreso del Estado fue despojado de su facultad para revisar y establecer las tarifas, y que recuperar este servicio tendría un costo superior a los 7 mil millones de pesos.
Añadió que a la fecha se han pagado más de 4 mil millones de pesos desde que se impuso este sistema de saqueo; por lo que, reafirmó que el gobierno que preside Alejandro Armenta actuará para poner orden y detener esos negocios que afectan las finanzas estatales.